GINEBRA (14 de marzo de 2022) – Condeno la ejecución masiva del sábado pasado en Arabia Saudí de 81 personas por acusaciones por terrorismo.

De entre los decapitados el 12 de marzo, sé que 41 pertenecían a la minoría chiíta, y que habían participado en protestas contra el gobierno en 2011-2012 reivindicando una mayor participación política. Otros sietes eran yemeníes y uno era nacional sirio.

Nuestro seguimiento indica que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras celebrarse juicios que no cumplían con el proceso justo ni las garantías procesales, y por delitos que no parecen constituir los delitos más graves, tal y como exige el derecho internacional. También me preocupa el hecho de que algunas de las ejecuciones parecen guardar conexión con el conflicto armado actual en Yemen. La ejecución de las penas de muerte tras celebrarse juicios que no ofrecen las garantías de un juicio justo está prohibida según las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y puede constituir un crimen de guerra.

Las ejecuciones del sábado, en un solo día, superan el total de 67 ejecuciones que al parecer tuvieron lugar en todo el año 2021.  

La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. La omisión de facilitar información a los familiares sobre las circunstancias de las ejecuciones puede equivaler a tortura y maltrato. Las autoridades deberían devolver los cuerpos de los ejecutados a sus familiares.

Me preocupa que la legislación saudí contenga una definición extremadamente amplia de terrorismo, que incluye actos no violentos que supuestamente "ponen en peligro la unidad nacional" o "socavan la reputación del Estado". Con ello se corre el riesgo de criminalizar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Pese a la tendencia mundial hacia la supresión de la pena capital, Arabia Saudí se encuentra entre los 38 países que siguen aplicándola. Pido a las autoridades saudíes que detengan todas las ejecuciones, que establezcan de inmediato una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y que conmuten las sentencias de muerte de los que se encuentran en el corredor de la muerte.

Además, exhorto a las autoridades saudíes a que adapten plenamente las leyes relativas a la lucha contra el terrorismo a la normativa internacional.

FIN

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