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Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Dos años después del golpe de estado, Myanmar se enfrenta a un retroceso sin parangón, afirma el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

27 enero 2023

Manifestantes sostienen carteles y bengalas mientras marchan en una protesta contra el golpe militar en la zona céntrica de Yangón, Myanmar, 3 de julio de 2021. © EPA-EFE

GINEBRA (27 de enero de 2023) - Dos años después de que el poder militar de Myanmar lanzara un golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente, el país se ha hundido como nunca antes en una crisis y ha sufrido un retroceso generalizado en cuestión de derechos humanos, declaró hoy el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk. 

«En casi todos los parámetros posibles que se analicen, y en todas las áreas de los derechos humanos: económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, Myanmar ha sufrido un enorme retroceso,» aseguró, a la hora de analizar la crisis en auge desde el intento de golpe de estado el 1 de febrero de 2021. 

«A pesar de las obvias obligaciones legales que tiene el poder militar de proteger a los civiles mientras se desarrollan hostilidades, ha existido un desprecio constante por las normas del derecho internacional al respecto. En lugar de ser mantenidos al margen, los civiles han resultado ser los objetivos reales de los ataques, siendo víctimas de disparos de artillería y de ataques aéreos indiscriminados y dirigidos contra ellos y ellas, de ejecuciones extrajudiciales, del uso de tortura, así como de la quema de pueblos enteros. 

«En estos tiempos sombríos, quiero reconocer la valentía de todas las personas que han perdido sus vidas en la lucha por la libertad y la dignidad en Myanmar, así como el continuo dolor y sufrimiento soportado por sus familias y seres queridos.»

Según afirman fuentes fiables, al menos 2.890 personas han resultado muertas a manos de los militares y de otros que colaboran con ellos, de las cuales al menos 767 habían sido previamente detenidas. Esta viene a ser con certeza una infravaloración del número real de civiles muertos como resultado de las acciones militares.  Otras 1,2 millones de personas han sido desplazadas internamente, lo que supone una cifra sobrecogedora, y más de 70.000 han abandonado el país, uniéndose a otro número superior al millón de personas, incluyendo la mayor parte de la población musulmana Rohingya del país, quienes huyeron de persecuciones y ataques continuos durante las décadas pasadas.

Informaciones creíbles señalan que más de 34.000 estructuras civiles, incluyendo viviendas, clínicas, escuelas y lugares de culto, han sido incendiadas en los últimos dos años.  La economía de Myanmar ha caído en picado y casi la mitad de la población vive ahora por debajo del umbral de pobreza. 

Desde que se llevara a cabo el golpe de estado, los militares han encarcelado a los y las líderes del país que habían sido elegidos y elegidas democráticamente y, en meses posteriores, han detenido a otras más de 16.000 personas, la mayor parte de las cuales se enfrentan ahora a acusaciones falsas en tribunales controlados por los militares, lo que constituye una violación flagrante de los derechos al debido proceso y a un juicio justo, en relación con su negativa a aceptar las medidas del poder militar. 

«Debemos encontrar una salida a esta situación catastrófica, la cual nos deja a diario escenas de mayor sufrimiento humano y de violaciones de derechos,» aseveró Türk.  «Líderes regionales, quienes entablaron conversaciones con los líderes militares a través de ASEAN, acordaron un Consenso de Cinco Puntos que los generales de Myanmar han ignorado.»

«Dos de las condiciones fundamentales que se acordaron: detener todo acto de violencia y permitir el acceso de ayuda humanitaria, no se han cumplido.  De hecho, hemos sido testigos de todo lo contrario.  La violencia está fuera de control y se ha restringido en gran medida la ayuda humanitaria.»

El Alto Comisionado señaló otras medidas que serían cruciales para conseguir unos cimientos políticos para resolver esta crisis: la puesta en libertad de todos los prisioneros y prisioneras políticos, incluyendo a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y al Presidente U Win Myint, tal como solicitó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; un diálogo inclusivo con todas las partes, en el que participen tanto la Presidencia de la ASEAN como el Enviado Especial de las Naciones Unidas; así como permitir un acceso significativo al país a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objeto de que supervisen la situación de manera independiente e imparcial.

«El restaurar el respeto por los derechos humanos es clave para acabar con esta crisis, para terminar con esta situación donde los generales de Myanmar están tratando de apuntalar por la fuerza bruta un sistema de décadas de funcionamiento en base al cual no tienen que obedecer a nadie fuera del poder militar,» declaró Türk.

«Aquellos responsables de los ataques diarios contra civiles y de violaciones de derechos humanos deben responder plenamente por sus actos. Los militares han de quedar sujetos a una supervisión real y efectiva por parte de civiles.  Esto será difícil de conseguir, pero todos estos elementos son básicos para devolver cualquier apariencia de gobierno democrático, de seguridad y estabilidad al país.»

En su primer año de independencia, Myanmar fue uno de los primeros Estados Miembros de las Naciones Unidas en votar en favor de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Desgraciadamente, al tiempo que celebramos 75 años desde la aprobación de la Declaración, los militares parecen estar dedicados de forma activa a violar los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la misma,» se lamentó el Alto Comisionado.

«¿Cómo puede un militar que afirma defender un país, haber llevado a su propio pueblo, que integra a todos los sectores de la rica y diversa sociedad de Myanmar, a tal punto de desesperación?»

«El mes pasado, el Consejo de Seguridad se unió para adoptar una resolución pionera que exigía un final inmediato a la violencia, entre otros pasos urgentes.  Ahora ha llegado el momento de que el mundo se una y adopte medidas conjuntas para detener los asesinatos, proteger al pueblo de Myanmar y garantizar el respeto por sus derechos humanos universales.»

FIN

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