Chile debe aprovechar los logros alcanzados en el Poder Judicial para abordar la desigualdad y evitar la influencia indebida: Relatora Especial

SANTIAGO – Chile ha desarrollado un sistema legal y judicial ampliamente reconocido por sus sólidas instituciones, y los jueces chilenos gozan de un encomiable nivel de independencia, con una mínima interferencia política, dijo hoy una experta independiente en derechos humanos. Sin embargo, estos logros se ven empañados por una desigualdad significativa que se traduce en un acceso desigual a la justicia.

“A lo largo de mi visita escuché que en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres”, señaló la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite*, en una declaración al término de una visita de 
10 días al país.

La señora Satterthwaite identificó un fuerte consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de las que es responsable la Corte Suprema. En la actualidad, la Corte Suprema se sitúa en la cúspide de un sistema jerárquico en el que simultáneamente revisa las decisiones de los jueces de los tribunales inferiores y emite directrices, ejerce una supervisión económica y supervisa la disciplina y la evaluación de esos mismos jueces.

“Los nombramientos judiciales deben estar vinculados al mérito, mientras que los procedimientos de evaluación y disciplina deben basarse en criterios claros y apoyar el desarrollo de la carrera de los jueces”, dijo.

La experta también abordó las recientes acusaciones de que los nombramientos judiciales clave pueden haber sido objeto de tráfico de influencias. “Hago un llamado al poder judicial a que atienda las peticiones de mayor transparencia en los nombramientos para los tribunales superiores. Las investigaciones sobre las acusaciones de tráfico de influencias deberían llegar a buen puerto en breve y enviar un mensaje contundente sobre los principios que defiende el poder judicial chileno”, declaró Satterthwaite.

Chile se enfrenta a retos a los que jamás se había enfrentado, como la afluencia de la delincuencia organizada, las presiones de un clima cambiante y la creciente influencia de las industrias extractivas, afirmó la Relatora Especial, animando a todas las partes interesadas a estar alerta para evitar que las preocupaciones por la seguridad se impongan a todos los demás debates en el país, en detrimento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“El Gobierno debe poner fin al estado de excepción en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bíobío en la región del Bíobío”, indicó Satterthwaite.

La justicia debe ser uno de los principales pilares de cualquier solución al conflicto. Por ello, el sistema judicial debe participar activamente en la provisión de respuestas justas a las demandas que subyacen al conflicto en la región y debe contar con los recursos y el apoyo necesarios para proporcionar un acceso a la justicia adecuado y culturalmente apropiada.

La experta se mostró muy preocupada por la dureza de las penas, la discriminación en la aplicación de la ley y en los procedimientos, y la desigualdad de armas.

“Los derechos de la víctima, así como el derecho a una defensa adecuada, incluido el acceso a un abogado de confianza y a la igualdad de armas, deben reforzarse en Chile”, afirmó la Relatora Especial. “Acojo con satisfacción el proyecto de ley sobre la creación de un nuevo servicio nacional de acceso a la justicia e insto a las autoridades a que avancen en su adopción, así como en la adopción urgente de un código de ética para la judicatura y la abogacía”, declaró.

“También pido que se avance en los casos pendientes relacionados con el uso excesivo de la fuerza en el Estallido Social y las graves violaciones de los derechos humanos del régimen de Pinochet”, dijo Satterthwaite.

La experta presentará un informe sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones frente al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.