GINEBRA (11 de diciembre de 2017) - El conflicto de Somalia todavía causa estragos terribles entre la población civil, daña la infraestructura y los medios de subsistencia, provoca el desplazamiento de millones de personas e impide la llegada de la asistencia humanitaria a las comunidades necesitadas, según revela un informe de las Naciones Unidas publicado el domingo.

El documento, titulado “Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia”, [La protección de los civiles: Sentar las bases para la paz, la seguridad y los derechos humanos en Somalia], fue elaborado conjuntamente por la Oficina del ACNUDH y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM, por sus siglas en inglés) y abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de octubre de 2017.

Según los datos recopilados por la UNSOM, en ese periodo murieron 2.078 civiles y otros 2.507 resultaron heridos. Más de la mitad de las víctimas (el 60 por ciento) se atribuye a los militantes de Al Shabaab, el 13 por ciento a milicias tribales, el 11 por ciento a agentes estatales, entre otros el ejército y la policía, el 4 por ciento a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISON) y el 12 por ciento a atacantes sin identificar. 

“En última instancia, los civiles están pagando el precio de la incapacidad para resolver el conflicto somalí por medios políticos”, dijo Michael Keating, Jefe de la UNSOM y Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Somalia. “Y las partes en conflicto no hacen lo suficiente para proteger a los civiles de la violencia. Es una vergüenza”. 

La población civil ha sido víctima de agresiones irregulares, en tanto que objetivo directo de bombardeos y ataques suicidas perpetrados por grupos no estatales. En muchos casos esos actos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las normas humanitarias, constituyen probablemente crímenes de guerra y es indispensable que se identifique a sus autores y se les exija responsabilidades, señala el informe. 

El peor incidente ocurrido en una sola jornada fue el estallido de dos coches bomba en la capital, Mogadiscio, el 14 de octubre de 2017, que los funcionarios del gobierno atribuyen al grupo Al-Shabaab, en el que murieron al menos 512 personas y otras 357 resultaron heridas, según las cifras compiladas hasta el 1 de diciembre.

“Este bárbaro suceso fue el ataque más mortífero realizado mediante un artefacto explosivo artesanal (IED) en toda la historia de Somalia y sin duda uno de los peores perpetrados en el continente o tal vez en el mundo”, declaró el Sr. Keating. “Por desgracia, sus repercusiones se harán sentir durante mucho tiempo”.

Un número considerable de bajas civiles -251 muertos y 343 heridos- se atribuyó a las milicias tribales en zonas donde, por lo general, no operan las fuerzas de seguridad federales o del Estado. “La sequía ha redoblado los conflictos tribales debido a la lucha por los recursos. Los elementos antigubernamentales aprovechan esos conflictos para desestabilizar aún más las regiones, reducir las perspectiva de una paz duradera y debilitar la protección de la población civil”, explica el informe.

A continuación, el informe señala que el número de bajas atribuido al ejército, la policía nacional y la AMISOM fue considerablemente menor que el que se les achaca a las milicias de Al-Shabaab.

“No obstante, esas bajas son motivo de gran preocupación, ya que socavan la confianza de la población somalí en el gobierno y la comunidad internacional, lo que a su vez  contribuye a ampliar el ámbito de operaciones de las fuerzas antigubernamentales”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Aunque alcanzar el equilibrio entre los derechos humanos y la seguridad es una tarea complicada, el respeto de los derechos humanos y la protección de la población civil es fundamental para sentar las bases de un Estado sólido y legítimo, que obre para el bien de todos sus ciudadanos”, declaró el Alto Comisionado.

Según el informe, el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia hace caso omiso del derecho internacional de los derechos humanos cuando lleva a cabo arrestos y detenciones, y suele detener sin cargos a periodistas y personas sospechosas de pertenecer a Al-Shabaab.

En el informe se advierte de que hay poca información disponible sobre la situación de las personas que viven en zonas controladas por Al-Shabaab. La verificación de los abusos y las violaciones de derechos humanos que ocurren en esas zonas sigue siendo muy difícil, debido a la falta de acceso y el temor a represalias.

El conflicto ha afectado a los niños de manera desproporcionada, al exponerlos a “graves violaciones durante las operaciones militares, en las que han resultado muertos, mutilados o han sido arrestados por las fuerzas de seguridad somalíes”, indica el informe. Además, aumentaron rápidamente los informes acerca del reclutamiento de niños soldados. En los 10 primeros meses de 2017, se notificaron unos 3.335 casos de reclutamiento de menores, de los que el 71,5 por ciento se atribuyó a Al-Shabaab, el 14,6 por ciento a las milicias tribales y el 7,4 por ciento al Ejército Nacional Somalí.  

Con arreglo al derecho internacional humanitario, la responsabilidad primordial de proteger a los civiles incumbe a las partes en conflicto y las autoridades somalíes. Según la UNSOM, aunque se ha registrado cierta evolución positiva, todavía queda mucho por hacer para alcanzar un nivel de protección adecuado de la población civil.

La Misión de las Naciones Unidas considera que la aplicación del Acuerdo sobre la estructura de seguridad nacional de Somalia, alcanzado por el Gobierno Federal de Somalia y los Estados Miembros Federales en abril pasado, es un elemento decisivo para lograr una reforma duradera del sector de la seguridad. El acuerdo ofrece una oportunidad para garantizar que las instituciones de seguridad somalíes rinden cuentas de sus actos y protegen a los ciudadanos, con arreglo al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, con el apoyo permanente de las Naciones Unidas y la comunidad mundial.  

Entre otras recomendaciones, el informe insta a las partes en conflicto a que adopten todas las precauciones posibles para proteger a la población y las instalaciones civiles, mediante la cesación del uso de todos los IED y de morteros, cohetes y granadas en las zonas pobladas y desde ellas. En el informe también se pide la disolución de los grupos armados y las milicias irregulares.

Además, el informe exhorta a la AMISOM a que refuerce sus medidas de transparencia en lo tocante a incidentes que afectan a civiles, mediante la realización de investigaciones y procesos judiciales eficaces sobre las denuncias de hechos graves atribuidos a la AMISOM y a otras fuerzas internacionales y la exigencia de responsabilidades a sus autores, y que también proporcione asistencia adecuada y remedio eficaz a las víctimas.

En el informe se insta también al Gobierno Federal de Somalia y a los Estados Miembros Federales a que aprueben leyes y medidas políticas, incluso en materia de cumplimiento de la ley, con miras a garantizar la investigación y el procesamiento judicial eficaces de las violaciones y vulneraciones graves del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como para proporcionar remedios eficaces a las víctimas.

Lea el informe íntegro en el siguiente enlance: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/ReportProtectionofCivilians.pdf

FIN

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