Resumen

En las actuales circunstancias de creciente desigualdad económica, hay muchos lugares donde las empresas y las personas adineradas utilizan su influencia financiera para vulnerar la independencia del poder judicial intentando intervenir en los procesos que determinan los nombramientos a la magistratura y cabildear a los magistrados en ejercicio para que se muestren más receptivos a sus objetivos. Esos actores también convierten los sistemas de justicia en armas para conseguir sus metas interponiendo demandas estratégicas contra la participación pública supuestamente dirigidas a defender intereses privados, pero que, en realidad, tienen por objeto eliminar las críticas legítimas, la supervisión o la resistencia respecto de sus actividades.

En el presente informe, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, examina la influencia económica indebida que se ejerce en los sistemas de justicia, recomienda que se refuercen los sistemas de ética e integridad y se colmen las lagunas jurídicas, e invita a los magistrados, fiscales y abogados a poner de su parte para hacer frente a esos peligros. De lo contrario, mientras que los sistemas de justicia dan voz a determinados actores, otros quedarán excluidos o silenciados, y ello acarreará terribles consecuencias para los derechos humanos.