Bangladesh: Türk denuncia la represión gubernamental a la vez que insta a respetar la normativa internacional de derechos humanos

GINEBRA  – El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk apeló hoy al gobierno de Bangladesh a revelar de forma urgente todos los detalles acerca de las represiones contra las protestas de la semana pasada, después de que existan cada vez más denuncias de horribles actos de violencia, y a asegurar que todas las operaciones de aplicación de la ley respetan las normas internacionales de derechos humanos.   

Los últimos informes señalan que más de 170 personas resultaron muertas y más de mil heridas, y que incluso a algunas de ellas se les denegó asistencia médica, además de otras miles que siguen desaparecidas, tras protestas por parte de estudiantes y movimientos juveniles contra las políticas gubernamentales.  Al menos dos periodistas fueron aparentemente asesinados y otros muchos resultaron heridos.  También hubo supuestamente cientos de detenidos, entre los que se encontraban figuras importantes de la oposición.

«Según datos que manejamos muchas personas fueron víctimas de ataques violentos por parte de grupos supuestamente afiliados al Gobierno, y no se hizo esfuerzo alguno por defenderlas,» declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Con el fin de empezar a restablecer la confianza pública, que ha quedado gravemente dañada, y poder crear un entorno favorable al diálogo público sobre las cuestiones que subyacen a las protestas y que condujeron a esta ola de violencia, apelo al Gobierno a que garantice que todas las operaciones efectuadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley se atengan de forma estricta a las normas internacionales de derechos humanos, de forma especial en lo que respecta al control y gestión de las protestas, incluyendo el uso de la fuerza.»

Türk solicitó al Gobierno que restablezca el pleno acceso a internet para permitir a todas las personas, incluyendo periodistas y medios de comunicación, comunicarse libremente y en conformidad con el derecho internacional. Él añadió que el Gobierno tiene la obligación de proporcionar detalles sobre las personas que resultaron muertas, heridas o detenidas, por el bien de sus familias.

«Las medidas tajantes y poco apropiadas como son un bloqueo completo y deliberado de internet durante un período prolongado de tiempo contravienen el derecho internacional, lo que afecta a las obligaciones de los Estados de respetar la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, así como una amplia gama de otros derechos, incluyendo la libertad de asociación y movimiento, los derechos a la salud y la educación, además de varios derechos económicos,» aseveró el Alto Comisionado.

«Los cierres de internet pueden reducir asimismo el escrutinio público y el conocimiento de las acciones de los organismos encargados de aplicar la ley, por lo que existe el riesgo de que exista una mayor impunidad por las acciones que emprendan.»  

El Alto Comisionado hizo un llamamiento a llevar a cabo una investigación imparcial, independiente y transparente sobre todas las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas, a la vez que ofreció el apoyo de su Oficina para este fin.

Türk instó a las autoridades a ofrecer garantías de no repetición y de que no habrán represalias contras las personas que participen en las protestas.  También sería conveniente a un mayor largo plazo una reforma integral del sector de la seguridad, para prevenir nuevos abusos y salvaguardar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

Türk comentó que él confiaba en que la decisión del Tribunal Supremo del pasado domingo destinada a reducir de forma considerable el sistema de cuotas para empleos gubernamentales, un sistema que había desencadenado las protestas de la semana pasada, podía ofrecer un espacio para volver a restaurar la confianza, propiciando así un diálogo fructífero e inclusivo que abordara cuestiones y reivindicaciones subyacentes.    Él apeló a todos los actores políticos a que eviten cualquier declaración o acción que pueda constituir una incitación a la violencia o conducir a nuevas represalias sobre los disidentes.