Nicaragua: Silenciamiento de las voces críticas

Nos preocupa cada vez más que las autoridades de Nicaragua silencien activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilicen el sistema de justicia con este fin.

Solo en el mes de mayo 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en todo el país. En una sola noche, 55 personas fueron acusadas de "conspiración para socavar la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas", cargos que al parecer utiliza el Gobierno para silenciar a sus detractores. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya planteó estas preocupaciones en 2022 durante su examen de Nicaragua.

Durante sus audiencias bajo custodia, ninguno de los 55 acusados contó con un abogado de su elección y, en su lugar, fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica.

Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y a otras tres se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo se detuvo y encarceló a cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia. Tres de ellos se encuentran bajo arresto domiciliario y uno está en prisión.

El obispo Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años por "atentar contra la integridad nacional" y "difundir noticias falsas", se encuentra actualmente en "La Modelo", una prisión de Tipitapa, cerca de Managua, y no se le permite ninguna visita desde el 25 de marzo. La Oficina ha recibido información de que su celda carece de higiene y saneamiento adecuados y de luz natural, y que tampoco se le permite salir al exterior, unas condiciones que violan las normas y criterios internacionales de derechos humanos.

Se han congelado las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense por presunto blanqueo de dinero. El gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina "terrorismo" y la desestabilización del país.

El 9 y 11 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el gobierno, entre ellos algunos de los defensores de derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía en el país. A otros 25 se les retiró la nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades.

Desde finales de junio de 2022 se ha cancelado la personalidad jurídica de más de 3.200 organizaciones. Los medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar.

Exhortamos a las autoridades a que pongan fin a la represión de la disidencia; que liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; y que restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones y medios de comunicación que se han cerrado arbitrariamente desde 2018.

También instamos al Gobierno a que aborde la crisis actual mediante el diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el Estado de derecho.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está dispuesta a brindar asistencia a Nicaragua en la promoción de los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante para mejorar la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas.