Suriname debe respetar la independencia de la judicatura en el juicio contra el Presidente, afirma un experto de Naciones Unidas

GINEBRA (15 de agosto de 2017) – El Estado de Suriname debe garantizar la independencia de los tribunales, afirmó el experto en derechos humanos de las Naciones Unidas que se ocupa de la independencia de jueces y abogados, en medio de las preocupaciones relativas a una causa por asesinato de larga data en la que el Presidente del país figura entre los acusados.

El Relator Especial Diego García-Sayán condenó las amenazas contra la independencia de los jueces y los reiterados aplazamientos que han afectado a la causa contra el Presidente Desiré Delano Bouterse.

El Presidente Bouterse es uno de los ciudadanos que deberá comparecer como acusado en el juicio por el asesinato de 15 opositores políticos, ocurrido en 1982, en el caso conocido como “los asesinatos de diciembre”.

“Me preocupan los reiterados intentos de interferir en el juicio o de aplazarlo”, afirmó el Sr. García-Sayán, cuyo mandato se refiere específicamente a la independencia del poder judicial.

El juicio comenzó en 2007, cuando ya habían transcurrido 25 años de los hechos, y el Presidente Bouterse figura entre los 25 acusados.

Pero en 2012 el parlamento cambió la ley para dictar una amnistía que benefició a todos los encartados. 

“El Estado tiene la obligación de respetar y mantener la independencia del poder judicial, dejando que los jueces decidan los casos con imparcialidad, sin permitir influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias, ni del ejecutivo ni del legislativo”, declaró el Relator Especial.

Y añadió el experto: “La independencia de la judicatura, tal como está consagrada en la Constitución de Suriname, así como en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, debe ser garantizada por el Estado, especialmente cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos”.

La Corte Militar que estaba a cargo del juicio dictaminó posteriormente que la ley de amnistía era inconstitucional y ordenó la reanudación del proceso.

El Sr. García-Sayán alabó esta decisión e hizo hincapié en que, con arreglo al derecho internacional, las medidas de amnistía no deberían aplicarse mientras los Estados no hayan cumplido con su obligación de investigar los delitos y castigar a los culpables.

“El incumplimiento de la obligación de investigar esos delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos, sería una vulneración del derecho internacional”, afirmó el Relator Especial.

“La ausencia de un juicio rápido e imparcial sobre los asesinatos de 1982 también amenazaría al derecho a la verdad de las víctimas y a sus familias, así como a la lucha contra la impunidad en la región y en el mundo en general”, agregó.

En el pasado, el Presidente Bouterse calificó el juicio de amenaza a la seguridad nacional.

El Sr. Diego García-Sayán (Perú) es desde diciembre de 2016 Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados. En su condición de Relator Especial, el Sr. García-Sayán forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos de investigación y seguimiento del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y desempeñan sus funciones a título individual.

ACNUDH, página de país: Suriname

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