Resumen

Los mayores riesgos de trata que surgen en el contexto del cambio climático tienen su origen en las desigualdades existentes y persistentes, en la pobreza, en el racismo y en la discriminación. Estos mayores riesgos y la vulnerabilidad a la explotación no tienen carácter inevitable ni fijo, y tampoco son inherentes a la condición humana. Surgen de fallos de las políticas, fallos de la voluntad política y fallos de la cooperación y la solidaridad internacionales. Reconocer estos riesgos es fundamental para garantizar una prevención eficaz de la trata y para que se reconozcan las dimensiones de género de dichos riesgos. En el presente informe, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, analiza el modo en que el género determina las experiencias de los desastres, los desplazamientos y las migraciones relacionados con el clima, y pone de relieve el modo en que los efectos negativos del cambio climático, y de los desastres tanto repentinos como de evolución lenta, vienen determinados por las desigualdades y la discriminación sistémica por razón de género. Tales desigualdades se solapan con las experiencias de discriminación, incluidos los motivos de discapacidad, raza y etnia, situación migratoria, edad y religión, y las refuerzan. Para tomar en serio las obligaciones relativas a la prevención de la trata de personas, es preciso llevar a cabo una reforma sistémica y urgente de las leyes y las políticas, basada en el derecho internacional de los derechos humanos, en la que se dé respuesta al cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. A tal fin también es necesario que se aplique y se cumpla de manera efectiva el principio de no discriminación, un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, y que se haga realidad el objetivo de ampliar la migración segura, ordenada y regular, sustentada en la protección de los derechos humanos.