Discurso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el evento titulado “La migración: Por qué los derechos humanos importan”, auspiciado por el Ministerio Federal de Ciencia e Investigación de Austria.

Excelencias, colegas y amigos:

Es siempre un privilegio participar en los debates que se realizan en esta ciudad, que cuenta con una honda tradición de pensamiento humanista y esclarecedor. De hecho, fue aquí, hace 23 años, donde se efectuaron los debates que desembocaron en el establecimiento de la Oficina que ahora dirijo.

Lo que se promulgó en aquella Declaración de Viena fue que los derechos humanos siempre importan. Esos derechos son “universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí” - todos los seres humanos son titulares de todos los derechos humanos. Esos derechos no están reservados para el disfrute de unos pocos afortunados, acomodados en lugar seguro tras imaginarios cordones de terciopelo que los separan de los demás seres humanos a los que, de algún modo, consideran menos merecedores de esas prerrogativas. Cada mujer, cada hombre y cada niño tienen el mismo derecho a la dignidad humana.

Hoy vemos a personas que en número sin precedentes abandonan sus hogares y dejan atrás todo cuanto les era familiar, porque obviamente el lugar donde vivían ya no era seguro para la vida humana. A causa de conflictos –alimentados y promovidos por potencias extranjeras; la persecución y las crisis silenciosas y evitables que generan la pobreza y las carencias- en otras palabras, por causas de las que esas personas no son responsables, vemos a cientos de miles de seres humanos que emprenden largos viajes a través de desiertos y surcan los mares. En palabras del Enviado Especial del Secretario General para las Migraciones, el Sr. Peter Sutherland, a esto podría llamársele una emigración desesperada. Los migrantes saben que arriesgan sus vidas y las de sus hijos, y creo que cabe suponer que esas personas piensan que no tienen otra opción. Ustedes y yo, si tuviéramos que afrontar ese terrible dilema, quizá haríamos lo mismo.

Esas personas huyen de la muerte. Hace apenas dos días, presenciamos el último y despreciable ataque contra el hospital Al Quds de Alepo. Una vez más, hemos de insistir en que el Consejo de Seguridad debe remitir el caso de Siria a la Corte Penal Internacional; y debe aplicarse un mecanismo disuasorio contra estas y otras acciones repugnantes. Pero hoy, estas personas que huyen porque, evidentemente, la muerte les pisa los talones, tropiezan con una muralla. Es un muro de hostilidad, levantado por el miedo.

Son muchos los que en Europa, en algunos de los países más prósperos y privilegiados del mundo, temen al cambio y a la inseguridad económica. Hay miedo a que determinado orden moral se esté desmoronando, a que los valores nacionales y las libertades estén amenazados por la diversidad. Hay temor a la mundialización de la economía, una fuerza inevitable, que proporciona riquezas a numerosas personas, pero genera dolor y pérdidas a muchas otras. También hay miedo al terrorismo, que es real, pero que es preciso poner en perspectiva: nuestras sociedades, que están unidas por valores profundos y duraderos, y se basan en el Estado de Derecho, son más resistentes que el odio demente y patológico de los fanáticos.  

Estos miedos nos empujan a buscar explicaciones sencillas. Tratamos precipitadamente de encontrar chivos expiatorios, de preferencia un grupo débil y extranjero. Ellos son la causa de cuanto tememos y en ellos podemos fijar nuestra ansiedad, con lo cual evitamos la reflexión compleja, lúcida y multidimensional, capaz de generar auténtico progreso. Nos agarramos a la certidumbre de los demagogos, las fáciles demarcaciones entre “ellos” y “nosotros”, la sensación de poder que emana de las soluciones simplistas que nos presentan, en palabras cuya fuerza se deriva del odio y la división.

La historia de esta ciudad nos advierte a dónde podría conducirnos todo lo anterior. Las manifestaciones de intolerancia y la incitación al odio o a la violencia, con motivo del origen étnico o las creencias religiosas, pueden desencadenar una escalada feroz e incontrolable de discriminación y persecución. Es el camino hacia la violencia y el discurso del odio, que incita a la violencia, se encuentra en esa vía. Cuando dejamos que el odio prevalezca y anule las normas de la justicia, el resultado es la efusión de sangre.

El auténtico coraje radica en defender los valores históricos de Europa, basados en el humanismo. Abusar de las personas vulnerables es obra de cobardes. Negarles ayuda no es sinónimo de patriotismo europeo, sino una traición a todo lo que Europa representa y defiende. Las sociedades justas y abiertas son polos de cordura en un mundo turbulento. Debemos cultivar nuestra fuerza más preciada: los valores de la igualdad, la dignidad y la libertad humanas, y no manipular la ansiedad de los pueblos para crear divisiones y chivos expiatorios.

Los inmigrantes que tratan de entrar en Europa son mujeres, hombres y niños como nosotros. Son exactamente iguales a nosotros, sólo que muchos de ellos han padecido sufrimientos tan intolerables que se han visto obligados a abandonar sus países de origen.

Han venido aquí, en parte porque las sociedades más ricas del mundo han sido incapaces de ofrecerles soluciones reales y sostenibles en lugares más próximos a sus hogares. Estas personas no constituyen una amenaza. Pueden ser parte de la historia de Europa, la historia de la esperanza. Cada una de las sociedades de este continente –y de cualquier otro lugar del mundo- se edificó con la ayuda de hombres y mujeres procedentes de otro país, que aportaron sus valores e  ideas a la tarea común y fundieron su cultura con las demás.  

El desorden político que vemos ahora en numerosos Estados está generando un caos incontrolable y multiplica un sufrimiento humano que podría evitarse. Necesitamos una gobernanza de la migración más coherente y basada en principios, en el plano nacional, regional e internacional. Cualquiera que sea su situación administrativa, los inmigrantes son seres humanos con derechos, y el objetivo primordial de los sistemas de gestión de la migración debería ser la protección de esas personas, que han padecido ya sufrimientos insoportables.

Señoras y señores:

Permítanme ahora que me refiera a cuestiones más específicas.

Albergo graves preocupaciones acerca del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía –preocupaciones que comparto con otros miembros de la comunidad internacional de derechos humanos. En primer lugar, el acuerdo se ha traducido en un aumento de las detenciones en los puntos álgidos de las islas griegas. Me preocupa que gran parte de estas detenciones sea arbitraria y que a menudo ocurran en condiciones que carecen de justificación, particularmente en lo tocante a los niños inmigrantes, tanto si vienen solos como acompañados.  

Privar de libertad a los inmigrantes –en lugares que pueden llamarse puntos calientes o centros de recepción o inscripción, o prisiones-, personas que no han cometido delito alguno y que sólo buscan amparo de la violencia o la desesperación, sería una medida lamentable. 

Tampoco estoy convencido de que Turquía pueda ser, en términos jurídicos y prácticos, un “tercer país seguro” para muchas personas cuya devolución está prevista. Exhorto a las autoridades de la Unión Europea y a Turquía a que establezcan mecanismos independientes de supervisión, incluido el acceso sin trabas a los centros de detención previa a la devolución, para todas las personas que sean devueltas a Turquía, tanto si la devolución se produce en virtud del acuerdo entre la UE y Turquía como si se realiza a tenor de otros acuerdos. Debo hacer hincapié en que los Estados tienen la obligación de velar por que cada extranjero que participe en un movimiento migratorio tenga acceso a un examen individual de todos los argumentos en contra de su expulsión. Además, debo advertir que la aplicación del acuerdo podría tener consecuencias indeseadas. Su propósito explícito es disuadir la llegada de inmigrantes y refugiados a las islas griegas; en vez de esto, podría inducir a esas personas a buscar vías de entrada diferentes e incluso más peligrosas.

Todos los migrantes, incluso los que no tienen derecho a solicitar la protección de la Convención sobre los refugiados, tienen derecho a que se protejan sus derechos humanos, y los Estados han de velar por que este amparo sea eficaz y significativo. Mi oficina está elaborando un marco de referencia para la protección de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y durante los movimientos migratorios en gran escala.

En lo que concierne a Austria:

Reconozco los esfuerzos que Austria ha realizado durante la actual crisis migratoria, entre otros, la acogida brindada el año pasado a casi 90.000 peticionarios de asilo, mientras numerosos países ricos de Europa y el mundo árabe se niegan a aceptar ni siquiera un pequeño porcentaje de los inmigrantes que Austria ha recibido, y debemos instarles a que modifiquen su posición en aras de la humanidad y del futuro. Sin embargo, me preocupan mucho las enmiendas realizadas a la ley de asilo austríaca y las posibles consecuencias en materia de derechos humanos que podrían tener, si se pusieran en vigor. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a que su caso específico sea examinado por profesionales cualificados y al debido proceso y las salvaguardas judiciales, como corolario de la prohibición de la devolución y de las expulsiones arbitrarias y colectivas.

Deben evitarse las detenciones y, en particular, los niños inmigrantes nunca deberían ser detenidos, porque su detención siempre constituye una violación de los derechos del niño.

La reunificación familiar siempre debe considerarse teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Asimismo he expresado mi preocupación por el insólito acuerdo adoptado por los jefes de policía de los países balcánicos occidentales con el fin de limitar el desplazamiento de migrantes y refugiados en toda Europa. Permítanme que insista: las restricciones fronterizas que no garantizan el debido proceso ni las salvaguardas judiciales, y tampoco permiten determinar las circunstancias específicas de cada persona, son violaciones del derecho europeo e internacional.

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Austria el pasado 24 de abril, me alarma también la frecuencia del discurso antiinmigrante y antiislámico que prevalece entre políticos y comentaristas. Los migrantes y los refugiados no son responsables colectivamente de los problemas sociales del país y, sin duda, tampoco son “ilegales”. Ningún ser humano puede ser ilegal. Los demagogos se aprovechan de la actual crisis migratoria para fomentar el fanatismo en beneficio personal y político, e incluso algunos partidos políticos de centro están asumiendo posiciones más rígidas al respecto.

En este contexto de aumento de la división y la xenofobia contra inmigrantes y refugiados, es indispensable contar con un ideario sobre el tema que tenga una base empírica y esté fundamentado en los derechos humanos. Tanto los partidos políticos como los medios de comunicación deben desempeñar una función en esta tarea: deben tener el valor de quebrar la espiral descendente del discurso predominante, que tiende a la simplificación excesiva de los problemas y las soluciones. Deben ser defensores de las normas internacionales y no establecer distinciones entre las personas en función de su etnia, nacionalidad, país de origen o condición migratoria.

Muchas gracias por su atención.
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La celebración de este acto corrió a cargo del Centro de Investigaciones sobre Derechos Humanos de la Universidad de Viena y el Instituto de Derechos Humanos Ludwig Boltzmann.