El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, presenta su informe anual al Consejo de Derechos Humanos
10 marzo 2016
Al presentar su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que estaba alarmado por el creciente número de amenazas que se ciernen sobre la democracia en el mundo.
Las detenciones, el acoso y la persecución de los agentes de la sociedad civil que ocurrieron en 2015 contradicen la ratificación de los tratados y acuerdos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que deben de representar el compromiso de los Estados de proteger los derechos humanos. Sin libertades reales sobre el terreno, esas ratificaciones corren el riesgo de convertirse en una “fachada de derechos humanos”, dijo Zeid, e insistió en que “las obligaciones en materia de derechos humanos no deberían ser un simple ejercicio de ‘marcar las casillas [de un formulario]’ con el fin de mejorar la imagen internacional de un país”.
La situación de los inmigrantes y refugiados que llegan a las costas de Europa ha sido “dramática”, afirmó Zeid, y advirtió a la Unión Europea de que el acuerdo preliminar con Turquía, anunciado a principios de la semana en curso, podría desembocar en “expulsiones colectivas y arbitrarias” y en restricciones al cruce de fronteras de personas de determinadas nacionalidades, en contradicción con el derecho europeo e internacional.
Más de 400 personas fallecieron el año pasado mientras se dirigían a Europa huyendo de los conflictos y las penurias, mientras que muchas más siguen muriendo en Oriente Medio, señaló Zeid, y puso como ejemplo las situaciones de Siria, Yemen e Irak.
En África Septentrional, los informes recientes del ACNUDH ofrecen detalles sobre las restricciones y violaciones de derechos humanos que se cometen con total impunidad en Libia y Sudán del Sur.
Más al sur, Burkina Faso y la República Centroafricana han sido ejemplos de democracia en el continente, al celebrar elecciones pacíficas y limpias; mientras que en Burundi y la República Democrática del Congo persiste una frágil estabilidad, en peligro de colapsar bajo el peso de las restricciones de derechos humanos impuestas a sus ciudadanos.
La crisis causada por el virus del zika en América Latina no es solo una situación de emergencia sanitaria, sino también un reto, tanto para los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres de la región como en lo tocante al cuidado de los niños nacidos con discapacidades vinculadas al zika, señaló Zeid.
“El nexo que al parecer existe entre el zika y la incidencia de la microcefalia en los recién nacidos ha hecho que diversos gobiernos recomienden a las mujeres de las zonas afectadas que eviten el embarazo”, afirmó. “Pero en numerosos países hay altos índices de violencia sexual y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es sumamente limitado, en particular para los pobres”.
En el año en que se inauguró el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, unos 300 afroamericanos murieron a manos de la policía y de las 2.000 personas muertas por la policía en Brasil, un número más que proporcional de jóvenes era de ascendencia africana.
Al otro lado del mundo, en Nepal, se había logrado escaso progreso en abordar las causas profundas de un conflicto que finalmente terminó tras una década de lucha. ”La arraigada discriminación étnica y de casta, el acceso desigual a los recursos económicos, la pobreza extrema y la impunidad generalizada: a menos que estos problemas candentes de la actualidad, y las violaciones precedentes, sean abordados de manera adecuada, me temo que ese país seguirá en peligro de padecer nuevos desórdenes e incluso un nuevo conflicto”, advirtió Zeid. Y añadió que esta experiencia constituye una lección importante “para Sri Lanka, que ha emprendido su propio camino hacia la rendición de cuentas, la reconciliación y la paz duradera”.
Además, los gobiernos de China y Malasia siguen acallando las opiniones críticas. “En Malasia, el ámbito democrático sigue siendo limitado y el gobierno usa las acusaciones de ‘sedición’ y otros cargos contra un círculo cada vez más amplio de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y voces críticas”, afirmó Zeid, señalando que también había expresado su preocupación por los arrestos de abogados y otros activistas ocurridos en China.
Zeid mostró su consternación ante las continuas acusaciones de explotación y abuso sexual de menores por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Centroafricana.
“Únicamente los Estados Miembros pueden poner fin a la impunidad ante los delitos, incluidos los de abuso sexual, que hayan cometido sus ciudadanos durante el periodo en que han trabajado para las Naciones Unidas. Únicamente los Estados Miembros pueden realizar investigaciones y llevar a los responsables ante los tribunales”, insistió Zeid.
Por último, Zeid mencionó la situación económica del ACNUDH, organismo que quisiera reestructurar para acercarlo más a la realidad sobre el terreno, mediante la creación de nuevas oficinas regionales. La Oficina de Derechos Humanos depende en alto grado de fondos extrapresupuestarios que donan los Estados. A fin de responder positivamente a las solicitudes de asistencia que recibe, la Oficina necesitaría 217 millones de dólares estadounidenses. Pero las previsiones actuales sitúan los aportes en unos 130 millones.
“La brecha que separa a esas dos cifras representa a personas que no podemos ayudar. A oficinas sobre el terreno que no podemos abrir. A hechos que no podemos dilucidar y a víctimas a las que no podemos ayudar o representar”, afirmó.
10 de marzo de 2016