Instrumentos de espionaje y vigilancia: Aumentan las amenazas a la intimidad y los derechos humanos, advierte un informe de las Naciones Unidas

GINEBRA (16 de septiembre de 2022) – El derecho de las personas a la privacidad se encuentra bajo una presión aún mayor debido al uso de las modernas tecnologías electrónicas digitales, cuyas características las convierten en formidables instrumentos de vigilancia, control y opresión, según advierte un nuevo informe de las Naciones Unidas. En esta situación, resulta aún más perentoria la necesidad de regular estas tecnologías mediante una normativa eficaz, basada en los criterios del derecho internacional de los derechos humanos.

En este informe – el más reciente sobre la privacidad en la era digital publicado por el ACNUDH*- se examinan tres ámbitos principales: el abuso de herramientas de injerencia informática (“spyware”) que realizan las autoridades estatales; la función esencial que desempeñan los métodos de encriptamiento para proteger los derechos humanos en línea, y las repercusiones de la proliferación de sistemas de vigilancia digital en lugares públicos, tanto en la red como fuera de ella. 

En el informe se explica cómo algunos instrumentos de vigilancia, tales como el programa informático Pegasus, pueden convertir los teléfonos móviles en “dispositivos de espionaje que funcionan las 24 horas del día” y que permiten que un “intruso” no solo acceda al contenido de nuestro teléfono, sino que pueda espiar toda nuestra vida.

“Aunque oficialmente esos instrumentos se instalaron para luchar contra el terrorismo y la delincuencia, en realidad a menudo se han empleado con fines ilícitos, entre otros para reprimir a criticos y disidentes, comprendidos periodistas, figuras de la oposición y defensores de derechos humanos”, señala el informe. 

Es preciso adoptar medidas urgentes para abordar la proliferación de esos instrumentos de espionaje, apunta el informe, al reiterar la petición de que se imponga una moratoria sobre la venta y el uso de las herramientas de injerencia informática, hasta que puedan instalarse las salvaguardas adecuadas para proteger los derechos humanos. La intrusión de las autoridades en los aparatos electrónicos solo debería usarse como recurso de última instancia “para evitar o investigar actos específicos que representen amenazas graves a la seguridad nacional o delitos de gran entidad”, añade el documento. 

La codificación y el encriptamiento, métodos que fomentan la privacidad y los derechos humanos en el ámbito digital, son cada vez más atacados. En el informe se pide a los Estados que dejen de adoptar medidas susceptibles de socavar el encriptamiento, entre otras la obligatoriedad de instalar las denominadas “puertas traseras” abiertas al espionaje (backdoors) o de utilizar la inspección sistemática y unilateral de los dispositivos privados, conocida como “client-side scanning”.

En el informe también se alerta sobre la creciente vigilancia del espacio público. Las limitaciones prácticas que existían anteriormente sobre el alcance de esta vigilancia han sido barridas por el acopio y análisis automáticos de datos en gran escala, los nuevos sistemas digitales de identificación y los múltiples bancos de datos biométricos, que facilitan en gran medida el funcionamiento de esas medidas de vigilancia.

Las nuevas tecnologías también han propiciado el monitoreo sistemático de lo que la gente expresa en Internet, incluso mediante la recolección y el análisis de los mensajes que aparecen en las redes sociales.

Con frecuencia los gobiernos no informan a la ciudadanía de sus actividades de vigilancia e incluso cuando estas se ejecutan inicialmente con fines legítimos, sus objetivos pueden modificarse con facilidad para servir a propósitos diferentes de los que se fijaron originalmente.

En el informe se hace hincapié en que los Estados deberían limitar las medidas de vigilancia pública a “lo estrictamente necesario y proporcional”, y centrarlas en lugares y periodos específicos. También la duración del archivo de datos debería limitarse de igual manera. Asimismo, existe la necesidad de restringir el uso de los sistemas de identificación biométrica en el ámbito público.

Todos los Estados deberían proceder de inmediato a implantar regulaciones estrictas sobre la exportación de tecnologías de espionaje que constituyen una grave amenaza a los derechos humanos. Igualmente deberían velar por la realización de evaluaciones que permitan determinar su repercusión sobre esos derechos y tener en cuenta lo que dichas tecnologías son capaces de hacer, así como la situación del país receptor.

“Las tecnologías digitales aportan enormes beneficios a las sociedades. Pero la vigilancia invasiva comporta un alto costo, socava los derechos e impide el desarrollo de sociedades dinámicas y plurales”, afirmó la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.

“Dicho en pocas palabras, el derecho a la privacidad corre ahora más peligro que nunca”, añadió. “De ahí que estas medidas sean necesarias y perentorias”.