Bachelet insta a los Estados a ayudar a sus ciudadanos abandonados en campamentos de Siria

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GINEBRA (22 de junio de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet manifestó el lunes su gran preocupación por la difícil situación de miles de denominados ‘nacionales de terceros países’, en su mayoría mujeres y niños, quienes se encuentran atrapados en campamentos de desplazados en el noreste de Siria.

Bachelet solicitó medidas urgentes por parte de sus países de origen a la vista de las graves limitaciones para acceder a ayuda humanitaria, además de los riesgos asociados a la COVID-19.

Casi 58.000 niños procedentes de más de 60 países diferentes permanecen confinados en campamentos abarrotados en la zona del país controlada por los Kurdos. Más de 8.000 de estos niños son ‘nacionales de terceros países’, procedentes de países distintos a Siria o de su vecino inmediato Iraq.

En total, aproximadamente 90.000 sirios, iraquíes, y otros ‘nacionales de terceros países’ con supuestos vínculos familiares con miembros de EIIL permanecen confinados en campamentos de desplazados hacinados como Al-Hol y Al-Roj. Mientras que la mayoría fueron trasladados a estos campamentos en 2019, tras la caída del último bastión de EIIL en la región oriental de Deir Ez-Zor, otros miles han estado retenidos en el campamento de Al-Hol desde 2016.

Si bien los nacionales de terceros países no están detenidos formalmente y no se enfrentan a ningún cargo penal en Siria, no se les permite abandonar los campamentos. Se encuentran en un limbo legal con acceso limitado, o ninguno, a servicios consulares, y en condiciones potencialmente peligrosas para sus vidas. 

“Acojo con gran satisfacción que algunos países de origen hayan empezado a repatriar a sus ciudadanos, y que estén mostrando mayor voluntad para repatriar a los niños jóvenes y a los huérfanos,” afirmó Bachelet. “Pero sigue siendo cierto que miles de personas, en su mayoría mujeres y niños, no pueden volver a sus propios países de nacionalidad u origen.”

“La comunidad internacional debe realizar todos los esfuerzos posibles por apoyar los derechos de los iraquíes y sirios que permanecen abandonados en estos campamentos,” añadió, resaltando que también se les debe ofrecer la oportunidad de volver de forma segura a sus hogares, y a su rehabilitación y reintegración, con pleno respeto por sus derechos humanos y con garantías de un juicio imparcial según proceda.

Bachelet declaró que los países deben asumir su responsabilidad por todos sus ciudadanos, en conformidad con sus obligaciones con el derecho internacional. “No obstante, algunos países han optado por el contrario por privar de la nacionalidad a las personas de estos campamentos, lo que les convierte potencialmente en apátridas. Algunos han rechazado o han sido lentos a la hora de ofrecer servicios consulares, y han alegado otros obstáculos para ayudar sobre el terreno a sus propios ciudadanos. Todos estos enfoques reducen la probabilidad de que exista una protección eficaz y una rendición de cuentas adecuada por crímenes muy graves que se han cometido,” aseguró la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Una vez que las personas hayan vuelto a sus hogares, los Estados pueden continuar con el proceso introduciendo medidas de rehabilitación y reintegración, así como de investigación y, si fuera pertinente, de enjuiciamiento,” afirmó Bachelet. “Muchos países de origen cuentan con sistemas sólidos de justicia capaces de investigar y procesar de una forma justa y efectiva a aquellas personas sobre las que existen suficientes pruebas de conducta criminal.”

Excluir a sabiendas a ciudadanos de la protección del estado de derecho es tanto una posible contravención de las obligaciones de ese país con arreglo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, y además existe el riesgo de ser contraproducente. “La situación desesperada en estos campamentos ofrece a grupos extremistas o terroristas como EIIL un caldo de cultivo para explotar el sufrimiento de las personas como herramienta para reclutarlos,” explicó Bachelet. “Es perfectamente legítimo que los Estados tengan en cuenta consideraciones sobre seguridad nacional, no obstante, esto no puede realizarse a costa de la protección de los derechos humanos.”  

“Estos riesgos se ven agravados por la COVID-19, la cual ha venido a limitar aún más las capacidades de las autoridades de facto para garantizar seguridad suficiente en los campamentos hacinados, y limitar la influencia de los grupos terroristas. Estos riesgos tienen un efecto bumerán en los esfuerzos de la comunidad global para combatir el terrorismo en la región.”

Muchas personas en el interior de los campamentos son ellas mismas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Mujeres, niños y niñas han sufrido violencia sexual y/o han sido objeto de trata de seres humanos o han sido obligadas a contraer matrimonio, o sometidas a esclavitud sexual y explotación por parte de grupos terroristas que figuran en la lista de las Naciones Unidas, declaró Bachelet. Los niños, incluyendo aquellos que fueron adoctrinados o reclutados por la fuerza por EIIL, deben ser considerados primordialmente como víctimas y tratados de manera coherente con sus derechos, dignidad y mejores intereses en conformidad con el derecho internacional aplicable, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño.   

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