Zeid insta a Egipto a suspender la represión contra las ONG

GINEBRA (23 de marzo de 2016) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó el miércoles su grave preocupación por la clausura, desde noviembre de 2014, de cientos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Egipto y el encausamiento de numerosos defensores de derechos humanos, por la legítima labor que llevan a cabo. 

“Estas medidas, que parecen imponer fuertes restricciones sobre sectores de la sociedad civil egipcia, deben cesar”, afirmó Zeid. “Si esta situación continúa, las actividades de las ONG, que han desempeñado una valiosa función al documentar violaciones de derechos humanos y apoyar a las víctimas, se paralizarán por completo. Eso ahogará las voces de quienes defienden a las víctimas”.    

Se espera que un tribunal dicte sentencia el jueves sobre la congelación de activos ordenada en contra de dos prominentes defensores de derechos humanos, Gamal Eid, un abogado que dirige la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos, y el periodista Hossam Bahgat,  ex presidente de la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales. A ambos se les acusa de recepción ilícita de fondos enviados por un gobierno extranjero, por un importe de 1,5 millones de dólares estadounidenses. Estos cargos forman parte de una causa incoada en 2011, cuando 43 miembros del personal de una ONG internacional fueron acusados de recibir fondos de un gobierno extranjero sin disponer de licencia para hacerlo.

Además, el pasado 29 de marzo, la directora del Centro Nazra de Estudios Feministas, Muzen Hassan, fue convocada por un juez de instrucción en el marco de una investigación vinculada al asunto de la “financiación extranjera” de las ONG.  

“Todo el mundo tiene derecho a recibir fondos para promover los derechos humanos por medios pacíficos. Las autoridades egipcias deben poner fin a todos los procesos judiciales incoados contra actividades legítimas de derechos humanos y, en particular, sobreseer las causas en contra de Hossam Bahgat y Gamal Eid, que a tenor de las normas internacionales en la materia no han cometido delito alguno”, dijo el Alto Comisionado.

En virtud de una ley relativa a las ONG dictada en Egipto en 2002 numerosas organizaciones han sido disueltas en ese país. Muchas otras ONG también fueron ilegalizadas por supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes, entidad que los tribunales egipcios consideran una organización terrorista. En un solo día del mes en curso, al menos 20 ONG fueron disueltas en la provincia del Delta y otras ONG del resto del país recibieron órdenes de suspender sus actividades mientras dure la investigación.

Entre las ONG que corren el riesgo de ser clausuradas figuran entidades como el Centro Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia, que había recibido permiso para realizar actividades de derechos humanos. El mes pasado, funcionarios del gobierno le comunicaron al personal del Centro que al publicar informes sobre torturas habían transgredido las condiciones de su permiso de operación, porque dicha publicación se consideraba una “actividad médica ilícita”.

Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos también han sido objeto de prohibiciones de viajar. Según fuentes egipcias, a cientos de personas se les ha prohibido entrar o salir del país, en muchas ocasiones sin que haya mediado orden judicial alguna.  

 Las restricciones de ese tipo contravienen las obligaciones de Egipto en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula la obligación de facilitar las libertades de asociación y expresión. Asimismo, esas medidas violan la Constitución de Egipto.

“La sociedad civil egipcia merece encomio por los esfuerzos encaminados a promover los derechos humanos en tan difíciles circunstancias. Las leyes que imponen restricciones indebidas a la inscripción y financiación de las ONG –así como a las libertades de expresión y asociación- deben enmendarse a fin de crear un contexto más tolerante”, declaró Zeid.

FIN

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