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La pobreza sigue siendo un problema predominantemente rural. El 80 por ciento de las personas que padecen hambre viven en zonas rurales, especialmente en los países en desarrollo, y el 50 por ciento son campesinos que explotan pequeñas parcelas con métodos tradicionales, así como temporeros del campo y otros trabajadores rurales.

Los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales son particularmente vulnerables a la discriminación y a una amplia gama de abusos de derechos humanos, entre otros el acceso irregular a la tierra, los recursos alimentarios adecuados y los mercados, así como otras amenazas a sus medios de subsistencia, derivadas del cambio climático, la usurpación de sus tierras y las prácticas laborales abusivas.

Las mujeres y las niñas en particular se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, la violencia y el cambio climático, así como por la falta de desarrollo, acceso seguro al agua potable y los saneamientos, acceso a los proyectos científicos y reconocimiento de sus contribuciones a la ciencia.

Al establecer este mandato, el Consejo de Derechos Humanos trata de promover y facilitar la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2018 y así contribuir a la mejora de las condiciones de vida y los derechos humanos de las poblaciones rurales en el mundo entero.