Es hora de que las empresas tomen medidas en pro de los derechos humanos, afirma Türk

Saludos cordiales.

Me complace tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy.

Recibo con satisfacción las ocasiones de interactuar con la comunidad empresarial, porque ustedes pueden ser socios fundamentales en el movimiento de derechos humanos.

Este año conmemoramos el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este notable documento, resultado de décadas de guerras, atrocidades, crímenes, pobreza, explotación e injusticia, nos proporcionó una plantilla para moldear el mundo, en búsqueda de libertad, igualdad y paz duraderas.

Aprobado en diciembre de 1948 por una incipiente Organización de las Naciones Unidas, la Declaración fue una respuesta colectiva y resuelta a la destrucción y el sufrimiento sin precedentes causado por dos guerras mundiales y el Holocausto.

Un modo pronunciar un enérgico: “nunca más”.

Una declaración en la que se reconocía que el único camino hacia una paz duradera pasaba por la protección de los derechos humanos.

Y en la que la comunidad internacional enunciaba, por vez primera con carácter mundial, cuáles eran esos derechos, derivados de valores compartidos por diversas historias y culturas.

Libertad de opinión y libertad de expresión. Libertad de asociación y de reunión pacífica. Libertad de culto y de creencia.

Derecho a vivir libre de toda forma de discriminación y a participar en los asuntos públicos, de manera autónoma y significativa.

Derecho a la educación, la atención sanitaria, la alimentación adecuada, el agua potable y la vivienda.

Derecho a trabajar en condiciones adecuadas.

Todos estos derechos, basados en el pleno reconocimiento de nuestra humanidad común, convierten a la DUDH en un documento visionario.
Pero su promulgación no fue un acto de mero idealismo.

La DUDH es un documento profundamente pragmático que, al igual que ayer, nos proporciona hoy una bitácora certera que apunta al futuro.

La Declaración, que es el documento más traducido de la historia, ha cumplido una función extraordinaria en los progresos logrados desde su aprobación, en 1948.

El papel que ha desempeñado abarca desde el desmantelamiento de estructuras que perpetuaban la discriminación racial y de género, hasta el notable impulso a la educación y el cuidado sanitario, así como el aumento de la participación en la vida pública que, entre otras, ha facilitado un extraordinario desarrollo de la sociedad civil en el mundo entero.

Ahora, 75 años después de su adopción, nos hallamos de nuevo en una encrucijada.

Y las decisiones que vamos a tomar en ella marcarán el rumbo de la humanidad durante las generaciones venideras.

Nos enfrentamos a crisis existenciales en lo tocante a la emergencia climática y la maravilla tecnológica sin precedentes que representa la Inteligencia Artificial.

Al mismo tiempo, debemos afrontar profundas tensiones geopolíticas, conflictos devastadores y una ofensiva abierta contra los derechos humanos.

De modo que la celebración de la Declaración es algo más que un simple momento de reflexión o de complacencia.

Debe ser un momento de acción y exhorto a todos y cada uno de ustedes a que asuman su responsabilidad al respecto.

Aunque la Declaración se concibió principalmente pensando en los Estados, en su preámbulo estipula con claridad que “todos los órganos de la sociedad” deben colaborar en la consecución del proyecto.

Y, como ustedes saben, desde su aprobación, el marco internacional de derechos humanos ha evolucionado no sólo para abarcar un rico conjunto de órganos de tratados estatales, sino hasta incluir también la función que las empresas deben y pueden desempeñar para hacer realidad todo el potencial de los derechos humanos.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos proporcionan la necesaria claridad en lo relativo a la responsabilidad de las empresas respecto a todas las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

Los Principios Rectores también explican las obligaciones actuales de los Estados en lo relativo a velar por que las empresas funcionen sin perjudicar a las personas.

Y lo que es aún más importante, las vías de reparación que han de estar disponibles en caso de que ocurran esos perjuicios.

Muchas de las empresas que asisten a esta conferencia han anunciado su compromiso con los Principios Rectores.

Aplaudo esta iniciativa y les exhorto a todos ustedes a que alienten a sus homólogos para que se sumen a ella.

Pero los derechos humanos no prosperan únicamente gracias a los compromisos públicos.

Tienen que florecer en la vida cotidiana –“en pequeños lugares, cerca del hogar”, para citar la frase de Eleanor Roosevelt, una de las redactoras de la DUDH-.

En el mundo de hoy, los “pequeños lugares, cerca del hogar” significan, para muchos de nosotros, los modos de interacción con las tecnologías digitales.

Ayer, ustedes asistieron a una mesa redonda en la que se desarrolló un excelente debate sobre la IA y los derechos humanos.

En este debate participaron representantes de algunas empresas que están en la vanguardia de la responsabilidad de gestionar, en términos de derechos humanos, el riesgo que entrañan la IA y otras tecnologías digitales.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asisto actualmente en Nueva York, el Secretario General ha expresado reiteradamente su honda preocupación sobre los riesgos que comporta la IA, en particular la IA generativa.

Esto no significa que desdeñemos las enormes oportunidades que la IA ofrece, entre otras la posibilidad de acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Pero las amenazas que la IA representa para los derechos humanos no es un asunto meramente teórico.

Es algo que ya podemos ver.

Desde agravar los prejuicios en el sistema de justicia penal hasta facilitar la vigilancia masiva y aumentar la polarización de nuestras sociedades mientras padecemos un alud de discursos de odio y desinformación, a menudo desproporcionada, dirigida contra las niñas y las mujeres.

La complejidad de los desafíos en materia de derechos humanos que plantea la IA exige la colaboración de todos.

Tengo la firme convicción de que las empresas solo podrán desempeñar su función en la prevención y atenuación de estos retos, si sus respuestas están ancladas en los valores expresados en la Declaración y ratificados en los Principios Rectores.

Con este propósito, mi Oficina colabora con varias empresas tecnológicas, entre otras Microsoft, META y Google, que estuvieron representadas en la mesa redonda de ayer, en el marco de nuestro Proyecto B-Tech.

Esta iniciativa mejora actualmente la comprensión de cómo las empresas de tecnología pueden cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Y ha permitido constituir una comunidad de expertos cuyas experiencias compartidas pueden mejorar las estrategias de derechos humanos en el mundo entero.

Exhorto a todos los miembros del sector tecnológico a que apliquen las herramientas y directrices prácticas que ha proporcionado la iniciativa B-Tech.

Y a que colaboren directamente con nosotros, a medida que vayan mejorando sus políticas y medidas prácticas.

Las estrategias colectivas de construcción, que vinculan diferentes experiencias mediante los valores comunes consagrados en los principios de derechos humanos, también son fundamentales para garantizar una transición justa.

Las inundaciones ocurridas recientemente en Derma (Libia), donde según se informa murieron más de 3.500 personas, son un vergonzoso recordatorio de que los grupos más vulnerables están pagando los costos de la emergencia climática.

Asimismo, a quienes están en peores condiciones económicas se les pide que contribuyan a sufragar los costos de la descarbonización.

La pérdida de medios de subsistencia, -tanto la real como la prevista- junto con el encarecimiento del costo de la vida, están impulsando una reacción social y política en contra de las medidas climáticas en numerosos países.

Hasta el punto de que no podemos perder más tiempo si queremos alcanzar el objetivo de cero emisiones.

¿Cómo podemos, pues, garantizar una transición justa?

Tengo la convicción de que muchas de las soluciones están, una vez más, en la hoja de ruta que nos ofrecen los derechos humanos.

Porque los derechos humanos priorizan a las personas, al situarlas en el centro de la acción.

Es a los individuos -considerados por categorías como los trabajadores, los miembros de comunidades o consumidores- a quienes hay que consultar desde el principio sobre los planes de transición. 

Y cuyos derechos y preocupaciones deben tenerse en cuenta para elaborar los planes que luego ejecutarán las empresas y los gobiernos.

Para que las transiciones sean justas e integradoras, es preciso desarrollar cuanto antes un concepto claro de lo que significa el adjetivo “justo/justa”.

Sin esa claridad, es probable que los esfuerzos de las empresas, por bien intencionados que sean, resulten insuficientes. Y además, existe el riesgo de que los grupos mayores absorban a los más pequeños.

Los interesados deben coordinar esfuerzos para elaborar sistemas de medición diáfanos y trazar estrategias eficaces que faciliten la aplicación de la debida diligencia, junto con las evaluaciones medioambientales que aseguren la prevención y mitigación adecuadas, así como las formas de compensar los perjuicios.

Recibo con gran satisfacción las iniciativas que surgen, especialmente en la sociedad civil, encaminadas a elaborar un corpus empírico de métodos eficaces, basados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

En este sentido, el debate celebrado ayer en torno al tema de una transición justa fue especialmente esclarecedor.

Y además, necesitamos un contexto propicio, en el que cabe destacar dos factores.

Primero, las inversiones adecuadas -y en este aspecto veo síntomas alentadores en la comunidad de inversores de que los mercados empiezan a comprender las nuevas tendencias.

Luego, junto a las inversiones necesarias, las regulaciones eficaces y las medidas políticas.

Estas medidas aportan los incentivos y las salvaguardas esenciales para que las empresas, los inversores y los terratenientes se sumen al proyecto de cambio.

Y proporcionan además un marco de apoyo y protección para los individuos y colectivos perjudicados.

Una “combinación ponderada”, que incluya fondos “verdes” dotados de los recursos adecuados, estrategias de regulación que premien la innovación responsable, una protección social y laboral sólida, programas de capacitación y creación de empleo personalizados y diálogos locales y nacionales que congreguen a todos los interesados, a fin de generar consensos.

Y esa “combinación ponderada” de iniciativas voluntarias y regulaciones será decisiva para lograr mayores progresos, tanto en el ámbito empresarial como en el de los derechos humanos.

Como muchos de ustedes ya saben, existe una nueva tendencia en favor de elaborar leyes nacionales sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Aplaudo esta tendencia y encomio los esfuerzos de la sociedad civil y las empresas progresistas que tratan de impulsarla.

Pero la legislación por sí sola no es la respuesta. Es preciso que esas leyes se ajusten plenamente a las normas internacionales, en particular a los Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

Las empresas pueden desempeñar varias funciones esenciales para asegurar este ajuste.

Una no menor consistiría en velar por que su participación en el proceso legislativo no se convierta en una forma de cabildeo que vulnere el marco internacional de derechos humanos.

Amigos míos:

Permítanme retomar la idea de que este es un momento para la acción.

A principios de este año, evocando el aniversario de la DUDH, señalé que los derechos humanos encierran una promesa de soluciones.

Con ese ánimo positivo, mi Oficina ha venido desarrollando la iniciativa Derechos Humanos 75, orientada a convertir este hito histórico en una auténtica oportunidad.

Hemos venido escuchando a personas y comunidades de todas las regiones a fin de comprender sus prioridades en materia de derechos humanos.

De hecho, el barómetro mundial publicado el mes pasado por la asociación Open Society Foundations confirmó lo que ya sabíamos gracias a esas consultas y a nuestra labor cotidiana.

El 72 por ciento de los encuestados opinaron que los derechos humanos habían sido“una fuerza positiva” en el mundo y un porcentaje similar afirmó que los derechos humanos reflejaban sus propios valores.

Debemos aprovechar este aniversario para responder decididamente a estas opiniones del mundo entero, unánimes en la creencia de la promesa que encierran los derechos humanos.

En el marco de la iniciativa Derechos Humanos 75, he solicitado declaraciones de compromiso de los Estados, la sociedad civil y otros agentes, entre ellos las empresas, que tienen la capacidad de marcar la diferencia en el disfrute de los derechos humanos, tanto hoy como en los decenios venideros.

Agradezco las declaraciones ya recibidas e invito a que otras compañías se adhieran a la iniciativa.

En el sitio web de la Oficina del ACNUDH figuran las directrices específicas relativas al tipo de promesa que las empresas pueden formular, tanto con carácter individual como en colaboración otros participantes.

Esos compromisos pueden consistir en la promesa de aplicar las prácticas de debida diligencia en materia de derechos humanos o de entablar consultas con las comunidades afectadas por sus operaciones.

O incluso podrían concretarse mediante un donativo al ACNUDH para apoyar la creación de un servicio de asistencia sobre las empresas y los derechos humanos.

Una parte significativa de nuestro presupuesto anual depende de las contribuciones voluntarias de los Estados y otros asociados.

Sin embargo, tratamos de satisfacer la creciente demanda de una amplia gama de asociados empresariales que buscan la manera de cumplir con sus obligaciones en lo tocante a los derechos humanos.

Un esfuerzo motivado no sólo por el deseo de hacer lo correcto, sino también, en algunos casos, por las pruebas empíricas que apuntan a su repercusión sobre la cuenta de resultados empresariales.

Las contribuciones prometidas nos ayudarían a crear un servicio de asistencia específicamente dedicado a responder de manera rápida y exhaustiva a vuestras peticiones.

Cualquiera que sea la ruta escogida, les insto a participar en esta campaña de aniversario.

Ustedes tienen la capacidad de aportar una enorme contribución.

Aprovechemos esta oportunidad para revitalizar nuestro compromiso, no solo con el espíritu de la DUDH, sino también con llamamiento a que todos colaboremos para hacer realidad el ideario de un mundo más justo, pacífico y equitativo.

Muchas gracias.