Myanmar: Dramática situación humanitaria y de derechos humanos agravada por las restricciones del poder militar a la ayuda

La situación general humanitaria y de derechos humanos en Myanmar ha empeorado hasta niveles alarmantes, agravada aun más por la estrategia del poder militar de impedir que la ayuda humanitaria vital para salvar vidas pueda llegar a las personas que la necesitan de manera desesperada, según indica un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Desde el 1 de febrero de 2021, Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado cómo el gobierno militar continúa dando prioridad a sus objetivos sobre todas las demás consideraciones, incluso anteponiéndolos a que comunidades afectadas por el conflicto reciban ayuda vital la cual necesitan de forma urgente. Incluso en los casos en que se ha concedido acceso a los trabajadores humanitarios, su capacidad para entregar ayuda ha sido limitada y controlada de manera estricta.

El gobierno militar ha operado como si las personas que proporcionaran ayuda humanitaria estuvieran ayudando a las personas que se oponen a su poder, en lugar de respetar su necesidad de protección y facilitar su acceso y la prestación de ayuda a la población civil en un momento de crisis.

La situación ya de por sí dramática sobre el terreno se ha visto agravada por las restricciones del poder militar sobre la ayuda a entregar impuestas durante el período posterior al ciclón Mocha en mayo, lo que ha conllevado un mayor sufrimiento y miseria para amplios sectores de la población en el norte y noroeste del país.

Tal como deja claro el informe, la obstrucción o rechazo intencionados de la distribución de ayuda humanitaria puede constituir una violación grave de la normativa internacional de derechos humanos, además de una violación flagrante del derecho humanitario internacional.

Diseñada en parte para cortar el apoyo para sus rivales, el gobierno militar ha hecho uso de su estrategia de cuatro dimensiones para asesinar y herir a miles de civiles a la vez que destruye bienes e infraestructura necesarios para su supervivencia, incluyendo alimentos, vivienda y centros médicos, según indica el informe.

La crisis de derechos humanos y humanitaria de Myanmar es de una enorme magnitud. Se calcula que 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente, y que aproximadamente 60.000 estructuras civiles han sido aparentemente quemadas o destruidas. Más de 17,6 millones de personas, o lo que es lo mismo, un tercio del total de la población, necesitan de algún tipo de ayuda humanitaria.

Entre febrero de 2021 y abril de 2023, fuentes creíbles verificaron que al menos 3.452 personas habían muerto a manos del gobierno militar y sus afiliados, y que 21.807 personas habían sido arrestadas.

De forma especial, nuestro informe advierte que la situación de seguridad ha empeorado gravemente para los trabajadores y trabajadoras humanitarias desde el golpe de estado. Los proveedores de ayuda están expuestos en todo momento al riesgo de ser detenidos, a acosos o a otros tipos de malos tratos, e incluso a la muerte.

Conforme con la normativa internacional de derechos humanos y con el derecho internacional humanitario, las poblaciones necesitadas tienen derecho a recibir ayuda con el fin de garantizar el respeto de sus derechos a alimentos, vivienda y atención sanitaria. Todas las partes deben permitir y facilitar el libre paso sin obstáculo de asistencia de socorro vital para todas las personas que así la necesiten».

En el contexto de conflictos armados, la obstrucción o denegación intencionadas de ayuda humanitaria puede constituir un crimen de guerra en las mismas condiciones que el asesinato deliberado, la tortura y otros tratos degradantes, la inanición, y el castigo colectivo. Esta denegación deliberada de ayuda puede constituir asimismo un crimen de lesa humanidad en las mismas condiciones que el asesinato, el exterminio, la tortura y otros actos inhumanos, o la persecución, cuando se cometan en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentará el informe al Consejo de Derechos Humanos la próxima semana.

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