Nauru: un callejón sin salida para los migrantes

“Al salir para ir de compras, dos hombres me obligaron a entrar en un coche. Allí me violaron”, afirmó Yasmine*.

Desde que la violaron, en marzo de este año, Yasmine no ha salido de la pequeña habitación que ocupa en un complejo para refugiados. Siente terror ante la idea de cruzarse con sus dos agresores, que amenazaron con matarla si le contaba a alguien lo que había ocurrido. Como se encuentra  atrapada en Nauru, no puede escapar de sus violadores.

Nauru es una pequeña nación insular de la región central del Océano Pacífico, situada a unos 3.000 kilómetros de las costas de Australia. En julio de 2013, el gobierno australiano anunció que no abriría sus fronteras a los inmigrantes que llegaran por mar. En lugar de recibirlos en el país, los migrantes serían trasladados a la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). También se estableció un acuerdo similar con Nauru, cuyo centro de procesamiento de refugiados no deja a los migrantes casi ninguna posibilidad de reasentamiento en Australia.

Según el cuerpo guardafronteras de Australia, 991 adultos y 174 niños migrantes, muchos de ellos refugiados, viven actualmente en Nauru. La mayoría de ellos ha pasado tres años en el limbo jurídico de la isla: a los que obtuvieron el reconocimiento de su condición de refugiados se les prometió que serían reubicados en un tercer país, ya que el gobierno de Australia reiteró que “nunca serían admitidos” en el país al que deseaban llegar.

Pero entre los refugiados reina la incertidumbre sobre qué va pasar ahora. La mayoría de los migrantes viven en la comunidad, en campamentos dispersos por la isla, pero algunos siguen en el Centro de Procesamiento Regional, un campamento abierto donde los solicitantes de asilo pueden entrar y salir libremente y pasear por la isla.

Un equipo de la Oficina del ACNUDH para el Pacífico, destacado en Suva (Fiyi), realizó varias misiones a Nauru para evaluar la situación de derechos humanos de los migrantes y en una de esas visitas entrevistó a 50 de ellos, incluso a refugiados como Yasmine.

Todos los entrevistados compartían circunstancias comunes: se habían visto obligados a abandonar sus hogares porque les perseguían o porque afrontaban otras dificultades. Habían iniciado el viaje con la esperanza de llegar a Australia, pero fueron trasladados a Nauru. Alrededor del 80 por ciento de ellos habían obtenido el reconocimiento de su condición de refugiados, pero aún permanecían en una isla en la que se sentían inseguros y que no les ofrecía la vida, la protección y las oportunidades que buscaban.

El 12 de agosto, dos días antes de la llegada del equipo del ACNUDH, mil informes de incidentes ocurridos en Nauru llegaron a la mesa editorial de un periódico australiano. En los documentos se formulaban graves denuncias contra empleados del Centro de Procesamiento Regional por  actos violentos, agresiones sexuales y tratos degradantes que presuntamente se habían producido entre 2013 y 2015.  El equipo trató de averiguar de qué modo se habían investigado esas denuncias y si alguna había desembocado en encausamientos y condenas.

La libertad de movimiento fuera del campo de refugiados ha acarreado algunos contratiempos: los migrantes han denunciado numerosos incidentes de agresión, intimidación y robo en sus hogares, en la calle e incluso en las escuelas. Asimismo se han denunciado diversos casos de violación. Los migrantes han dejado ya de comunicar casos como estos a la policía, porque a los autores de los hechos no se les exigen responsabilidades penales y por miedo a sufrir represalias. 

“Muchos migrantes se sienten inseguros en Nauru y algunos se niegan a salir de su habitación y permanecen dentro todo el día”, afirmó la Sra. Chitra Massey, Representante Regional de la Oficina del ACNUDH para el Pacífico. “No encontramos muchas pruebas de que las denuncias de los refugiados fueran objeto de una investigación adecuada por parte de la policía de Nauru. Ninguna de ellas ha llegado a la fase de enjuiciamiento. Esto plantea graves dudas acerca de la impunidad”.

La incertidumbre acerca del futuro ha afectado gravemente la salud mental de numerosos niños y adultos migrantes, incluso de los refugiados: la desesperación y la ansiedad han provocado un número alarmante de lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio.  

En mayo de 2016, una madre de un niño de seis años se encerró en las habitaciones que ocupaba con su familia y se prendió fuego. Con anterioridad, había intentado suicidarse en varias ocasiones y había estado ingresada durante cuatro meses en la clínica del Centro de Procesamiento Regional. La señora, que había sido profesora de arte en Irán, se encuentra ahora en un estado mental lamentable y permanece en cama todo el tiempo, sometida a vigilancia por los guardas de seguridad las 24 horas del día, para evitar que se suicide. Su hijo tiene miedo de ella y se niega a visitarla.

La Sra. Massey señaló que los padres también están preocupados por la seguridad de sus hijos. Un número considerable de niños ya no asisten a la escuela, porque han sido víctimas de acoso, intimidación e incluso agresiones sexuales.  

“Además, la calidad de la enseñanza es muy baja. La falta de acceso a la escuela vulnera el derecho a la educación y ejerce una repercusión muy importante sobre la salud mental de esos niños”, afirmó. “La situación de esos migrantes, comprendidos los refugiados, exige soluciones urgentes y duraderas”.

*es un nombre ficticio

30 de septiembre de 2016