Irán: Llamamiento para la puesta en libertad inmediata de manifestantes pacíficos

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicita la puesta en libertad inmediata de miles de personas que permanecen detenidas en Irán  por su participación en manifestaciones pacíficas.

El 8 de noviembre, la fiscalía declaró que se habían dictado más de 1.000 acusaciones formales contra los detenidos y detenidas en relación con las protestas que habían tenido lugar solamente en la provincia de Teherán.  Otros cientos de acusaciones se han dictado en el resto del país.

Instamos a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata a todos los detenidos y detenidas en relación con las protestas pacíficas, y a retirar los cargos presentados contra ellos y ellas.  La legislación de derechos humanos protege los derechos de las personas a reunión pacífica y a libertad de expresión.

En lugar de abrir un espacio para el diálogo sobre reclamaciones legítimas, la respuesta de las autoridades ante estas protestas sin precedente alguno está mostrando una dureza cada vez más severa.  El domingo, un Tribunal Revolucionario Islámico en Teherán declaró a un manifestante no identificado culpable de moharebeh o de «librar una guerra contra Dios» y de efsad-e fel-arz o de «corrupción en la Tierra» por haber supuestamente dañado bienes públicos, por lo que fue condenado a muerte.  Al menos otros nueve manifestantes han sido acusados de delitos que se castigan con la pena de muerte.

En virtud del derecho internacional, los países que aun no han abolido la pena de muerte solamente pueden imponerla por «crímenes de máxima gravedad», lo que se interpreta como crímenes de máxima gravedad que incluyen el asesinato intencionado.  Los crímenes que no den como resultado directa o intencionadamente la muerte no pueden servir nunca de base para la imposición de la pena de muerte. 

Por todo ello apelamos a las autoridades iraníes a imponer de forma inmediata una moratoria sobre la pena de muerte, a abstenerse de acusar de delitos capitales, así como a revocar las penas de muerte dictadas por delitos que no se definen como crímenes de máxima gravedad.