Estamos sumamente preocupados por el aumento de la represión contra voces críticas en Burundi tras la reciente detención de cinco defensores y defensoras de derechos humanos y el encarcelamiento de un periodista.

Los defensores y defensoras de derechos humanos: Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Havyarimana, Sylvana Inamahoro y Prosper Runyange, fueron detenidos el 14 de febrero en relación con su labor en pro de los derechos humanos. El 15 de marzo, el Tribunal de Apelación ratificó la decisión del Tribunal Superior de mantenerlos bajo arresto hasta que se celebre el juicio.

Los cinco han sido acusados de rebelión, de debilitar la seguridad nacional y de socavar el buen funcionamiento de las finanzas públicas. Estas acusaciones se basan aparentemente solamente en su vinculación con una ONG internacional de defensa de los derechos humanos, Avocats sans Frontières. Trabajar con una organización no gubernamental, incluso con una que no esté registrada en Burundi, no está, y no debe estarlo nunca, prohibido conforme con la legislación de Burundi.

Esta represión contra la sociedad civil se produce al mismo tiempo que somos testigos también de un ataque contra la libertad de prensa en Burundi. Un ejemplo de esta situación es el caso de Floriane Irangabiye, una periodista que ha pasado más de seis meses en prisión simplemente por hacer su trabajo. Ella fue arrestada en agosto del año pasado cuando visitaba Rwanda, en relación con una entrevista que concedió en la radio con otras dos personas de Burundi radicadas en el extranjero, un compañero periodista y un defensor de derechos humanos. El 2 de enero de 2023, ella fue condenada a 10 años de prisión y multada con una suma de un millón de francos burundenses (aproximadamente 500 dólares americanos) por atentar supuestamente contra la integridad del territorio nacional.

La supresión de la sociedad civil, basada a menudo en legislación incompatible con las obligaciones de un estado en materia de derechos humanos, ha sido una tendencia habitual en Burundi desde la crisis electoral de 2015, la cual obligó a muchos defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas, a exiliarse.

Instamos a las autoridades de Burundi a respetar plenamente las normas de derechos humanos relativas a la libertad de expresión y asociación, a poner en libertad a estas personas y a anular los cargos contra ellas que derivan de una conducta amparada por la normativa de derechos humanos. También apelamos a las autoridades a crear un entorno seguro y propicio para posibilitar el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos así como de periodistas, libres de intimidación y represalias. Es igualmente importante revisar las legislaciones que afectan a los medios de comunicación y organizaciones sin ánimo de lucro, para que estén en línea con las normas internacionales.