Roban, violan y asesinan en Libia a migrantes devueltos

Opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

8 de septiembre de 2017

La semana pasada, en París, siete Jefes de Estado o de Gobierno europeos y africanos acordaron un plan de acción sobre migración y asilo, ligado a los movimientos de población desde el África subsahariana hacia Europa a través de Libia. En el texto final los firmantes reconocieron que compartían la responsabilidad de abordar las causas profundas de la migración irregular y las vulneraciones de derechos humanos que sufren los migrantes, así como la necesidad de proteger a quienes necesitan amparo y contribuir a establecer corrientes migratorias más ordenadas y mejor gestionadas.  

Estos son compromisos importantes, pero no alcanzan a disimular el hecho de que el plan se orienta principalmente a frenar a las personas que ya están camino de Europa.

No existe una solución sencilla a este problema de la máxima complejidad, no hay una fórmula mágica que reconcilie las presiones que obligan a la gente a huir de la guerra, la persecución o la pobreza, el cambio climático y otras catástrofes causadas por el hombre, con la renuencia de las naciones europeas a aceptar un gran número de migrantes y refugiados. 

Quizá la omisión más inquietante en el documento de París sea que no alcanza a establecer un plan detallado para abordar el desastre humanitario clandestino que sigue ocurriendo en el interior de Libia y en las costas de ese país.

En diciembre pasado, un informe preparado conjuntamente por mi Oficina y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia expuso en detalle las horrendas violaciones y los abusos que afrontan los migrantes recluidos en centros de detención oficiales y oficiosos de Libia. El informe recibió cierta atención en el momento en que se publicó, pero la memoria es corta cuando los hechos son incómodos.

Nueve meses después, la situación ha empeorado. Las denuncias se suceden y exceden nuestra capacidad de verificación. Se informa de cadáveres hallados en el desierto, los bosques y las playas. El personal de derechos humanos las Naciones Unidas ha establecido contacto con los tanatorios de diversos pueblos, que se quejan de que no disponen de espacio suficiente para acoger a todos los fallecidos. Algunos de los migrantes murieron de sed, de hambre o de enfermedades que podrían haberse curado fácilmente, otros fueron torturados o apaleados hasta morir mientras trabajaban como mano de obra esclava, mientras que otros fueron asesinados fortuitamente.  

Los muertos que carecen de identificación son enterrados en tumbas anónimas. Otros simplemente desaparecen, sin dejar huella, sin recibir exequias, mientras en un país lejano, al sur del Sáhara, sus familiares esperan ansiosos por las noticias que nunca llegarán. Además de sus parientes, casi nadie más parece interesarse por su suerte.

Nuestro personal también ha documentado la violación de mujeres detenidas. Nuestros oficiales hallaron la manera de comunicarse con mujeres a las que grupos de hombres mantenían encerradas todo el día; los mismos hombres que las violaban por la noche. En determinados casos, durante toda la noche. Hablamos con esas mujeres, pero no disponemos de la capacidad necesaria para arrancarlas de ese horrendo destino. Ese tipo de violación es endémico. Sin embargo, tanto dentro como fuera de Libia –a pesar de informes como el que publicamos en diciembre o de artículos como este mismo- a casi nadie parece importarle el asunto.

La información que recibimos es fragmentaria. Sólo tenemos noticias de algunas zonas del país. Otros lugares son demasiado peligrosos para que los visiten, ya sea el personal de las Naciones Unidas u otras personas que podrían transmitirnos información. No somos capaces ni siquiera de imaginar la gravedad de los abusos infligidos a los migrantes en esos lugares ocultos, adonde no llega la acción del Estado de derecho. La situación de los migrantes que atravesaban Libia era ya lamentable durante el mandato de Gadafi, pero desde entonces ha llegado a ser infernal.

Y aquí es donde se plantea el dilema moral y jurídico para la Unión Europea. Cuando entrevistamos a los migrantes en Italia, supimos que muchos de ellos habían sido recogidos por los guardacostas libios en sus primeras tentativas de huir del país. Pero ese revés no puso fin a sus denodados esfuerzos para llegar a Europa, tan sólo redobló su desesperación, tras haber sido devueltos a las garras de las milicias y los funcionarios estatales que los explotaron y abusaron de ellos. Devolver a las personas a los centros de detención donde se enfrentan a torturas, violaciones y otras graves vulneraciones de derechos humanos constituye una clara transgresión del principio de ‘no devolución’ vigente en el derecho internacional.

La UE y, en particular Italia se, han comprometido a apoyar a los guardacostas libios –unas patrullas costeras que han disparado contra los barcos de las ONG que tratan de rescatar a los migrantes en alta mar para evitar que se ahoguen- con el resultado de que ahora las ONG tienen que operar mucho más lejos del litoral. Unos guardacostas que en algunas ocasiones rescatan a los migrantes en peligro, pero otras veces deciden no hacerlo. Al igual que las milicias de tierra firme, los guardacostas a veces golpean o roban a los migrantes que interceptan e incluso les disparan. Algunas autoridades europeas se hacen de la vista gorda con la conducta de estos guardacostas que ponen en peligro la vida de los migrantes, mientras critican a las ONG que intentan salvarlos.

Ayer, día 7 de septiembre, la presidenta de una de esas ONG, la Sra. Joanne Lui, de Médicos sin Fronteras, publicó una carta abierta en la que describía las horrendas condiciones que ella y los miembros de su personal habían encontrado en los centros de detención y criticaba lo que consideraba la “cínica complicidad” de quienes apoyan la devolución de migrantes a Libia, mientras se hacen de la vista gorda sobre lo que ocurre allí. Yo apoyo plenamente su análisis y comparto su indignación ante esta situación.

No quiero menospreciar el acuerdo de París, que contiene el valioso reconocimiento de que se precisa una respuesta de amplio espectro para esta situación tan compleja. Pero el pacto no presta atención suficiente a la protección de los derechos humanos de los migrantes que ya están en Libia y en los barcos, y omite totalmente la necesidad urgente de hallar alternativas a la detención arbitraria de personas vulnerables.

Se necesitan medidas exhaustivas para proteger a cientos de miles de migrantes atrapados en Libia, porque muchos inocentes siguen muriendo o son maltratados cada día, en tierra o en el mar. No deberíamos seguir mirando a otro lado mientras esta brutal realidad acontece delante de nosotros.