Filipinas: informe de Naciones Unidas detalla violaciones generalizadas de derechos humanos e impunidad persistente

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BANGKOK/GINEBRA (4 de junio de 2020) - Una política de mano dura en Filipinas para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y las drogas ilegales ha dado lugar a violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo asesinatos y detenciones arbitrarias, así como el vilipendio de las disensiones, según un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado el jueves. Es necesario abordar de forma urgente la impunidad persistente y las enormes barreras para acceder a la justicia, según el informe.

El informe, el cual fue encomendado en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que muchos de los problemas sobre derechos humanos que éste incluye vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, aunque se han acentuado en los últimos años. Este hecho se ha concretado con especial crudeza en el asesinato generalizado y sistemático de miles de presuntos traficantes de drogas. También han sido asesinados numerosos defensores de los derechos humanos durante los últimos cinco años.

“A la vez que ha habido importantes avances en los últimos años en materia de derechos humanos, en especial en derechos económicos y sociales, la atención prioritaria a las amenazas para la seguridad nacional, reales e infladas, ha conducido a violaciones graves de los derechos humanos, sustentadas por la retórica perjudicial por parte de autoridades de alto nivel,” afirma el informe.

“Esta prioridad ha calado en la implementación de leyes y políticas existentes y en la aprobación de medidas nuevas, a menudo en detrimento de los derechos humanos, el derecho a garantías procesales, el estado de derecho y de la rendición de cuentas.”

Desde que el gobierno lanzara su campaña contra las drogas ilegales en 2016, las cifras oficiales indican que han sido asesinadas al menos 8.663 personas, aunque algunas estimaciones calculan que la cifra real puede ser más del triple de ese número. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha documentado que, entre 2015 y 2019, al menos 248 defensores de derechos humanos, juristas, periodistas y sindicalistas han sido asesinados en relación con su trabajo.

Estos asesinatos han quedado casi todos impunes, produciéndose solamente una condena desde mediados de 2016, por el asesinato de un sospechoso de tráfico de drogas durante una operación policial, concluyó el informe. Testigos, familiares, periodistas y abogados entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaron su temor por su seguridad y su sensación de impotencia a la hora de exigir justicia, lo que resulta en una situación en la cual “los obstáculos prácticos para acceder a la justicia en el país son casi insalvables.”

Dada la incapacidad de los mecanismos nacionales para garantizar la rendición de cuentas hasta la fecha, el informe subrayó la necesidad de investigaciones independientes, imparciales y creíbles sobre todas las acusaciones de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Alta Comisionada está dispuesta a dar su apoyo a esfuerzos reales para lograr la rendición de cuentas a nivel nacional e internacional. 

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó los documentos de políticas clave en la campaña contra las drogas ilegales y encontró una inquietante falta de garantías procesales además del uso de lenguaje reclamando la “negación” y “neutralización” de sospechosos de tráfico de drogas.  

“Este lenguaje impreciso y amenazador, sumado a los repetidos ánimos verbales por parte de funcionarios del más alto nivel para usar fuerza letal, puede haber envalentonado a la policía para tratar esta circular como un permiso para matar”, indicó el informe.

Se realizaron de forma rutinaria redadas policiales en domicilios particulares sin una orden judicial, y algunos informes posteriores a los operativos examinados por la Oficina indicaron que se pudieron haber falsificado pruebas. Un análisis de 25 operaciones durante las cuales 45 personas resultaron muertas en Metro Manila entre agosto de 2016 y junio de 2017 concluyó que “la policía recuperó de forma repetida armas con el mismo número de serie de distintas víctimas y en diferentes localizaciones,” lo que sugiere que algunas de las víctimas estaban desarmadas en el momento de su muerte. Las detenciones de sospechosos de cometer infracciones por drogas han contribuido también a una tasa de congestión en las prisiones del 534%, entre las más altas del mundo.

A la vez que Filipinas tiene una larga y sólida tradición de defensa y activismo en derechos humanos, con más de 60.000 ONGs registradas, los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas y acoso legal durante casi 20 años, señala el informe. El vilipendio de las disensiones y los ataques contra los que son considerados como críticos, según el informe, están siendo “cada vez más institucionalizados y normalizados usando vías que serán difícilmente reversibles.”

La acción de “etiquetar como rojos” – señalar a individuos o grupos (incluyendo a defensores de los derechos humanos y a ONGs) como comunistas o terroristas – ha supuesto una seria amenaza para la sociedad civil y la libertad de expresión.

El informe destaca como en algunos casos aquellos que han sido etiquetados como rojos han sido posteriormente asesinados. Otras personas relataron a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que habían recibido amenazas de muerte o comentarios con fuerte contenido sexual en mensajes privados o en las redes sociales.  

“La defensa de los derechos humanos es identificada de forma sistemática como insurgencia y se suele desviar el foco para desacreditar a los mensajeros en lugar de analizar el contenido del mensaje,” denuncia el informe.  “Este hecho ha enturbiado el espacio para el debate, para la disensión y para enfrentarse a las instituciones y las políticas del Estado.”

Las violaciones de derechos humanos documentadas en Filipinas se han visto agravadas por la retórica perjudicial proveniente de los niveles más altos del gobierno, la cual el informe describe como “continua y profundamente negativa”. Esta retórica ha variado desde comentarios degradantes contra mujeres defensoras de los derechos humanos hasta la incitación a la violencia extrema contra agentes de la sociedad civil, periodistas, personas que consumen y venden drogas, y comunidades indígenas. El uso de parte de este lenguaje “incendiario” “podría constituir una violación de la prohibición de la privación arbitraria de la vida reflejada en el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,” afirma el informe.

En el informe, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha detallado asimismo amenazas continuas contra la libertad de expresión, habiéndose presentado cargos y actuaciones penales contra periodistas y políticos de alto nivel críticos con el gobierno, así como medidas para clausurar medios de comunicación.

El informe también evaluó las principales leyes y políticas de seguridad nacional y sus repercusiones para los derechos humanos, en especial en la isla meridional de Mindanao, así como en la Isla de Negros, las cuales han experimentado una mayor militarización por la imposición de las medidas de emergencia. El efecto de esta militarización, combinado con la histórica presencia de grupos armados y la presión por parte de poderosas élites agrarias y proyectos empresariales de envergadura afecta especialmente a las ya asediadas comunidades indígenas y campesinas.

Se teme que las políticas contra la insurgencia hayan dado lugar a modelos de actuación similares a “los que caracterizan la campaña contra las drogas ilegales, en particular una presunción de culpabilidad y una falta de garantías procesales o de supervisión efectiva, esta vez contra los sospechosos de apoyar al [Partido Comunista de las Filipinas y su Nuevo Ejército del Pueblo],” señaló el informe.

El informe también documenta informes de abusos de derechos humanos por parte de agentes no estatales, incluyendo asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños y extorsión por parte del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, según sus siglas en inglés). Las Naciones Unidas incluye al NPA en la lista de organizaciones que cometen violaciones graves que afectan a niños en situaciones de conflicto armado.

La Alta Comisionada celebró la valiosa colaboración entre la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Gobierno de Filipinas en la preparación de este informe.

“Filipinas se enfrenta a grandes desafíos: pobreza estructural, desigualdades, conflicto armado, desastres naturales frecuentes, y ahora la crisis de la COVID-19,” afirmó Bachelet. “Es fundamental que las respuestas del gobierno se sustenten en enfoques basados en los derechos humanos y que se guíen por un diálogo constructivo. La rendición de cuentas y la transparencia total por presuntas violaciones son vitales para afianzar la confianza pública.

Desafortunadamente, el informe ha documentado una impunidad arraigada para violaciones graves de derechos humanos, y las víctimas han sido privadas de justicia por los asesinatos de sus seres queridos. Sus testimonios resultan desoladores.”

“Las personas que consumen o venden drogas no pierden sus derechos humanos,” afirmó la Alta Comisionada. “Las personas que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales y que las critican, incluso en foros internacionales, no deben ser desacreditadas como simpatizantes de terroristas.

Las poblaciones indígenas no deben ser víctimas de un conflicto de tira y afloja entre el Estado, grupos armados no estatales e intereses empresariales.”

La Alta Comisionada aseguró que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estaba dispuesta a apoyar a Filipinas, de forma constructiva y concreta, para aplicar las recomendaciones que incluye el informe, en un esfuerzo por detener las numerosas, arraigadas y generalizadas violaciones de derechos humanos en el país, y para prevenir que vuelvan a ocurrir en el futuro.

El informe se basa en 893 alegaciones por escrito, una contribución sustancial por parte del Gobierno de Filipinas, análisis de legislaciones, informes de policía, documentos judiciales, vídeos, fotos y otro material de dominio público, así como en entrevistas con víctimas y testigos. Está previsto que se analice en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

FIN

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