Arabia Saudita: Reanudación de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas

Ginebra, 22 de noviembre de 2022.

En las últimas dos semanas se han llevado a cabo ejecuciones casi a diario en Arabia Saudita después de que las autoridades pusieran fin a una moratoria no oficial de 21 meses al uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas.

Desde el 10 de noviembre se ha ejecutado a 17 hombres por lo que se denomina delitos de drogas y contrabando, las últimas tres ejecuciones se realizaron el lunes. Los ejecutados hasta la fecha son cuatro sirios, tres paquistaníes, tres jordanos y siete saudíes.

Como las ejecuciones solo se confirman tras haberse realizado en Arabia Saudíta, no tenemos información sobre el número de personas que pueden estar en el corredor de la muerte. Sin embargo, según algunos informes que hemos recibido, un jordano, Hussein abo al-Kheir, podría ser ejecutado en breve. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ya se había ocupado de su caso y determinó que su detención era arbitraria al carecer de fundamento jurídico y que existían graves preocupaciones relacionadas con su derecho a un juicio justo.

Instamos al gobierno saudí a que detenga la supuesta ejecución inminente de al-Kheir y a que se ajuste al dictamen del Grupo de Trabajo con la anulación de la pena de muerte, poniéndole en libertad de forma inmediata e incondicional y garantizando que recibe atención médica, indemnización y otras reparaciones.

La reanudación de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudita es una medida muy lamentable, y más aún cuando se produce pocos días después de que una amplia mayoría de Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiera una moratoria a la pena de muerte en todo el mundo.

La imposición de la pena de muerte por delitos de drogas es incompatible con las normas y criterios internacionales. Pedimos a las autoridades saudíes que adopten una moratoria formal a las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, que conmuten las penas de muerte por delitos relacionados con las drogas y que garanticen el derecho a un juicio justo para todos los acusados y acusadas, incluyendo las personas acusadas de estos delitos, en virtud de sus obligaciones internacionales.