Diálogo interactivo sobre el informe del ACNUDH relativo a Sri Lanka

Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos,

En cumplimiento de su resolución 51/1 de octubre de 2022, el Consejo ha recibido el documento del Alto Comisionado que actualiza por escrito la situación de los derechos humanos en Sri Lanka.

Un año después del notable movimiento de protesta que exigió profundas reformas políticas y democráticas, la transformación que se esperaba para abordar los retos pendientes todavía no se ha concretado. El país sigue enfrentado a las consecuencias de la grave crisis económica de 2022 y las tensiones actuales de la economía mundial. Los retrasos en la celebración de las elecciones para renovar los gobiernos locales y reorganizar los consejos provinciales en virtud de la 13ra. Enmienda han limitado el derecho del pueblo a la participación política y la libre expresión de los votantes.

La crisis económica ha afectado de manera significativa el disfrute de los derechos de amplios sectores de la población del país, pero su repercusión ha sido máxima en las comunidades pobres y marginadas. Al duplicarse el índice de pobreza en un solo año, pasando del 13% en 2021 al 25% en 2022, otros dos millones y medio de personas se han sumido en la pobreza y se calcula que el 37% de los hogares se enfrenta ya a la inseguridad alimentaria aguda.

A medida que el gobierno aplica sus políticas de recuperación económica, su acción debería guiarse por la obligación de proteger a la población más vulnerable, según estipula el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La comunidad internacional, comprendidas las instituciones financieras internacionales,  deben mantener el apoyo a Sri Lanka durante la recuperación, de conformidad con las obligaciones relativas a la cooperación y la asistencia internacional, facilitando el margen fiscal necesario, mientras presionan en favor de progresos genuinos en materia de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.

Las dificultades financieras, las tensiones relativas a las políticas de reforma económica y estructural, y la postergación de las elecciones locales siguen suscitando protestas. La adquisición de terrenos en el norte y el este del país para ampliar instalaciones militares, la preservación del patrimonio budista en zonas hindúes o mulsulmanas y la protección de los bosques también han contribuido a agravar las tensiones.

Nuestra Oficina sigue recibiendo denuncias por casos de uso indebido de gas lacrimógeno y cañones de agua durante las protestas, que han afectado a los manifestantes y al personal de prensa. También se han bloqueado iniciativas realizadas por las víctimas para honrar la memoria de sus seres queridos. Estas medidas que limitan el derecho a protestar solo van a generar más tensión en el país, porque impiden que la población exprese sus agravios y participe en el debate público. Es indispensable que el gobierno garantice un contexto respetuoso de la libertad de expresión, la reunión pacífica y el espacio democrático, como fundamento de la reconciliación y la cohesión social.

El informe presenta un análisis de las preocupaciones que plantean algunas de las leyes propuestas, en particular la Ley Antiterrorista que debe sustituir a la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), y la nueva legislación que regulará los medios de prensa. En el informe se pide una prórroga en la vigencia de la PTA y, mientras tanto, un examen de los casos cuyos trámites deberían acelerarse.

Catorce años después del final de la guerra, decenas de miles de víctimas y sus familias siguen padeciendo el sufrimiento y la angustia, mientras esperan que se revele la verdad de lo ocurrido, se haga justicia y se proporcionen remedios. En el informe se reconocen las iniciativas del gobierno para propiciar la reconciliación, incluida su propuesta de crear un nuevo mecanismo de investigación. Pero en el documento también se hace hincapié en la necesidad de aplicar medidas urgentes que permitan fomentar la confianza, a fin de crear un contexto en el que puedan salir adelante la verdadera reconciliación y los procesos de justicia de transición.

Entre estas medidas figuran las consultas significativas y transparentes con víctimas y miembros de la sociedad civil sobre las actuales propuestas de investigación, así como la supresión de todas las formas de acoso y vigilancia ilícita y arbitraria contra los grupos de víctimas y los defensores de derechos humanos, y el apoyo a las iniciativas orientadas a reconocer y conmemorar la experiencia de las víctimas.

Por sí sola, la búsqueda de la verdad no será suficiente y debería ir acompañada de un compromiso inequívoco con la rendición de cuentas, incluso mediante la creación de un tribunal especial ad hoc.

En el informe se recomienda al gobierno que acelere las investigaciones y el procesamiento jurídico de casos emblemáticos de vulneraciones de derechos humanos, tales como los atentados dinamiteros del domingo de Pascua, en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, con la plena participación de las víctimas y sus representantes.

Señor Presidente,
Excelencias,

Al tiempo que toma nota del rechazo del gobierno a las resoluciones 46/1 y 51/1, el informe actualiza el trabajo sobre el proyecto de rendición de cuentas creado por nuestra Oficina para compilar, consolidar, analizar y preservar las pruebas y la información al respecto, y proporcionar apoyo a las medidas judiciales pertinentes y otros procedimientos, incluso los aplicables en los Estados Miembros que disponen de la jurisdicción competente. Este proyecto recibe cada vez más peticiones de las autoridades estatales, incluso en relación con los 10 individuos mencionados hasta la fecha.

Este proyecto ha logrado avances significativos en la elaboración de un depósito de información y pruebas, basado en lagunas y prioridades, con miras a investigaciones ulteriores. Además, el equipo del proyecto colabora activamente con la sociedad civil, comprendidos los representantes de las víctimas.

Señor Presidente,
Excelencias,

La rendición de cuentas es esencial para garantizar el presente y el futuro de Sri Lanka. Aunque sigue siendo obligación de las autoridades de Sri Lanka reconocer las anteriores violaciones de derechos y adoptar medidas de transparencia creíbles, este Consejo y los Estados Miembros pueden desempeñar una función importante y complementaria en la promoción de la rendición de cuentas.

Mi Oficina mantiene el compromiso de apoyar al pueblo y el gobierno de Sri Lanka en la promoción de la reconciliación y la rendición de cuentas, así como en el pleno disfrute de los derechos humanos.