Filipinas: Informe del ACNUDH insta al nuevo gobierno a progresar en materia de reforma y transparencia

GINEBRA (13 de septiembre de 2022) – En medio de constantes denuncias de vulneraciones y abusos de derechos humanos en Filipinas, incluso en el contexto de operaciones contra el tráfico de narcóticos, las víctimas todavía tropiezan con múltiples obstáculos en la búsqueda de justicia, según las conclusiones de un informe de las Naciones Unidas publicado hoy.

En el informe, la Oficina del ACNUDH reconoce la disposición del gobierno a colaborar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros, mediante un nuevo programa conjunto en la materia, que llevan a cabo instancias gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y entidades de la sociedad civil.

El Programa Conjunto, suscrito en julio de 2021, suministra asistencia técnica y aumento de capacidades para realizar reformas en seis ámbitos, a saber: medidas para la investigación y la rendición de cuentas dentro del país; acopio de datos sobre presuntas violaciones de derechos cometidas por agentes de policía; creación de un mecanismo nacional de seguimiento y elaboración de informes; refuerzo del espacio cívico e interacción con la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos; examen de las leyes antiterroristas y aplicación de estrategias para luchar contra las drogas basadas en los derechos humanos.

El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 45/33, pide al nuevo gobierno filipino que adopte un enfoque transformador que utilice soluciones para los asuntos fundamentales basadas en los derechos, comprendida la lucha contra las drogas y el terrorismo, y que ponga fin a los antagonismos retóricos que ponen en peligro a los defensores de derechos humanos.

Aunque reconoce que se han alcanzado progresos en diversos ámbitos, el informe señala que todavía quedan problemas considerables por resolver.

“El gobierno ha adoptado algunas iniciativas para mejorar la rendición de cuentas en lo relativo a los abusos y las violaciones de derechos humanos… Pero el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos y vulneraciones sigue siendo sumamente limitado. Persisten las deficiencias institucionales y estructurales en materia de aplicación de la ley y de procedimientos judiciales, a pesar de los esfuerzos realizados en determinados casos”, señala el documento.

En particular, el informe destaca “la escasa supervisión en las investigaciones relativas a los derechos humanos, la inadecuada capacidad investigadora y de colaboración transversal, la limitada capacidad forense y la excesiva demora de los procesos judiciales”. También hace hincapié en que el apoyo y el amparo inadecuados a víctimas y testigos y el temor a las represalias afectan la participación de las víctimas en las investigaciones.

Para abordar estas preocupaciones, el informe recomienda que la Comisión Interinstitucional de Revisión, creada por el Departamento de Justicia, acelere el examen de todos los asesinatos perpetrados en el marco de las operaciones antinarcóticos del gobierno. Asimismo, la Comisión debería velar por que sus conclusiones se traduzcan rápidamente en medidas prácticas, incluso mediante el uso de procesos administrativos y procedimientos penales.

Aunque se han investigado algunos casos, las indagaciones no se han traducido en condenas ni en reparaciones para las víctimas.

En el informe se pide al gobierno que revise las leyes y políticas relativas a los estupefacientes, para ajustarlas a la normativa de derechos humanos y las directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas; que vuelva a examinar las condenas obligatorias para los delitos relativos a las drogas, y que considere la posibilidad de despenalizar la posesión de narcóticos para uso personal.

En el informe se recomienda también al gobierno que apruebe las leyes propuestas relativas a los defensores de derechos humanos y que aplique medidas para proteger el espacio cívico, a fin de que estos activistas puedan desempeñar su función legítima de manera segura y sin represalias.

En relación con otro aspecto fundamental, el informe pide al gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la independencia de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, incluso mediante el uso de un proceso transparente y consultivo para nombrar a los comisionados, con arreglo a los Principios de Paris.

El informe pide además al Consejo de Derechos Humanos que apoye el Programa Conjunto de las Naciones Unidas y que siga monitoreando estrechamente la situación y los avances en materia de rendición de cuentas.

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