Seis expertos en derechos humanos de la ONU envían cartas a empresas farmacéuticas, a Estados, a la UE y a la OMC pidiendo medidas urgentes sobre las vacunas contra la COVID-19

Las cartas se harán públicas el martes 19 de octubre.

Antecedentes:

El 14 de octubre de 2021, seis expertos independientes de la ONU enviaron un total de 44 cartas a los Estados que integran el G7 y el G20, a la Unión Europea y a la Organización Mundial del Comercio, así como a las empresas farmacéuticas que ya producen o se están preparando para producir vacunas contra la COVID-19 y a sus Estados de origen. Las cartas abogan por una acción colectiva urgente para lograr un acceso equitativo y universal a las vacunas contra la COVID-19.

• Las cartas están firmadas por: el Presidente del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, el Sr. Surya Deva; la Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental, la Sra. Tlaleng Mofokeng; el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el Sr. Olivier De Schutter; el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, el Sr. Saad Alfarargi; el Experto Independiente sobre el orden internacional, el Sr. Livingstone Sewanyana; y el Experto Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, el Sr. Obiora C. Okafor.
• Las comunicaciones se han emitido como "Otras Cartas", y como tales estarán disponibles para el público 48 horas después de su emisión en la base de datos de comunicaciones de los Procedimientos Especiales de la ONU. La carta dirigida a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las 43 cartas restantes están disponibles aquí. Haga clic en "More details" en "Summary" para obtener información adicional sobre cada letra.

Mensajes clave:

• Los expertos de la ONU piden una acción colectiva inmediata para garantizar el acceso igualitario y universal a las vacunas contra la COVID-19.
• En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, todas las personas tienen derecho a tener acceso, sin discriminación, a una vacuna contra la COVID-19 que sea segura, eficaz y oportuna, y que garantice que
• todas las personas puedan disfrutar de los beneficios del progreso científico necesarios para el disfrute del más alto nivel posible de salud.
• A 27 de septiembre de 2021, el 44,5% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero sólo el 2,2% de estas personas se encontraban en países de bajos ingresos. La mayoría de los habitantes de los países más pobres tendrán que esperar otros dos años antes de ser vacunados contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció recientemente que, aunque hasta ahora se han administrado más de 5.000 millones de vacunas en todo el mundo, los progresos han sido muy desiguales: casi el 75% de esas dosis se han administrado en sólo 10 países.
• Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil han realizado importantes esfuerzos para garantizar un acceso equitativo, asequible, justo, seguro, oportuno y universal a las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, se necesita hacer más, por ejemplo, mediante sinergias entre los sectores público y privado y mediante esfuerzos multilaterales, para mejorar el acceso oportuno, global y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 que sean seguras, eficaces y asequibles.
• Los Estados tienen una responsabilidad colectiva de utilizar todos los medios disponibles para facilitar un acceso más rápido a las vacunas, incluso mediante la introducción de una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual pertinentes en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC, para garantizar que la protección de las patentes relativas a las vacunas no se convierta en un obstáculo para el disfrute efectivo del derecho a la salud.
• Los Estados también tienen la responsabilidad individual de garantizar la distribución equitativa de las vacunas dentro de los países y entre ellos, evitando el acaparamiento de vacunas y contribuyendo a una mejor coordinación de la distribución de las mismas.
• El sector privado tiene sus propias responsabilidades de identificar, prevenir y remediar los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, llevando a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos. Las decisiones de las empresas en materia de precios y distribución deben tener en cuenta los impactos adversos que tales decisiones tendrán en el acceso a las vacunas, especialmente para las personas de bajos ingresos y marginadas. La total transparencia de los contratos relacionados con el desarrollo, adquisición y el suministro de vacunas es crucial a este respecto, así como una evaluación exhaustiva del impacto sobre los derechos humanos de todas las actividades de las empresas relacionadas con las vacunas.
• Las cartas responden principalmente a la información recibida por los expertos sobre el acceso desigual a las vacunas contra la COVID-19. También abordan la desigualdad de acceso a los medicamentos, las tecnologías de atención a la salud, los diagnósticos y los tratamientos contra la COVID-19, en cada país y entre ellos, que afectan negativamente a varios derechos humanos, en particular de las personas y los habitantes de los países de ingresos bajos y medios. Este acceso desigual exacerba la desigualdad y la discriminación e impide la realización de un orden internacional democrático y equitativo.

Para solicitar información para los medios de comunicación, por favor pónganse en contacto con Jeremy Laurence (+ 41 79 444 7578 / jeremy.laurence@un.org) o Kinga Dery (consultant.dery@un.org).