Resumen

El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos explica de qué manera el empleo garantizado y la actuación del Estado como empleador de última instancia pueden contribuir a la plena realización del derecho al trabajo y hacer que este pase de ser un objetivo político a constituir un derecho legal exigible. El empleo garantizado permite afrontar la paradoja que supone la coexistencia del desempleo y del subempleo estructurales con unas importantes necesidades sociales insatisfechas, lo que se debe a que ni el Estado ni el mercado suministran los bienes públicos necesarios para ecologizar la economía y lograr una economía del cuidado próspera. El Relator Especial describe los beneficios del empleo garantizado para el individuo y la comunidad, y expone algunos argumentos en contra. A su juicio, el empleo garantizado es un componente esencial de la “transición justa” y resulta fundamental para establecer el nuevo contrato ecosocial necesario en el contexto de la recuperación tras la crisis.