El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama a respetar las vidas, las opiniones de los y las iraníes y a escuchar sus demandas

El Gobierno iraní está usando como armas las actuaciones penales y la pena de muerte para castigar a los y las participantes en protestas y para infundir miedo entre la población y de ese modo controlar la disidencia, lo que supone una violación de la normativa internacional de derechos humanos, afirmó hoy el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk.

Cuatro personas que habían participado en manifestaciones recientes han sido ejecutadas durante el mes pasado tras juicios rápidos que no cumplieron con las garantías mínimas de juicio justo y proceso debido tal como exige la normativa internacional de derechos humanos, la cual es vinculante para Irán, lo que convierte sus ejecuciones en equivalentes a una privación arbitraria de la vida, aseguró.

«El uso de actuaciones penales como arma para castigar a personas por ejercer sus derechos básicos, como es el de participar u organizar manifestaciones, equivale a asesinatos organizados por el estado,» aseveró Türk.

«El Gobierno de Irán serviría mejor sus intereses y los de su pueblo si escuchara sus demandas, y si adoptara las reformas legales y políticas necesarias para asegurar el respeto por la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y el pleno respeto y protección de los derechos de las mujeres en todas las esferas de la vida.»

Las violaciones de las garantías de proceso debido y de juicio justo que han sido registradas por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluyen: la aplicación de disposiciones penales formuladas de forma imprecisa; la negación de acceso a un abogado de su elección y el derecho a presentar una defensa; confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos; el no respeto de la presunción de inocencia; así como la negación del derecho de gran utilidad de poder apelar una condena.

Además, añadió Türk, las condenas a muerte se impusieron basándose en sentencias por cargos tales como moharebeh (delito de odio contra Dios) y efsad-e fel arz (corrupción en la tierra), los cuales distan mucho de ser «crímenes de máxima gravedad» tal como dictamina la normativa internacional de derechos humanos. Estos crímenes han de suponer crímenes de máxima gravedad, como el asesinato intencionado.

De acuerdo con varios informes, la primera de las cuatro ejecuciones, la de Mohsen Shekari, se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2022.   Cuatro días más tarde, Majdireza Rahanavard fue ejecutado solo 23 días tras su detención el 19 de noviembre. El 7 de enero de 2023, fueron ejecutados Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini. Todos ellos fueron ejecutados en secreto sin que sus familias fueran informadas.  Este hecho constituye de por sí una violación de la normativa internacional de derechos humanos.

Al menos otras 17 personas  han sido aparentemente condenadas a muerte, y otras 100 se enfrentan a acusaciones por delitos que acarrean la pena capital.

Miles de personas han sido detenidas desde que estallaran las protestas en todo el país en septiembre pasado tras la muerte de Jina Mahsa Amini,  quien falleció poco después de ser detenida por no llevar puesto su hijab de forma adecuada.  Cientos de personas han muerto como resultado de la represión por el gobierno contra los y las manifestantes.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recibido información de que otras dos ejecuciones son inminentes: la de Mohammad Boroughani, de 19 años, y la de Mohammad Ghobadiou, de 22 años.

«Reitero una vez más mi llamamiento al Gobierno de Irán a respetar las vidas y opiniones de su pueblo, a imponer una moratoria inmediata sobre la pena de muerte y a detener todas las ejecuciones,» instó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

«Irán debe emprender pasos sinceros para embarcarse en las reformas que exige y demanda su propio pueblo para que se respeten y protejan sus derechos humanos.»

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