Guinea-Bissau: “La situación de la justicia es terrible, pero hay señales alentadoras”, dice experta de la ONU

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BISSAU / GINEBRA (19 de octubre de 2015) – La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Mónica Pinto, exhortó al Gobierno de Guinea-Bissau a apoyar y dignificar el trabajo de los jueces y fiscales, y a reconocer el papel central que desempeñan los abogados en el sistema de justicia, el ejercicio de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho.

“Las autoridades deben priorizar medidas urgentes para garantizar mayor acceso a la justicia y restablecer la confianza de la población en las instituciones”, indicó la Sra. Pinto al concluir su primera visita oficial* a Guinea-Bissau, donde observó graves disfuncionalidades en el sistema de justicia y carencias materiales que “generan campo fértil a la pérdida de independencia, la corrupción y la impunidad”.

“Varios interlocutores me señalaron que la situación de la justicia es triste, terrible – acorde con la situación del país”, dijo la experta en derechos humanos. Sin embargo, recalcó que la población ha considerado positiva la reciente decisión del Supremo Tribunal de Justicia que declaró inconstitucional el nombramiento de un nuevo primer ministro en agosto de este año.

“Muchos en Guinea-Bissau, y en la comunidad internacional, recibieron esta decisión como una afirmación de la independencia del Tribunal. La credibilidad de la justicia está renaciendo a partir de esta decisión”, dijo la Sra. Pinto, citando a una de las personas que entrevistó durante su visita al país.

La Relatora Especial observó múltiples y graves carencias: “La justicia no llega a la gente, se concentra en la capital del país y en pocas ciudades del interior. En el resto del país, el acceso a la justicia – un requisito necesario para poder ejercer sus derechos – es ilusorio: no hay jueces, fiscales ni abogados.”
Asimismo, indicó que el acceso a la justicia es caro y muchos no pueden pagar las tasas judiciales que se le exigen. Los plazos de los trámites son largos; y la mora judicial es tal que está a un paso de causar la denegación de justicia. “Las instituciones judiciales carecen de los insumos básicos para funcionar – reflejando una falta de recursos crónica en el Estado”, dijo.

La experta recalcó también la importancia de garantizar la seguridad de los jueces, fiscales y abogados, y la protección de víctimas y testigos.

La Relatora Especial señaló que la ausencia de tribunales en la mayor parte del país y los altos costos señalados conducen a recurrir a la “justicia tradicional” que media entre las partes para la solución de conflictos, pero sin necesariamente considerar el derecho positivo, nacional e internacional. En este sentido, es importante que la justicia formal sea la institución llamada a aplicar las normas, en particular cuando desafían actos justificados por las tradiciones, como el matrimonio precoz, la circuncisión femenina, o incluso la violencia doméstica.

“Los Centros de Acceso a la Justicia – que permiten consultas jurídicas, la mediación y la conciliación y la orientación y asistencia legal para litigar – son una iniciativa importante y exitosa, que debe ser preservada, reforzada y extendida a otras partes del país, y debe recibir el financiamiento adecuado por parte del Estado”, dijo la Sra. Pinto.

La Relatora Especial también recibió información sobre la falta de acceso a medios de prueba científicos por parte de los fiscales y la policía judicial. El país carece de instituciones que puedan realizar diligencias tales como pruebas de ADN, pericia balística, seguimiento telefónico. Esta situación resulta en altas tasas de impunidad y no permite la persecución penal del crimen organizado, como tráfico de personas, armas, drogas, lavado de dinero y otros.

La experta expresó preocupación en relación con la jurisdicción militar, la cual se extiende casi como un fuero personal; no cuenta con una instancia de revisión en la justicia ordinaria; y la mayoría de sus integrantes carecen del título de abogado.

“Es necesario un ejercicio de introspección importante por parte de las instituciones del sistema de justicia y del gobierno para establecer un cuadro de situación y señalar prioridades”, señaló.

En este contexto, la Relatora Especial recalcó que “es crucial para la recuperación de la confianza en la independencia de la justicia por parte de la población, que los actores del sistema puedan actuar eficazmente”.

La Relatora Especial formulará recomendaciones en este sentido, en el informe que presentará en junio de 2016 al Consejo de Derechos Humanos.

(*) Lea la declaración completa de fin de misión de la Relatora Especial (en español y portugués): http://www.ohchr.org/es/statements/2015/10/observaciones-preliminares-al-final-de-su-visita-oficial-la-republica-de-guinea

La Sra. Mónica Pinto comenzó sus funciones como la Relatora Especial de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados el 1 de agosto de 2015. Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés): http://www.ohchr.org/en/topics

ONU derechos humanos, página de país – Guinea-Bissau: http://www.ohchr.org/sp/countries/guinea-bissau

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En Bissau: Júlia Alhinho (+245 6136045 / alhinho@un.org)
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