Declaración del Alto Comisionado sobre el informe relativo al Territorio Palestino Ocupado

Sr. Presidente, 

Excelencias,

Distinguidos delegados y delegadas,

La situación en el Territorio Palestino Ocupado es una tragedia.

Tragedia, sobre todo, para el pueblo palestino. Más de medio siglo de ocupación ha causado una expropiación creciente, una privación cada vez más profunda y violaciones recurrentes y graves de sus derechos, como el derecho a la vida. No hay nadie que pueda querer vivir de esta manera, ni imaginar que el sometimiento de personas a condiciones tan desesperantes pueda llevar a una solución duradera.

El pueblo israelí también sufre esta situación: inseguridad, dolor, pérdida y miedo. Tienen derecho a vivir en paz en su Estado, al igual que los palestinos, en un Estado que finalmente sea reconocido y viable.

Pero la intensificación actual de la violencia por todas las partes hace que esa perspectiva se vea muy lejana.

En 2022 se registró el mayor número de palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes en los últimos 17 años, y el mayor número de israelíes asesinados desde 2016. Este número de víctimas mortales ha ido empeorado, y de forma más radical, en las primeras semanas de 2023 y en el mes que acaba de concluir.

El domingo por la noche, dos hermanos israelíes de 19 y 21 años fueron asesinados por un palestino en la ciudad cisjordana de Huwwara.

Horas después, cientos de colonos israelíes se amotinaron en la zona. Un palestino fue asesinado a tiros y otros dos resultaron heridos de bala. Una tercera persona recibió puñaladas y una cuarta, una brutal paliza. Se incendiaron o dañaron viviendas, establecimientos y docenas de vehículos palestinos. Según la Media Luna Roja Palestina, 390 personas resultaron heridas durante la ofensiva, y tres ambulancias fueron atacadas.

El ataque fue condenado enérgicamente por el presidente de Israel, quien lo calificó de "violencia criminal contra inocentes", que "nos perjudica como sociedad moral y país de derecho".

Sin embargo, el ministro de Economía solicitó públicamente que la ciudad de Huwwara fuera "aniquilada", una declaración incomprensible de incitación a la violencia y la hostilidad. 

Sr. Presidente, 

El aumento de la violencia está condenando a personas inocentes de todos los bandos a una mayor tragedia en una lógica terrible y autosostenible —o más bien, ilógica— de confrontación.

Mi informe A/HRC/52/75 concluye que, durante el periodo que abarca el informe, las fuerzas de seguridad israelíes han empleado con frecuencia la fuerza letal, con independencia del nivel de amenaza y, en ocasiones, incluso como medida inicial en lugar de como último recurso. Mi Oficina también ha documentado varios casos de ejecuciones aparentemente extrajudiciales y selectivas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes.

El informe señala que 131 palestinos murieron a manos de personal de las fuerzas de seguridad israelíes el año pasado en un contexto de aplicación de la ley, es decir, fuera de cualquier contexto de hostilidades. Esto incluye a 65 personas que, a nuestro entender, no iban armadas, ni participaban en ningún ataque o enfrentamiento.  Desde 2017, menos del 15% de estos asesinatos se han investigado, y menos del 1% se ha llevado a juicio.

Trece israelíes fueron asesinados a manos de palestinos durante el periodo cubierto por este informe. Nueve israelíes —entre ellos, tres niños— y un extranjero han muerto en dos ataques desde entonces.

Israel impone cada vez más castigos colectivos, prohibidos por el derecho internacional, a los palestinos y palestinas. El bloqueo de Gaza, que restringe el acceso de 2 millones de personas a ese territorio, lleva 16 años en vigor.

En la actualidad hay 967 palestinos y palestinas retenidos en lo que se conoce como detención administrativa, situación en la que se detiene arbitrariamente a personas a menudo durante mucho tiempo sin cargos ni juicio. Es la cifra más alta de los últimos 15 años.

Los asesinatos ilegales, el uso de la fuerza, junto con la tortura y el maltrato por parte de las fuerzas de seguridad palestinas también se producen en un clima de total impunidad. Lo mismo ocurre con las autoridades de facto de Gaza.

Más de 270 asentamientos israelíes invaden y fragmentan Palestina. El muro de separación separa a miles de palestinos y palestinas entre sí y de sus tierras.  Constituye un gran obstáculo a su libertad de circulación —incluso impide el acceso a la atención sanitaria, las escuelas y el empleo— e impone un corsé sofocante que constriñe sus vidas.

En repetidas ocasiones se ha empleado la fuerza letal contra trabajadores y trabajadoras palestinos que intentaban cruzar el muro para entrar en Israel. Durante el periodo del informe, las fuerzas de seguridad israelíes dispararon y mataron a dos hombres e hirieron a otros 35 en estas circunstancias.

Sr. Presidente, 

Décadas de pérdidas y violencia. Violencia contra la ocupación; violencia para mantenerla e imponerla. Condeno la violencia que ha matado y dañado a tantas personas en ambos bandos, y que genera una desesperación abrumadora. Creo que en ambos bandos crece el sentimiento de un futuro cada vez más restringido, en el que ni siguiera se pueden albergar esperanzas de paz y seguridad para los hijos e hijas de ninguna persona.

La ocupación está minando la salud de ambas sociedades a todos los niveles —desde la infancia hasta la vejez— y en todos los aspectos de la vida.

Para que esta violencia acabe, la ocupación debe terminar. En todos los bandos hay personas que lo saben.

Tengo la gran convicción de que la causa de los derechos humanos, que nos une y nos trae de vuelta a lo humano, puede ser el impulso para cambiar el rumbo hacia la paz y la seguridad para todos y todas.

Insto a los dirigentes y a las personas de todos los bandos a que pongan en práctica las recomendaciones de nuestros informes y se alejen del precipicio al que les han arrastrado el extremismo y la violencia crecientes.

Me gustaría exponer algunas de las recomendaciones recurrentes del sistema de derechos humanos que marcarían una diferencia inmediata.

Adoptar medidas para garantizar que las fuerzas de seguridad israelíes actúen en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional de derechos humanos para las operaciones policiales.

Tratar todos los casos de violencia por igual. La ley no es ley si sólo se aplica a una de las partes. Es necesario exigir responsabilidades por todos los actos de violencia ilegítima como primera medida esencial hacia una mayor calma: – la violencia colectiva letal en Huwwara el domingo, y los dos asesinatos que la precedieron.

Todas las partes deben respetar por completo el fondo y la forma del acuerdo alcanzado en la Cumbre de Aqaba el 26 de febrero, y aprovechar esta experiencia de presentar las cuestiones a soluciones regionales para poder resolver otras cuestiones en el futuro.

Evitar o, de producirse, investigar y enjuiciar los abusos en los puestos de control. Poner fin al bloqueo de Gaza. Aliviar —en vez de endurecer— las restricciones para mejorar la vida de la población y darles un respiro.

Y alejar a los y las jóvenes —de hecho, a personas de todas las edades y opiniones políticas— de más violencia y extremismo y de la ilusión de que esto representa una solución.

Medidas como estas se basan en la presentación de informes y el seguimiento de mi Oficina. Podrían ayudar a reducir la violencia de inmediato, en lugar de seguir la trayectoria actual e intensificada hacia algo mucho peor.

Los Estados Miembros deben ayudar a todas las partes a encontrar la vía de salida. En un futuro próximo, debe ponerse fin a los asentamientos en tierra ocupada. Y en un horizonte previsible, debe haber una solución de dos Estados, con el fin de la ocupación y el reconocimiento mutuo de los derechos legítimos de todos los ciudadanos y ciudadanas israelíes y palestinos a vivir con dignidad, paz y seguridad.

Gracias, Sr. Presidente.