Ante el incremento de las matanzas, la impunidad generalizada y el socavamiento del derecho internacional, Türk pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que invierta en derechos humanos

Distinguido Presidente,
Excelencias,

Este es un momento importante y muy peligroso: para la vida humana, los derechos humanos, y la estabilidad y prosperidad de los Estados.

Los conflictos se intensifican y se propagan.

El derecho internacional se socava en medio de una impunidad generalizada.

La promesa de la Agenda para el Desarrollo Sostenible se está quebrando.

El cambio climático y otras crisis planetarias se aceleran.

La crítica se sanciona, al mismo tiempo que los espacios de debate y participación para la población en las decisiones se cierran.

El odio, basado en el sexo, la raza, la religión, la orientación sexual u otras características, se dispara y alimenta la discriminación, las divisiones y la violencia.

Y a medida que todas esas amenazas, y más, aumentan, la eficacia de las instituciones multilaterales se ve reducida por la polarización de la comunidad internacional en bloques cada vez más antagonistas.

Es precisamente en el contexto de estas crisis donde los derechos humanos ofrecen soluciones eficaces.

Por tanto, a mitad de mi mandato, y según examinan el informe que tienen ante ustedes, el cual describe la labor de mi Oficina en cada región, quisiera proponer unas medidas clave que podrían ayudar a los Estados a resolver las cuestiones que están destrozando nuestras sociedades, y nuestro mundo.

Distinguidos delegados y delegadas,

Sabemos que la injusticia profunda y prolongada desemboca en tensiones que pueden estallar en violencia.

Sabemos que la guerra, de no tratarse sus causas, se propagará en zonas de batalla nuevas; y que sus efectos seguirán e incluso se ampliarán en las generaciones futuras.

La opresión prolongada del pueblo palestino y los ciclos continuos de odio, muerte y destrucción en el Territorio Palestino Ocupado, y otros lugares de Oriente Medio, son una prueba trágica de este hecho.

Durante décadas, la ocupación israelí del territorio palestino ha privado a generaciones de ciudadanos palestinos de sus derechos: a la libre determinación, a la igualdad, a la dignidad, y a mucho más.

Está claro que no hay justificación alguna para las atrocidades horribles que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron el 7 de octubre contra los israelíes.

Durante el año siguiente, más de 42 000 personas palestinas han sido asesinadas en Gaza, en su mayor parte mujeres y niños, a consecuencia de la incesante e intensa ofensiva militar israelí.

Hemos asistido a violaciones recurrentes de los preceptos fundamentales del derecho internacional humanitario que pueden constituir crímenes de guerra y otros crímenes atroces. No me cansaré de recalcar las condiciones de supervivencia desesperadas de la población palestina en Gaza.

Y además de todo esto, el gran trauma que se ha infligido a la población de Israel y Gaza.  

Casi 1,9 millones de personas en Gaza han resultado desplazadas, muchas en repetidas ocasiones. Las operaciones militares israelíes han provocado la destrucción de viviendas, centros sanitarios e infraestructuras en toda Gaza. La asistencia y ayuda humanitaria apropiada se ha visto entorpecida y denegada de forma sistemática. Un número indeterminado de personas ha fallecido por la falta de alimentos, agua, saneamiento, higiene, refugio y asistencia sanitaria. No hay ningún lugar seguro, y la población está aterrorizada. Mientras tanto, los grupos armados palestinos operan entre la población civil, retienen a rehenes y disparan misiles contra Israel de forma indiscriminada, en flagrante violación del derecho internacional.

Asimismo, la guerra de un año de duración en Gaza ha venido acompañada de una mayor opresión, segregación y violencia israelí en la Ribera Occidental ocupada.

Más recientemente, meses de cruce de misiles entre Hizbulá y las fuerzas israelíes en toda la frontera entre Líbano e Israel han desembocado en una espiral de violencia de mayor escala, e incluso de mayor peligro, con la presencia actual de tropas israelíes en Líbano. El coste en vidas de civiles e infraestructuras es cada día más alto.

La implicación de Irán, así como de actores no estatales en Yemen e Iraq, proyecta la amenaza de una guerra más amplia y terrible, una que podría sepultar las vidas, las esperanzas y los derechos humanos de la población de toda la región.

Mientras tanto en Ucrania, nos aproximamos a los 1000 días desde la invasión rusa a gran escala. La guerra ha devastado la vida de la población, y sus esperanzas de futuro; dejará un legado de traumas y pérdidas para las generaciones venideras.  La población civil ucraniana está aterrada por los ataques de la Federación de Rusia a hospitales, escuelas, viviendas y supermercados, y los ataques repetidos contra infraestructuras energéticas vitales ha provocado apagones frecuentes en todo el país.

Julio de 2024 fue el mes más mortífero para la población ucraniana desde octubre de 2022, según ha registrado mi Oficina; y temo este próximo invierno por la población ucraniana. También hay informes de muertes de civiles en Rusia.

En Sudán, ha estallado un conflicto atroz desde abril de 2023, en el que dos partes enfrentadas, grupos afiliados y actores regionales compiten por la influencia y el poder.  La guerra indiscriminada y los ataques selectivos, incluyendo ataques por razones de etnia y violencia sexual, han obligado a más de 10 millones de personas —una quinta parte de toda la población— a huir de sus hogares.

Más de 25 millones de personas sufren hambre extrema. Se ha declarado la hambruna en un campamento y constituye una amenaza real para 13 zonas del país. Resulta fundamental poner fin a este conflicto, y centrar las iniciativas de mediación en la rendición de cuentas y los derechos humanos a fin de evitar la discriminación persistente, los ciclos de violencia recurrentes y las atrocidades.

Insto a los Estados con influencia a que insistan en que las partes cesen las hostilidades y adopten medidas para proteger a la población civil y facilitar la ayuda humanitaria tan necesaria. Es esencial poner fin al flujo de armas procedentes del extranjero; el cumplimiento del embargo de armas del Consejo de Seguridad relativo a Darfur debe ser prioritario.

La crisis de Myanmar sigue mostrando la cara más tenebrosa de la humanidad, con nuevos ataques aéreos y de artillería contra la población civil, detenciones masivas, y denuncias de ejecuciones extrajudiciales que no cesan, en medio de una impunidad opresiva.

La población civil está pagando el precio más alto, con algunas de las cifras más elevadas de víctimas civiles registradas desde el inicio de la crisis en 2021, a la vez que la comunidad rohinyá sigue arrinconada violentamente al norte del estado de Rakáin sin ningún lugar seguro al que acudir.

Distinguidos delegados y delegadas,

Esta violencia no ha hecho sentir más seguro a nadie.

La guerra destruye. Destruye vidas. Comunidades, infraestructuras y desarrollo.

Daña profundamente el medioambiente, al mismo tiempo que envenena los ecosistemas y asfixia el futuro de la humanidad.

La guerra también envenena las mentes. Destruye la empatía. Suscita crueldad y una indiferencia despiadada ante el sufrimiento, que alimenta la maquinaria atávica de la venganza y la represalia.

La impunidad e injusticias continuas erosionan los valores esenciales de la humanidad, y empujan a los jóvenes a ideas extremistas, lo cual alimenta ciclos nuevos de destrucción y dolor.

La guerra solo puede acabar cuando el respeto por los derechos humanos restablezca la razón, la justicia y la compasión.

En todos estos conflictos, el acceso de los observadores de derechos humanos se ve bloqueado en numerosos lugares. Ese acceso resulta crucial.

La claridad que deriva del trabajo de supervisión efectuado por mi Oficina es fundamental para la alerta temprana; la prevención; la rendición de cuentas; y para consolidar una paz con posibilidades de perdurar, puesto que aborda las causas principales y lleva a que se haga justicia.

En 2023, los datos que mi Oficina pudo recabar apuntan a un aumento acusado del número de muertes de civiles en todo el mundo en conflictos armados, y de mujeres y niños asesinados o heridos.

En medio de esa carnicería en aumento, mi Oficina ha documentado cada vez más patrones que sugieren la perpetración de crímenes de guerra y otros crímenes atroces, así como la desconsideración de las decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad y de la Corte Internacional de Justicia.

El derecho internacional es el cimiento que generaciones anteriores a nosotros crearon para proteger a la humanidad de la autodestrucción. Sin leyes, solo hay violencia, injusticia y explotación.

En la memoria de todos los Estados de las Naciones Unidas subyace la manifestación lacerante del tipo de masacre y miseria que se evita con el respeto de las normas jurídicas.

Sin embargo, todas las semanas parece que se cruzan las líneas rojas. Los requisitos básicos mínimos, el respeto por la soberanía, por las leyes de la guerra y por los derechos humanos, se incumplen.

Desde la humildad, mi Oficina hace todo lo posible para resaltar esos actos, y para defender la rendición de cuentas y el respeto.

Distinguidos delegados y delegadas,

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un instrumento esencial de derechos humanos que ataja las causas principales de los conflictos y promete vidas dignas a todas las personas.

Pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible han empeorado sus resultados. El informe anual sobre los progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible indica que solo el 17 % de los objetivos están bien encaminados. El avance en el 50 % de ellos es deficiente e insuficiente. Y el avance en más de un tercio de los ODS se encuentra estancado o en retroceso por debajo de los niveles de 2015 cuando se establecieron los objetivos.

Todos los avances que han realizado los Estados desde 2005 para reducir la hambruna han desaparecido.  

Los efectos combinados de los conflictos, las crisis climáticas y la turbulencia económica de la pandemia de la COVID-19 están intensificado aún más las desigualdades preexistentes dentro de los países y entre ellos.

Las dificultades económicas conducen a muchas situaciones negativas.  Perjudican el desarrollo de las personas, a sus comunidades, sus sociedades, así como a economías nacionales enteras.  Pueden llegar a crear un clima duradero de tensión y violencia.

Pero a pesar de esto gobiernos de muchos países en desarrollo no pueden invertir en el derecho a alimentación, el derecho a salud, el derecho a educación o en otros muchos derechos fundamentales, ya que se ven maniatados por su deuda y por normas globales injustas en cuestiones fiscales y otras diferentes.  Los países en desarrollo se enfrentan a un déficit de financiación de 4 billones de dólares americanos para poder cumplir con los ODS, además de no contar con acceso a financiación para el desarrollo a unas tasas razonables.

El Pacto para el Futuro que se acordó el mes pasado supone un paso esencial hacia la construcción de una arquitectura financiera internacional más equitativa que permita a los Estados invertir en la Agenda 2023 y en los derechos humanos.

Insto a todos los Estados a respaldar reformas concretas en la arquitectura financiera mundial como prioridad de derechos humanos.

Es crucial también que anclemos sólidamente las economías nacionales en los derechos humanos, permitiendo que faciliten una mayor confianza y respeto, en sociedades que sean más estables y pacíficas, a través de una distribución más justa de los beneficios que ofrece el desarrollo.

Apelo a los gobiernos nacionales a que aseguren que sus políticas económicas se guíen por normas de derechos humanos, desde los presupuestos y la fiscalidad hasta las inversiones y la actividad económica.

De esa manera, podrán dar prioridad a la justicia y la dignidad, reducir las desigualdades, y asegurar (y permítanme que diga esto con total claridad, ya que es importante manifestarlo) los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos civiles y políticos; así como el derecho al desarrollo y el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible.

A pesar de todos los compromisos suscritos globalmente en derechos humanos, miles de millones de personas de todo el mundo, incluyendo muchos de los que viven en los países más ricos, viven actualmente sin acceso a estos derechos.

Mi Oficina trabaja en proyectos prácticos para desarrollar planes basados en los derechos humanos sobre fiscalidad y gasto público, en cooperación con las autoridades de una serie de países, entre los que se incluyen Brasil, Camboya, Camerún, Chad, Honduras, Jordania, Kenya, Malawi, Serbia, Uruguay, Zambia y Zimbabwe.

En uno de estos proyectos, nuestras propuestas ayudarían al Estado a aumentar sus ingresos fiscales de forma más equitativa y a reorientar el gasto público para dar prioridad a las necesidades y derechos de las personas.     En otro, estamos apoyando la cooperación entre comunidades locales, incluyendo a grupos marginados, a la hora de establecer prioridades para presupuestos locales.

En un tercer proyecto, se establecen análisis detallados y recomendados dirigidos a una atención neonatal y materna de mayor calidad y que pueda hacer frente a las necesidades y derechos de grupos marginales, incluyendo a personas que viven en pobreza extrema y los Pueblos Indígenas.

Otro conjunto de proyectos, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, implica ayudar a los Estados a mejorar la accesibilidad de programas de seguridad social destinados a trabajadores, de forma especial a aquellos que trabajan en la economía informal.

Este trabajo ya está muy avanzado en Etiopía, Camboya y Timor-Leste; ya hay en marcha varios proyectos en desarrollo en lo que se refiere a trabajadores domésticos en Etiopía, Rwanda, Tanzania, Uganda y Kenya; además esta colaboración se ampliará aún más en 2025.

Iniciativas prácticas como estas pueden ayudar a superar las divisiones políticas y económicas, apoyar a los Estados Miembros a cumplir con la promesa que ofrecen los ODS, y ayudar a sacar a las sociedades de las convulsiones y la división para fomentar una mayor solidaridad y respeto en el germen de las mismas.

Distinguidos delegados y delegadas,

Debemos aprender de las lecciones del pasado.  Los derechos humanos permiten el acceso a una gran riqueza de ventajas para todas las sociedades.

De igual manera, aquello que anima a todas las personas a aportar lo mejor que atesoran, acaba beneficiando a todo el conjunto de la sociedad.  El reconocimiento de la igualdad entre todos los seres humanos, así como el derecho universal a participar en la vida pública, son esenciales para construir la confianza entre las personas y el Estado.

Muchos miembros de este Comité han sido testigos de cómo atender la discriminación contra las minorías y los desfavorecidos puede ayudar a remediar los problemas y a construir sociedades más resilientes.

Los obstáculos contra la igualdad de las mujeres que vemos hoy en día son profundamente desconcertantes.      Estos obstáculos acaban perjudicando de manera injusta a millones de mujeres y niñas, además de privar a toda la sociedad de las contribuciones plenas que pueden aportar todos sus miembros.

En Afganistán, las restricciones de los Talibanes contra mujeres y niñas han llevado la persecución sistemática de género a otro nivel, manteniendo secuestrado el desarrollo económico y social de todo el país.

Combatir la discriminación contra las mujeres; contras los afrodescendientes y los Pueblos Indígenas; y contra cualquier grupo, por los motivos que sean: origen étnico, idioma, condición migratoria, discapacidad, edad, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra característica distinta, es un elemento clave en todos los aspectos que entrañan nuestra labor.  La inclusividad, la diversidad y el respeto por el otro refuerzan a todas las sociedades.

Un espacio público amplio y abierto en donde exista libertad de expresión y libre circulación de información crea resiliencia.  Abre nuevas ideas, hace frente a presuposiciones y contribuye a encontrar soluciones para los retos a los que nos enfrentamos.

Además la participación en la vida pública, incluyendo la que aportan mujeres, grupos minoritarios y jóvenes, promueve prestar una mayor atención a las reclamaciones y necesidades de las personas, con una gobernanza más receptiva y responsable.   

No obstante, a la vez que nuestro mundo está cada vez más militarizado, la cohesión social se desmorona y las tendencias autocráticas van en aumento.   Se atacan protestas legítimas; se restringe el espacio cívico; y en muchos países las prisiones están desbordadas.     

No obstante, una visión cerrada, rígida y donde prime reforzar la seguridad a toda costa no supone crear sociedades más seguras o un mundo más seguro.

Lo que consigue es que haya mayores posibilidades de que las sociedades terminen chocando.  Consigue que el mundo esté más presto a entablar guerras.

Debemos volver a construir un mundo de mentes abiertas, de confianza y de respeto.

Con respeto por la ley, la cual ha sido acordada por los Estados con el fin de proteger a las personas del mundo de la injusticia, violencia y daños insoportables.

Respeto por la diplomacia y la mediación, las cuales sustentan soluciones de cooperación y fomentan una cultura de paz.

Respeto de unos a los otros, y por nuestros derechos compartidos, equitativos y universales, los cuales suponen la expresión de lo que nos une.

Y respeto por las generaciones que nos sucederán, las generaciones del futuro.

Distinguidos delegados y delegadas,

Nuestros descendientes habrán de enfrentarse a las consecuencias de muchas de las decisiones que adoptemos hoy.

Y ya estamos comprometiendo sus derechos a través de nuestras acciones, y por nuestra falta de acción, acerca de dos amenazas emergentes.

En primer lugar el desarrollo sin supervisión de las tecnologías digitales , incluyendo la inteligencia artificial, la biotecnología y las armas autónomas letales, va a un ritmo más rápido que los esfuerzos que se llevan a cabo para regular sus riesgos.   

En segundo lugar, la crisis climática y el colapso de los ecosistemas son profundamente preocupantes.

Las vidas y derechos de los seres humanos, incluyendo el derecho a la privacidad y el derecho a un clima y medioambiente seguros, no pueden venderse a intereses corporativos, ya sean combustibles fósiles o tecnología digital.

El mes pasado, en la Cumbre del Futuro, los Estados sentaron las bases futuras de un multilateralismo que sea más efectivo, más interconectado e inclusivo, un multilateralismo que esté mejor situado para plantar cara a las amenazas de hoy y del futuro.  

El Pacto del Futuro, incluyendo la Declaración sobre las Generaciones Futuras y el Pacto Digital Global, apuntan a un futuro anclado en la dignidad, la justicia y los derechos humanos de todas las personas.   

Mi Oficina continuará abogando por marcos de gobernanza que se centren en emprender medidas que promocionen, y no erosionen, los derechos humanos.

Tras la celebración el año pasado del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mi Oficina sintetizó sus lecciones en un documento clave.  

Derechos Humanos: Una Hoja de Ruta para encontrar Soluciones señala la ruta a tomar hacia diseñar nuevas iniciativas para conseguir la paz; en favor de economías que funcionen para las personas y el planeta que compartimos; para una gobernanza eficaz y responsable; además de salvaguardas para amparar el progreso digital y científico.   

Mi Oficina está al servicio de todos los Estados Miembros, y de todas las sociedades, para ayudarles a hacer un uso más efectivo de los derechos humanos.

A algunos gobiernos y otros actores no les va a gustar siempre lo que tenemos que decir.  Pero yo les pido que no maten al mensajero, y que en su lugar se concentren en avanzar en nuestro objetivo común fundamental: la promoción y protección de los derechos humanos para todas las personas, en todos los lugares del mundo.

Yo les insto a todos ustedes a exprimir el uso de esta institución, ya que una Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que sea sólida y un ecosistema de derechos humanos en buen estado y que cuente con recursos suficientes son de interés general y va en beneficio de todos y todas.  

Seguiremos apoyando la importante labor que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos, su Examen Periódico Universal y los Procedimientos Especiales, así como a los Órganos de Tratado cuya labor sustenta el núcleo de la normativa internacional de derechos humanos.   

Procuraremos estar preparados de cara al futuro, a través de alianzas renovadas, racionalizando nuestra estructura interna, dando un nuevo énfasis al análisis de datos y a una perspectiva estratégica con el objeto de identificar y atender a riesgos potenciales para los derechos humanos.

Los derechos humanos son una inversión en la que vale la pena invertir.  El trabajo que realiza mi Oficina aporta beneficios descomunales para el planeta entero.

Debemos aprovechar las oportunidades que se presentan ante nosotros, incluyendo las que forman parte de las acciones de seguimiento del Pacto para el Futuro, con el fin de construir una paz sostenible, desarrollo, prosperidad y justicia.

Solicitamos a los miembros de este Comité que nos ofrezcan su apoyo a la hora de formar las alianzas y aportar los recursos necesarios para hacer frente a la urgencia y magnitud que caracterizan a esta tarea.

Gracias.