Discurso inaugural del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en el 30º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente,
Excelencias:

Fue la forma en que yacía: dormido, aniquilado, con una tristeza tan profunda, como si al suplicar postrado ante las olas que le habían dado muerte estuviera pidiendo una nueva oportunidad, con un final distinto esta vez; y sus calcetines y sus pequeños zapatos estuvieran diciéndonos que estaba dispuesto a intentar vivir de nuevo. Pero su mejilla, posada sobre la suave arena, susurraba otras palabras que nos sobrecogían. Avergonzado y deshonrado, el mundo lloró ante el cadáver de este chiquillo.

Estos discursos, estas reuniones, estas protestas de tantos de nosotros aquí, en pro de un mundo más compasivo y más respetuoso de los derechos de todos los seres humanos –de todos los seres humanos- ¿de qué sirven cuando ocurren sucesos como éste? Hechos que suceden no sólo una vez, no sólo a este niño pequeño, Aylan Al Kurdi, sino a tantos en el mundo entero: el horror que padecen y que los medios de comunicación nos muestran cada día, destroza nuestra esperanza de que exista un poco de piedad, un poco de alivio.

Señor Presidente:

Tras ejercer durante un año el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me siento exhausto e indignado, al igual que muchos de mis colegas del ACNUDH.

Exhausto, porque el sistema apenas puede hacer frente, habida cuenta de los recursos disponibles, a la aceleración del sufrimiento humano. Desde una pobreza de proporciones devastadoras en numerosas zonas de conflicto, donde la paz sigue siendo escurridiza, hasta la negación de derechos políticos y civiles a personas que se encuentran atrapadas entre las tenazas del extremismo despiadado y los gobiernos que lo combaten; el odio, los prejuicios, el racismo: todo esto parece demasiado abrumador.

Indignado, porque parece que nuestras palabras sirven de muy poco para cambiar esta situación. Por sólo mencionar un ejemplo extremadamente vergonzoso, a pesar de las horrendas violaciones de derechos humanos ocurridas en Siria, que se han investigado, enumerado y debatido, seguimos deplorando la inacción de la comunidad internacional. A menos que cambiemos drásticamente nuestra manera de pensar y de proceder en tanto que agentes internacionales –tanto los Estados Miembros como las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales- todos nosotros, el conjunto de quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, seremos intrascendentes ante la multiplicación de esas violaciones.

Sin embargo, la abnegación de los mejores miembros del personal de las Naciones Unidas –como los trabajadores del ACNUDH con los que me reuní en Bangui hace dos semanas, que operan en los contextos más difíciles y peligrosos para registrar las violaciones de derechos humanos y preparar informes sobre ellas- y el asombroso coraje de los activistas de derechos humanos en el mundo entero; la soledad y el dolor de los refugiados y de otros emigrantes que son titulares de derechos; los cientos de millones de personas que padecen hambre, discriminación y torturas, todos ellos impiden que nos declaremos vencidos.

También recordamos que algunos países del Oriente Medio –Jordania, Líbano, Turquía- y de Europa –Alemania y Suecia- demuestran un humanismo y un liderazgo dignos de elogio en lo tocante a acoger a refugiados y emigrantes que necesitan protección. Y hay millones de personas corrientes que, al abrir sus hogares a los refugiados y otros migrantes han demostrado también una notable generosidad y una bondad que debería reproducirse en todas partes. La efusión de conciencia humanitaria que se produjo tras la publicación de la foto de Aylan fue prueba fehaciente de una actitud que contradice la mezquindad de algunos responsables políticos que han estado azuzando los peores instintos de sus pueblos.

Por eso ruego a los responsables políticos de África, las Américas, Asia y el Pacífico –así como a los de Europa- que procedan con rapidez a establecer una gobernanza eficaz de la migración, sobre la base de nuestros principios. Los Estados tienen el derecho soberano a asegurar sus fronteras y a dictar las condiciones de entrada y permanencia en sus territorios. Pero también tienen la obligación de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

Aplaudo la propuesta que formuló la semana pasada el Presidente de la Comisión de la Unión Europea, en el sentido de reubicar a otras 120.000 personas en los Estados Miembros, y su declaración de que es “una cuestión de humanidad y dignidad”. En Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania y Suecia, e incluso –a pesar de la tenaz xenofobia de la prensa sensacionalista y de algunos políticos- en el Reino Unido, los ciudadanos de a pie han ofrecido voluntariamente no sólo asistencia, sino también apoyo político a los derechos de los migrantes y refugiados. Exhorto a los Estados europeos a que aprovechen esta efusión de sentimiento humanitario y establezcan una estructura de gobernanza de la migración que sea más exhaustiva y ponderada, y tenga más fundamento y eficacia. Necesitamos canales más amplios de migración y reasentamiento regular – dos medidas que prevendrían los fallecimientos y reducirían el contrabando de personas. Los arrestos, en particular las detenciones de menores, así como todas las modalidades de malos tratos, deberían cesar, tanto en las fronteras como en cualquier otro lugar.

Estoy de acuerdo en que no hay una solución rápida al terror, el sufrimiento, la indigencia y la desidia que han empujado a tantos millones de personas a abandonar cuanto tenían y todo lo que constituía, desde siempre, su entorno familiar. La restauración de los derechos humanos en sus países de origen será una tarea específica y prolongada. Y sí, es cierto que los máximos responsables de esa migración son los dirigentes que no han sabido respetar los derechos humanos y que han despojado de esperanza a sus pueblos.

Pero lo que necesitamos de ustedes, distinguidos miembros del Consejo de Derechos Humanos, es el compromiso de vincular lo que declaran aquí con la acción concreta en todos los frentes. Es preciso aplicar las recomendaciones del EPU y de otros mecanismos de derechos humanos; hay que ampliar las invitaciones permanentes a los Procedimientos Especiales; los informes a los mecanismos y órganos de tratados deben ser precisos y oportunos; es menester prohibir los dobles raseros y desenmascarar la hipocresía.  

Necesitamos su apoyo para ayudar tanto a sus países como a los demás. Necesitamos que acepten el escrutinio o la crítica, y que no suspendan sus contribuciones voluntarias porque hablemos con claridad. En última instancia, son ustedes quienes ejercen la autoridad soberana y tienen la responsabilidad para con sus pueblos. Ustedes son los que deben responder ante ellos, respetarlos y no temerles; servirlos y no esclavizarlos; dignificarlos y no deshonrarlos. La institución que dirijo estará allí para ayudar donde y cuando podamos, a petición de parte, y para comentar cuando recibamos información que suscite preocupación. En esta labor, no estamos vulnerando los derechos soberanos de ningún país.

Un comentario bien ponderado no puede lesionar la soberanía. La búsqueda de la verdad puede tener múltiples efectos, pero no debilita, vulnera ni agrede. Pero la soberanía sí está amenazada cuando la tiranía empuja a millones de personas al éxodo y el caos, y alienta el salvajismo de los extremistas, que no respetan leyes ni fronteras. La soberanía está amenazada cuando las epidemias, causadas por condiciones de vida abyectas y fracasos en la prestación de cuidados sanitarios, ponen en peligro las vidas por doquier. Cuando los dirigentes que han cometido crímenes de lesa humanidad no reciben la debida sanción y una tradición de impunidad estimula ciclos futuros de violenta inestabilidad a lo largo y ancho de las regiones. Cuando vastas inundaciones y sequías interminables, causadas por el cambio climático, modifican las condiciones de subsistencia de las personas, sin tener en cuenta las fronteras de los Estados. Cuando las redes delictivas, comprendidas las de traficantes de seres humanos, pueden operar libremente entre los países. Cuando la corrupción y el nepotismo socavan el Estado de derecho, el sentido de comunidad, la posibilidad del desarrollo sostenible y la legitimidad de la autoridad gubernamental. Estos son los factores que realmente ponen en peligro la soberanía de los Estados.

La defensa de los derechos humanos es parte integral de las obligaciones derivadas de la soberanía y constituye la base fundamental de un Estado saludable. Los defensores de los derechos humanos alzan la voz en apoyo de la gobernanza que ustedes ejercen, para ayudar a construir sociedades recias, pacíficas y prósperas.       

La inestabilidad es onerosa. Los conflictos son onerosos. La creación de un ámbito donde la sociedad civil pueda plantear sus agravios y buscar soluciones, no cuesta nada.

Cuando los ciudadanos de a pie pueden intercambiar ideas para solucionar los problemas comunes, el resultado es un Estado mejor, más sano, seguro y sostenible. No hay traición alguna en definir las lagunas y poner de relieve las verdades desagradables que impiden a un país ser más justo y más integrador. Cuando los Estados limitan las libertades de la ciudadanía y las voces independientes de los activistas cívicos, están privándose a sí mismos de las ventajas de la participación pública y socavando la seguridad nacional, la prosperidad del país y nuestro progreso colectivo. La sociedad civil –propiciada por las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica- es un aliado valioso y no una amenaza.

Sin embargo, durante varios años mi predecesor y yo hemos señalado ante este Consejo a numerosos Estados que han tomado medidas muy graves para limitar o penalizar las voces de la sociedad civil. Aunque seguiré componiendo una lista con esos Estados, lamento muchísimo tener que decir que actualmente hay en esa lista demasiados países como para nombrarlos a todos ahora. Este es un juicio sombrío del resultado de nuestra labor en lo tocante a proteger ese pilar de la buena gobernanza que es el servicio que el Estado presta a su pueblo y un mal augurio para el futuro de vuestras sociedades.

Se aprueban leyes francamente restrictivas para limitar el ejercicio de las libertades y la labor de las organizaciones de la sociedad civil. En muchas situaciones, se suprimen las voces de los grupos minoritarios y se reprime duramente a sus activistas y promotores. Las defensoras de los derechos humanos son objeto de agresiones específicas, que a menudo se basan en estereotipos nocivos y anticuados sobre lo que se denomina “el lugar” de la mujer. Se adoptan medidas para reducir drásticamente el espacio democrático en Internet, comprendido el bloqueo de páginas web y la vigilancia masiva.

Numerosos Estados parecen involucrados en una guerra sobre la información, en la que los críticos y periodistas legítimos son víctimas de actos violentos, arrestos y detenciones arbitrarias e incluso de asesinatos, en especial los que investigan casos de violaciones de derechos humanos, corrupción y delitos cometidos por funcionarios.  

Me preocupa, por ejemplo, el arresto e interrogatorio, ocurridos en China en los últimos meses, de más de 100 abogados, en relación con sus actividades profesionales, así como la aprobación de nuevas leyes que comportan consecuencias de largo alcance para las ONG. También observo consternado la estigmatización, en la Federación de Rusia, de las ONG que reciben fondos del extranjero; en ese país, la ley aprobada en 2012 ha tenido por consecuencia la marginación y el descrédito de organizaciones que contribuyen al bien común. Albergo la esperanza de que el grupo de expertos recién creado, compuesto de funcionarios gubernamentales, miembros del parlamento y representantes de la sociedad civil, podrá elaborar soluciones al respecto. Leyes igualmente restrictivas se han aprobado en el Asia Central, en lo que constituye una vulneración del derecho de participación de la ciudadanía en la adopción de decisiones y la crítica de las mismas.

Algunos Estados Miembros han tratado de impedir que los agentes de la sociedad civil colaboren con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluso con este Consejo. Un año tras otro, han tratado de evitar –mediante acusaciones espurias de actividades terroristas o delictivas- la acreditación en estas reuniones de grupos que se esfuerzan por exponer los problemas y proponer soluciones. Algunos activistas que han participado en tareas vinculadas al Consejo han sufrido represalias, lo que socava la legitimidad y la credibilidad de las instituciones internacionales de derechos humanos.

Espero las contribuciones de ustedes al próximo informe que presentaré al Consejo acerca de ejemplos idóneos en el ámbito de la sociedad civil. La construcción de las instituciones del Estado de derecho que promueven la gobernanza es una labor colectiva, responsable y transparente. Marcos normativos que protegen y apoyan a las organizaciones de base para que puedan hacerse oír; contextos públicos y políticos propicios, que reconozcan el valor de las contribuciones de la ciudadanía, la libre circulación de la información y dejen espacio en la mesa donde se adoptan las decisiones: esas son las herramientas que generan confianza en la población y dan estabilidad a largo plazo.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas simboliza el reconocimiento universal de que los retos a los que uno de nosotros se enfrente, podrían convertirse rápidamente en una crisis que todos tengamos que afrontar. Este documento refleja la idea de que esos retos no pueden abordarse con eficacia mediante ajustes marginales de la gobernanza económica, política y social, sino que exigen cambios fundamentales en el modelo de desarrollo dominante en todos los países. La nueva agenda ofrece una esperanza auténtica de estabilidad, prosperidad y prevención de conflictos. Señala el camino hacia un desarrollo sostenible, equitativo para todos, respetuoso del medio ambiente y basado en los derechos humanos. Sus promesas deberán aplicarse. Albergo grandes esperanzas en relación con la Cumbre que tendrá lugar en Nueva York dentro de unos días y creo que podríamos considerar la manera más eficaz en la que este Consejo, en particular por conducto del EPU, podría contribuir a la aplicación de esta agenda de cambios. 

En diciembre, la comunidad internacional se congregará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tema tan vasto y amenazador para la paz, la prosperidad, la justicia social e incluso la vida misma, que nos obliga a buscar soluciones mancomunadas sin las cuales la humanidad sufriría daños irreparables. El cambio climático es un multiplicador de peligros, una fuerza que aumenta las probabilidades de que sobrevengan la pobreza y las penurias de todo tipo, los conflictos y las migraciones en condiciones precarias.

Señor Presidente:

En la República Centroafricana, país que visité hace dos semanas, las violaciones graves de los derechos humanos se han reducido considerablemente desde el año pasado. Pero en algunas zonas los grupos armados se han establecido como autoridades locales de facto y siguen operando con impunidad casi total. Aunque algunos de los presuntos responsables han sido acusados de delitos, en la mayoría de los casos se trata de personajes de segundo orden. Los principales dirigentes, que tienen las manos manchadas de sangre, siguen en libertad. Tanto el gobierno como las Naciones Unidas deben redoblar los esfuerzos orientados a apoyar la lucha contra la impunidad y proteger a la población de las amenazas que persisten. Es fundamental reorganizar el sistema judicial del país y poner rápidamente en marcha la Corte Penal Especial. La impunidad no es el precio que debemos pagar por la estabilidad política, sino un enérgico vector de conflictos.

También me preocupa profundamente la impunidad de que disfrutan los responsables de graves violaciones de derechos humanos en Sudán, en especial en Darfur, el Nilo Azul y Kordofán Meridional. Exhorto a la comunidad internacional a que proporcione apoyo y asistencia a la Corte Penal Internacional. El pueblo de Sudán merece justicia y reparación, en un grado no inferior a otros países.

También ha habido impunidad casi absoluta para las violaciones de derechos humanos cometidas en Sudán del Sur. La misión de las Naciones Unidas en ese país, UNMISS, informó de nuevas y escandalosas atrocidades que se perpetraron durante un recrudecimiento de los combates que comenzaron en abril pasado. Aplaudo el acuerdo de paz firmado recientemente y confío en que sus cláusulas relativas a la justicia de transición y la rendición de cuentas se aplicarán rigurosamente, entre ellas la de crear un tribunal mixto que juzgue los delitos graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Estoy profundamente conmovido por las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Somalia, cometidas por todas las partes en conflicto. Las violaciones de la libertad de expresión, la expulsión por la fuerza de desplazados en Mogadiscio y los numerosos informes sobre casos de violencia sexual también siguen siendo importantes motivos de preocupación. Es esencial que se fortalezcan las instituciones del Estado de derecho a fin de combatir la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos. Insto al gobierno federal de Somalia a que coloque los derechos humanos en el centro de sus programas políticos y de estabilización como requisito para alcanzar la paz verdadera.

En cuanto a Malí, lamento señalar que las esperanzas de paz que el pueblo concibió tras la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación se han visto empañadas por violaciones de la tregua y otras transgresiones de los derechos humanos. Es preciso realizar esfuerzos adicionales para obligar a todas las partes a cumplir con el acuerdo y garantizar la protección de los derechos humanos de todos los malienses.   

Sigo preocupado por la situación de Eritrea, donde las conclusiones de la Comisión de Investigación apuntan a que pueden haberse perpetrado crímenes de lesa humanidad. Mi oficina realizó una misión de evaluación a Eritrea a principios del año en curso y albergamos la esperanza de llevar a cabo una segunda misión antes de final de año, que pueda definir ámbitos de cooperación con las autoridades, para fortalecer los sistemas nacionales de protección y aplicar las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos.

Como este Consejo sabe, la crisis actual de Burundi ha causado unas 100 muertes, más de 600 personas han sido detenidas y otras 180.000 han huido a países aledaños. El ámbito democrático de Burundi ha sido prácticamente suprimido y las consecuencias de este hecho podrían ser desastrosas, tanto para el país como la para la región de los Grandes Lagos.   

Aplaudo el importante acuerdo sobre cuestiones nucleares alcanzado entre Irán y sus interlocutores internacionales, que ofrece la posibilidad de aumentar la colaboración de este país con la comunidad mundial y aliviar algunas consecuencias de las sanciones.

Insto a Irán a que realice progresos equivalentes en materia de derechos humanos. La aplicación más frecuente de la pena capital, las preocupaciones acerca del derecho a un proceso judicial justo y las continuas detenciones de periodistas, blogueros y activistas de los derechos humanos siguen siendo motivos importantes de preocupación.

En Myanmar, la promesa de lograr una transición democrática en las elecciones generales de noviembre se ha visto socavada por la detención y condena de activistas estudiantiles, campesinos, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, personas que están usando los derechos adquiridos recientemente a la libertad de expresión y la reunión pacífica para protestar contra la injusticia y participar en la esfera política. Deploro firmemente la privación de derechos de la mayoría de los miembros de la etnia rohingya, a consecuencia de decisiones administrativas y jurídicas adoptadas en 2014 y 2015. A decenas de miembros del Parlamento pertenecientes a la comunidad musulmana y a otros grupos minoritarios –entre ellos, a distinguidos parlamentarios de la etnia rohingya-  se les ha denegado la autorización para concurrir a esos comicios, con el argumento de que ellos o sus padres no son ciudadanos del país.

En Maldivas se sigue manipulando al Estado de derecho con fines políticos. Al principio concebí ciertas esperanzas por la decisión que el gobierno adoptó en julio de trasladar al ex presidente Nasheed a su hogar para mantenerlo en arresto domiciliario y presentar un recurso de apelación contra su condena, que había sido impuesta en un juicio carente de garantías. Pero la decisión de devolverlo a la prisión el mes pasado y la continuación de la investigación penal contra su familia constituyen otros tantos reveses. Habida cuenta de la índole tan irregular del caso, insto al gobierno a que ponga en libertad al presidente Nasheed y examine los centenares de causas pendientes contra miembros de la oposición, en relación con las protestas de los últimos meses.   

En Malasia, el gobierno trata de limitar cada vez más el debate público y las protestas en torno a los problemas de gobernanza y corrupción. En el marco de este esfuerzo se enmendó la ley contra la sedición de 1948, a fin de ampliar la categoría de actividades consideradas delictivas y endurecer las sanciones, y se incrementó el arresto de personas que usaban las redes sociales para criticar la corrupción de los funcionarios, las políticas del gobierno o la prevaricación. Resulta lamentable que un país tan seguro de sí y tan dinámico considere necesario intimidar a quienes lo critican.

El gobierno de Australia decidió recientemente acoger a un número mayor de refugiados de Siria. Al mismo tiempo, ese gobierno sigue limitando la supervisión independiente de los centros de detención que albergan a los solicitantes de asilo llegados en barcas. Asimismo ha reducido su acceso a la atención sanitaria, la asistencia letrada independiente y los medios de comunicación. Una consecuencia de esa política es que la población está mal informada acerca de la situación de los centros de detención de inmigrantes. 

También me preocupa la violencia que se desató recientemente en la región de Terai, en Nepal, que causó muertos y heridos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, así como los informes sobre agresiones a los activistas de derechos humanos y periodistas. Insto a todos los dirigentes políticos de ese país a que colaboren para dirimir pacíficamente sus divergencias en relación con el proyecto de Constitución que se ha propuesto y para garantizar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos en todo momento.

Me inquieta la deportación de más de mil colombianos que llevó a cabo recientemente el gobierno de Venezuela. Según los informes recibidos en mi oficina, en este proceso se han producido violaciones de derechos humanos, entre otros la vulneración del derecho a un proceso justo, la destrucción de bienes y la separación de niños de sus familias.

Entre los deportados podría haber un gran número de personas que necesitan protección internacional. La deportación ha generado tanto miedo que miles más han huido espontáneamente. Insto a las autoridades a que adopten medidas inmediatas para garantizar la reunificación familiar y evitar nuevos atropellos a los colombianos.

Mi oficina mantiene también el seguimiento de las deportaciones de personas de ascendencia haitiana que realiza la República Dominicana. Sigo instando a las autoridades a velar por que permitan permanecer en el país a quienes tienen un argumento válido para hacerlo y que toda deportación se lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

La inmigración también ha sido objeto de una desvergonzada demagogia en los Estados Unidos. Asimismo, me preocupa la persistente discriminación que se ejerce contra los afroamericanos. La reiteración de actos violentos ha puesto de relieve los prejuicios raciales existentes en los órganos encargados del cumplimiento de la ley, la justicia penal y otros ámbitos. Exhorto a los Estados Unidos, así como a los demás países, a que aprovechen el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial en el sistema judicial, la vivienda, el empleo, la educación, la salud y la participación política.   

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania informó la semana pasada que casi 8.000 personas han muerto desde que se inició el conflicto, en abril del último año. Estoy alarmado por el bombardeo de zonas residenciales a ambos lados de la línea de contacto, donde sólo ha aplicado parcialmente la retirada de armamento pesado prevista en los Acuerdos de Minsk. Los civiles que residen cerca de la línea de contacto padecen dificultades extremas, entre otras un acceso limitado al agua y los alimentos. Al mismo tiempo, aplaudo la reciente adopción de una estrategia nacional de derechos humanos y la elaboración, en curso, de un plan de acción nacional de derechos humanos por parte de Ucrania. Al respecto, el Secretario General Adjunto Simonovic ofrecerá nuevas informaciones a este Consejo el 29 de septiembre, en el punto 10 del orden del día.

 En cuanto a la República de Moldova, pido encarecidamente respuestas inmediatas, basadas en los derechos humanos, para abordar las denuncias de la población en lo tocante a graves malversaciones de fondos públicos, falta de transparencia y carencia de información, participación y exigencia de responsabilidades. Si estos problemas no se abordan adecuadamente, podrían generar más polarización social, el deterioro de los derechos humanos y una peligrosa inestabilidad política y económica.

Siguen preocupándome la marginación social y los desalojos forzosos de personas de etnia gitana en varios países, entre otros Bulgaria y Francia.

En Guatemala, las manifestaciones masivas en protesta por la corrupción gubernamental causaron recientemente la dimisión y el posterior arresto de la Vicepresidenta y el Presidente del país. Las elecciones celebradas hace una semana fueron en general pacíficas, con una alta participación y firmes exigencias de que se proceda a una reforma urgente y exhaustiva del Estado. El ACNUDH está dispuesto a ayudar en las reformas, que espero se lleven a cabo en un futuro muy próximo. 

Desde el mes de mayo se realizan en Honduras protestas contra la corrupción. Aplaudo el llamamiento del Presidente de ese país a un “diálogo incondicional” con los manifestantes y sus planes para erradicar el soborno en la política y el sistema judicial.

Las manifestaciones ocurridas recientemente en Ecuador desencadenaron el uso de la fuerza policial y, posiblemente, dieron lugar a arrestos arbitrarios. Le recuerdo al gobierno de ese país que el pueblo tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión.

Hace un año, 43 estudiantes desaparecieron en México y, probablemente, fueron asesinados por bandas de delincuentes vinculadas a funcionarios corruptos. Aplaudo la decisión del gobierno mexicano de solicitar la ayuda de la Comisión Interamericana, por conducto de su Grupo de Expertos Interdisciplinario. Su informe ha puesto a disposición de las autoridades importantes recomendaciones que, confío, recibirán un seguimiento exhaustivo, a fin de reorientar la investigación, examinar detalladamente la responsabilidad de las autoridades en todos los niveles y determinar la verdad.

Las controversias de larga data sobre las tierras de los indígenas siguen causando sufrimiento y pérdidas de vidas en Brasil. Señalo, en particular, la muerte de un dirigente del pueblo guaraní-kaiowa, ocurrida el mes pasado, y exhorto a las autoridades no sólo a que investiguen dicha muerte, sino a tomen medidas de más alcance para frenar los desahucios y delimitar adecuadamente toda la tierra.

La situación de Irak sigue siendo fuente de graves preocupaciones. Aunque el gobierno y las fuerzas militares aliadas han recuperado algunos territorios que estaban en manos del EIIL, este grupo todavía mantiene el control de una extensa región. Más de tres millones de iraquíes han tenido que abandonar sus hogares desde junio de 2014, con gran número de víctimas civiles. Numerosas mujeres y niños están aún esclavizados por el EIIL, que sigue reprimiendo violentamente a las minorías y las voces críticas en las zonas que domina y perpetrando ataques terroristas en otras zonas del país. En las regiones dominadas por el EIIL, los civiles están sometidos a las milicias armadas, que asesinan, secuestran y destruyen propiedades. Más adelante, en el curso de este periodo de sesiones, ustedes recibirán información actualizada sobre Irak.

En Yemen, la situación sobre el terreno sigue suscitando graves preocupaciones. Según datos que obran en poder de mi oficina, más de 2.000 civiles han muerto y hay más de 4.000 heridos. La crisis de derechos humanos se agrava y se estima que hasta 21 millones de yemeníes –el 80% de la población- necesitan asistencia humanitaria. Las denuncias fiables de violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes en conflicto deberían ser examinadas exhaustivamente por un órgano independiente y de amplio espectro. En este sentido, he recibido con beneplácito el anuncio de las autoridades yemeníes de que crearán un órgano de investigación para examinar todas esas denuncias, e insto encarecidamente a que se reanuden las negociaciones entre el gobierno en el exilio y los hutíes.   

Todos estamos conscientes de la pesadilla que se agrava en Siria. A fuerza de violar la prohibición de usar armas químicas, de aplicar la tortura, de transgredir todas las normas destinadas a proteger a los civiles, y, en general, todos los principios de derechos humanos, esa violencia incesante, prolongada y encarnizada afecta profundamente al sentido comunitario que sustenta la paz y el bienestar en nuestro mundo. La comunidad internacional -y específicamente el Consejo de Seguridad- dispone de gran autoridad e influencia sobre este terrible conflicto y ahora debe alcanzar un consenso urgente con el fin de pasar a la acción. Asimismo insto, en los términos más enérgicos, a que se ponga fin de manera inmediata a la devastadora obstrucción que impide la llegada de ayuda humanitaria a la población de Siria y Yemen. Debería haber una preocupación mucho mayor por la protección de los civiles, tal como estipula el derecho internacional humanitario.  

En Libia seguimos presenciando ataques indiscriminados contra la población y los objetivos civiles, mediante el uso de armamento de poca precisión en zonas densamente pobladas; destrucción de viviendas; ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias; uso de la tortura y otros tratos degradantes, que en ocasiones provocan la muerte. La impunidad es casi total y los emigrantes, los refugiados, las defensoras de los derechos humanos, los desplazados internos y las minorías religiosas son sumamente vulnerables a esas transgresiones. El Secretario General Adjunto les proporcionará información actualizada sobre nuestras inquietudes en el curso del actual periodo de sesiones.

Estoy profundamente consternado por la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Es preciso hallar una solución permanente y justa al largo conflicto y la prolongada ocupación, en consonancia con la normativa internacional. Tomo nota del aumento súbito del número de palestinos muertos en incidentes con las fuerzas de seguridad israelíes en la Ribera Occidental en los dos últimos meses, lo que suscita preocupación porque indica un uso excesivo de la fuerza, y por el incendio criminal de un hogar palestino en el pueblo de Duma, en la Ribera Occidental, que por desgracia no ha sido el único acto de violencia contra una vivienda palestina en los últimos meses. También me preocupan el contexto cada más restrictivo que prevalece en Israel, que afecta a quienes critican las políticas y prácticas de la ocupación, y la legislación que permite la penalización económica de quienes preconizan el boicot a los asentamientos israelíes. 

En fechas recientes el ACNUDH ha coordinado misiones a Marruecos, al Sáhara Occidental y a los campos de refugiados saharauis próximos a Tinduf, (Argelia), a fin de conocer mejor la situación de los derechos humanos en esa región y estudiar métodos para establecer una colaboración que garantice la protección eficaz de los derechos humanos para todos. El respeto de los derechos de la población saharaui sigue siendo fundamental para alcanzar la solución de este prolongado conflicto.

Señor Presidente:

Hace seis años, estábamos confrontados a las graves transgresiones y las muertes de civiles ocurridas en los últimos meses de la larga guerra civil de Sri Lanka. Este Consejo se comprometió profundamente con la necesidad de exigir responsabilidades, como medida indispensable para la reconciliación en ese país. El miércoles daré a conocer el informe sobre la investigación exhaustiva que se encargó al ACNUDH en marzo de 2014, que contiene mis recomendaciones. Sus conclusiones son muy graves.

Aplaudo la visión que ha demostrado el Presidente Sirisena desde que fue elegido en enero de 2015 y los compromisos contraídos por el nuevo gobierno que dirige. Pero este Consejo, en aras del pueblo de Sri Lanka y de su propia credibilidad, debe garantizar la realización de un proceso de exigencia de responsabilidades capaz de generar resultados, cambios decisivos que permitan superar los errores pasados y propicien las profundas transformaciones institucionales necesarias para prevenir la repetición de esos hechos.

Durante la misión que realicé a la República Centroafricana a principios de este mes, se formularon nuevas denuncias acerca la explotación sexual de una menor por un soldado de la Operación Sangaris. Aunque esta fuerza no formó parte de la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, creo firmemente que ha llegado el momento de que los Estados Miembros tomen medidas decisivas en lo tocante a la investigación y el juicio ante un tribunal militar de los soldados que participaron en esos abusos, en consonancia con las recomendaciones que formulé hace diez años, cuando era asesor del Secretario General sobre el tema, y que fueron refrendadas recientemente por el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas.

En junio viajé a Seúl para inaugurar la nueva oficina del ACNUDH. De conformidad con el mandato de este Consejo, esa oficina será el polo de supervisión, preparación de informes y colaboración en materia de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Espero con agrado la oportunidad de aportar al Consejo información actualizada al respecto, a lo largo de este periodo de sesiones. Permítanme señalar también que, a petición del Consejo, me propongo enviar una misión a Sudán del Sur en octubre próximo.

Más adelante en este periodo de sesiones se les proporcionará información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, Libia y Ucrania, así como sobre las violaciones y atrocidades cometidas por el grupo Boko Haram. Mi oficina presentará informes sobre los derechos humanos en Yemen, la asistencia técnica prestada a Irak y la labor que la oficina realiza en Camboya. 

Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presentará los “Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre los recursos y procedimientos relacionados con el derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal”. Este nuevo instrumento de protección, que se elaboró a petición del Consejo y mediante una amplia consulta mundial, reúne y complementa a las normas existentes del derecho, los criterios y la jurisprudencia internacionales. Doy la enhorabuena al Grupo de Trabajo por esta contribución fundamental a la protección de cualquier persona contra la detención arbitraria, que abarca la detención secreta, la detención prolongada e incomunicada, la desaparición forzada y la tortura.   

Somos demasiado pocos lo que estamos al corriente de las violaciones específicas de derechos humanos que padecen millones de personas intersexuales. Porque sus cuerpos no corresponden a las definiciones típicas de hombre o mujer, a los niños y adultos intersexuales se les suele someter a la esterilización forzada y a otras modalidades de cirugía irreversibles e innecesarias, además de que sufren discriminación en la escuela, el centro de trabajo y otros contextos. Estamos preparando una reunión de expertos que definirá las medidas que los Estados y otras instancias pueden adoptar para poner fin a esos abusos.

Señor Presidente,
Excelencias:

El 13 de julio presenté a los Estados Miembros un informe exhaustivo sobre la Iniciativa para el Cambio [Change Initiative] del ACNUDH. Hice hincapié en que los centros regionales que hemos planificado pondrán a la institución en condiciones de colaborar más estrechamente con los Estados Miembros, velar por una auténtica universalidad y facilitar más apoyo a las recomendaciones del Consejo. Estos centros equilibrarán más nuestra labor en términos geográficos, sin necesidad de un aumento del presupuesto ordinario. De hecho, la descentralización de recursos generará ahorros que podrán reinvertirse, para fortalecer el apoyo que podamos suministrar.        

Es en este contexto que hago un llamamiento a los Estados Miembros para que respalden la propuesta de presupuesto ordinario del ACNUDH para el bienio 2016-2017, por un importe de 198,7 millones de dólares. Creo que esta solicitud de presupuesto debería considerarse como una asignación mínima, habida cuenta de la amplitud y profundidad de la labor que realizamos, y que refleja el esfuerzo considerable llevado a cabo para que esta oficina sea más eficaz y eficiente. Contamos con que sus gobiernos nos ayudarán y en las próximas semanas daré seguimiento a este tema con muchos de ustedes.

Señor Presidente:

Una secuencia de aniversarios, que empezó hace un año con la celebración de la final de la Primera Guerra Mundial y continuó a lo largo de los últimos meses, con la liberación del campo de concentración de Auschwitz y los horrores de Hiroshima y Nagasaki, nos invitó a examinar de nuevo las lecciones que llevaron a la creación de nuestra institución. Esas lecciones no pueden caer en el olvido cuando desaparezca la generación que ha tenido la vivencia de esos conflictos armados. Son lecciones que nos enseñan no sólo la piedad y el horror ante sufrimientos atroces y vidas rotas, no sólo la admiración por actos extraordinarios de valor y reciedumbre personal, sino también la sabiduría, las arduas enseñanzas del liderazgo político.  

En meses recientes, he meditado también sobre los genocidios de Rwanda y Srebrenica. Tuve el privilegio de conversar con tres ancianas surcoreanas que fueron víctimas de la esclavitud sexual durante la guerra, que merecen ser honradas con un auténtico reconocimiento de lo que tuvieron que sufrir. Y, como tantos otros, me causó una profunda aflicción el destino del niño pequeño tendido en la playa, que en su vida y en su muerte simboliza las injusticias que padecen tantos otros seres humanos.

Nuestras vidas están vinculadas entre sí. Los actos y las decisiones de un país afectan a muchos otros Estados; trastornan las vidas de numerosas personas, no menos importantes ni menos humanas que ustedes o que yo. Cuando no se defienden los principios fundamentales de derechos humanos, el centro de nuestra institución ya no se tiene en pie. Son esos principios los que fomentan el desarrollo que es sostenible, la paz que es segura y las vidas con dignidad.

Muchas gracias.