Los derechos humanos y el COVID-19 Debate celebrado en la Junta asesora en materia de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia

Inglés

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

12 de mayo de 2020

Les agradezco que me hayan invitado a participar en este debate. Finlandia ha sido una de las muchas voces que han contribuido a formular las políticas orientadas a combatir el coronavirus en el mundo entero. Como reconoció muy pronto el Ministro Pekka Haavisto, el COVID-19 constituye una amenaza masiva y creciente para los derechos humanos.
El número de muertes causado por la enfermedad y el sufrimiento provocado por las restricciones impuestas para controlarla han sido ingentes. La pandemia también ha puesto de relieve las debilidades del sistema político, económico y social de cada país. Tanto las comunidades como los individuos son ahora más vulnerables porque no se ha logrado garantizar su acceso a los cuidados sanitarios y la protección social.

En particular, las personas más pobres, que viven en condiciones de insalubridad y hacinamiento, corren un enorme riesgo de contagiarse y morir. En numerosas sociedades, esa situación es especialmente cierta para los miembros de las minorías étnicas y raciales, y los pueblos indígenas, expuestos a la discriminación sistemática.

Ahora sabemos también que en muchos contextos institucionales, -entre otros los asilos de ancianos y personas con discapacidad, así como las prisiones y centros de reclusión- no se ha garantizado un seguimiento lo suficientemente atento al derecho a la salud de las personas.  

La carga adicional de trabajo que soportan muchas mujeres por los cuidados que proporcionan y su exposición a la violencia doméstica resultan ahora muy evidentes, así como las graves repercusiones de esos factores sobre su acceso a la atención sanitaria y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Y la importancia del trabajo que realizan el personal sanitario y otros profesionales a los que ahora se considera “esenciales” no ha sido valorada lo suficiente por sociedades que, en general, no han dado prioridad a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Como un tsunami provocado por un terremoto, la pandemia viene ahora acompañada de una recesión económica a escala planetaria. El Secretario General de las Naciones Unidas ya advirtió de que 500 millones de personas podrían recaer en la pobreza de aquí a final de año, lo que destruiría el progreso acumulado en más de tres decenios. Esa cifra equivale a una de cada 12 personas que viven actualmente. La Organización Internacional del Trabajo informa de que 1.600 millones de trabajadores que laboran en la economía informal -casi la mitad de la fuerza laboral del mundo, que se calcula en 3.300 millones- “corren el riesgo inminente de que sus medios de subsistencia queden destruidos”. El Programa Mundial de Alimentos advierte de que podrían producirse hambrunas “de proporciones bíblicas”. 

En 1963, en una carta enviada desde una celda de la cárcel de Birmingham (Alabama, Estados Unidos), Martin Luther King señalaba que todos nosotros “estamos atrapados en una ineludible red de interdependencia, tejida en una única trama del destino. Lo que afecta directamente a cada uno de nosotros, nos afecta a todos”. El COVID-19 nos ha hecho recordar esta lección. Para protegernos eficazmente de las crisis, todos necesitamos no solo medidas nacionales, sino también estrategias de ámbito mundial que otorguen prioridad a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

Por lo tanto, mi primera y encarecida recomendación de hoy es que Finlandia y todos los demás Estados realicen un gran esfuerzo multilateral para garantizar la solidaridad mundial en esta crisis.

Necesitamos un esfuerzo multilateral coordinado y exhaustivo para ayudar a los sistemas nacionales de atención sanitaria a gestionar la crisis actual y a recuperarse hasta alcanzar una posición más sólida y resiliente. Es preciso que se realicen rápidos progresos en materia de protección social, de modo que las personas puedan recuperarse con el menor sufrimiento posible. Los Estados tendrán que aumentar el gasto destinado a apoyar los ingresos y la seguridad alimentaria, y deberán luchar contra las desigualdades y la discriminación en la esfera económica. Asimismo, será fundamental adoptar medidas para aliviar la carga de la deuda.

Deberíamos elaborar un nuevo modelo económico que fomente el crecimiento sostenible e integrador y que tenga en cuenta el cambio climático; un modelo que ayude a que las personas sean más resilientes a las crisis, mediante la reducción de las desigualdades y la promoción de la dignidad humana. Todos deberíamos entender claramente que si hubiéramos realizado un esfuerzo mayor en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se habrían atenuado muchos de los sufrimientos que vemos hoy -y tenemos la necesidad perentoria de avanzar en ese sentido durante el próximo decenio-.

El Informe de políticas de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el COVID-19 coloca a los derechos humanos en el núcleo central de este esfuerzo mundial, no solo porque son principios universales de justicia y dignidad humana, sino también porque las políticas basadas en los derechos humanos son más eficaces para abordar la crisis y forjar mayor resiliencia para el futuro.

En el núcleo de esos esfuerzos, es preciso realizar un escrutinio más atento de la repercusión del COVID-19 en cada grupo humano, algunos de los cuales están entre los menos visibles e influyentes de cada sociedad. Entre esos grupos figuran las personas de más edad, las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, los miembros de minorías nacionales, étnicas, lingüísticas o religiosas, y los pueblos indígenas. Es fundamental velar por que se acopien y analicen datos exactos y desglosados, y mi Oficina ha preparado un marco de trabajo con indicadores de derechos humanos para ayudar a los encargados de formular políticas nacionales y mundiales a adoptar las decisiones más eficaces y a fin de que nadie quede rezagado.

Por ejemplo, un conjunto de factores determina que los pueblos indígenas sean a menudo especialmente vulnerables a las pandemias. Aquí, en Finlandia, muchos miembros de la etnia sami viven a gran distancia de los principales centros de atención sanitaria. La información relativa a la prevención y los cuidados médicos debería estar disponible en lengua sami y actualizarse regularmente, y las autoridades deberían velar por que exista una coordinación constante con las instituciones de los samis para reducir al mínimo las repercusiones del COVID-19.

Otras minorías, como los romaníes, han bregado durante decenios con altos índices de desempleo y otros problemas sociales, y probablemente tendrán que enfrentarse a desafíos aun más difíciles como consecuencia de la pandemia. Insto al gobierno de Finlandia a que coordine con la sociedad civil y otros sectores interesados las medidas socioeconómicas adicionales que serán necesarias para abordar estas repercusiones específicas sobre las minorías desfavorecidas y marginadas, comprendida la posibilidad de proporcionar ayuda económica de emergencia a quienes hayan trabajado en la economía informal. La información pertinente y actualizada al respecto también debería ponerse a disposición en lenguas minoritarias del país, como el sueco y el romaní kalo-finés.  

Durante muchos años, Finlandia ha realizado esfuerzos generosos en la acogida de migrantes y es importante que no se permita que los asuntos relativos a los seguros de salud, los documentos de identificación o la seguridad social obstruyan su acceso a la atención médica y la información. Las medidas enérgicas encaminadas a defender el derecho universal a la salud constituyen una manera poderosa de rechazar la estigmatización y los ataques racistas o xenófobos.

Lo anterior también es cierto cuando se aplica a la comunidad LGBTI. Ningún colectivo debería padecer por desatención o carencia de atención sanitaria; las autoridades deberían velar por el pleno ejercicio del derecho a la salud.

En este contexto, encomio al gobierno de Finlandia por la sesión informativa en línea que efectuó el mes pasado destinada a los niños, que se realizó en finés, sueco y lengua de signos finesa. Quisiera hacer hincapié en la función que pueden desempeñar el Centro de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo de Finlandia en el fomento de la comprensión de los retos desproporcionados que afrontan las mujeres y otros colectivos, y en la configuración de respuestas eficaces a los mismos. Su orientación en lo relativo a las medidas de protección en determinados contextos laborales, la mejor manera de combatir la discriminación y el racismo, y el marco jurídico para aprobar -y derogar- restricciones a la libertad de movimiento serán aportes sumamente valiosos.

Actualmente en Finlandia, como en muchos otros países, las medidas de confinamiento y otras restricciones a la libertad de movimiento han evitado el colapso de los sistemas sanitarios y han reducido las tasas de infección hasta el punto en que esas restricciones pueden empezar a derogarse de manera progresiva. Pero mientras no se logre elaborar y distribuir una vacuna, la población tendrá que convivir con el COVID-19, que será una permanente amenaza potencial. A medida que las economías y las sociedades evolucionan hacia un modo de funcionamiento más normal, será preciso reconocer que cualquier medida orientada a relanzar la vida laboral o educativa, la movilidad o la interacción social implicará el riesgo de suscitar nuevos brotes. Los primeros indicios médicos de esos brotes podrían llegar en un plazo de dos semanas, una vez que los casos más graves empiecen a ingresar en los hospitales.  

La adopción de decisiones sobre la reducción del confinamiento exige medidas normativas que requieren suma atención y cautela. Existe el riesgo cierto de que esas medidas se politicen o se usen en beneficio de un reducido grupo de personas, lo que puede plantear amenazas desproporcionadas y letales a otras comunidades. La derogación de las restricciones también puede plantear dificultades imprevistas para muchas personas, tales como una carga adicional para los padres que han de trabajar mientras las escuelas todavía siguen cerradas; dificultades para ir y venir del trabajo, y problemas de seguridad para quienes desempeñan labores en la primera línea de la lucha contra el virus. Una vez más, el uso de indicadores precisos, basados en los derechos humanos, junto con estadísticas sanitarias específicas, puede garantizar que los riesgos y las necesidades de los diversos grupos reciban la consideración adecuada.   

La flexibilidad y la reactividad también serán decisivas, junto con la capacidad de adaptar rápidamente las políticas, en respuesta a los brotes locales de contagio y otras consecuencias negativas.

Todas las personas que trabajan fuera del hogar necesitan acceso a equipos de protección adecuados, tales como mascarillas y material aislante, y además necesitan desplazarse con la mayor seguridad posible para ir al centro de trabajo y regresar a sus casas.

En todos los lugares donde existe un alto riesgo de contagio, como las instituciones asistenciales y los centros de detención, así como en los campamentos de migrantes y las zonas urbanas pobres y hacinadas, se deben llevar a cabo todos los esfuerzos posibles a fin de velar por la disponibilidad de pruebas médicas, incluso mediante el uso de instalaciones móviles; debe aumentarse el monitoreo de los índices sanitarios; deben crearse instalaciones para aislar a quienes hayan estado expuestos al COVID-19, y es preciso garantizar el suministro gratuito de agua, saneamientos y jabón, así como el acceso oportuno a la atención médica.

La población tiene derecho a recibir información exacta y completa sobre la pandemia y sobre nuestra respuesta a la emergencia. También tiene derecho a que se le consulte y a participar en las decisiones que afectan a sus vidas, en particular en las opciones relativas a las medidas de desconfinamiento. A las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad y los representantes de todos los colectivos que han sido afectados por la pandemia de manera más que proporcional se les debe informar, consultar y pedirles que participen en la configuración de estas políticas. La participación fomenta la confianza en las autoridades y mejora el cumplimiento de las medidas orientadas a limitar el contagio; y aquí deseo hacer hincapié en este punto: la libertad de expresión, como otros derechos humanos, es un componente fundamental de la salud pública. 

Para ayudar a los Estados y otros agentes multilaterales en la formulación y aplicación eficaz de respuestas al COVID-19 basadas en los derechos humanos, mi Oficina sigue elaborando orientaciones sobre cuestiones específicas -tales como la repercusión de la pandemia sobre los derechos de los ancianos, las mujeres, los reclusos, los migrantes, las personas con discapacidad y los miembros del colectivo LGBTI.

Asimismo, hemos publicado orientaciones políticas relativas al uso de las medidas de emergencia en este contexto. Tal como señalaron el mes pasado Finlandia y otros países europeos, hemos visto amenazas a los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos fundamentales derivadas de la adopción de medidas de emergencia en determinados países. Entre esas amenazas figura el uso indebido de esas facultades para suprimir la información y la crítica legítima a las autoridades y el uso desproporcionado de la fuerza en la aplicación del confinamiento.

También me preocupa que las nuevas medidas sobre vigilancia y acopio de datos para facilitar el rastreo de contactos puedan dañar de manera permanente el derecho a la privacidad y otros derechos fundamentales. Cualquier modalidad de vigilancia debería aplicarse con un límite de tiempo, estar encuadrada en un marco jurídico preciso y de acceso público, y ser proporcional a la consecución de objetivos en la lucha contra el COVID-19. De igual modo, es preciso aplicar sólidas salvaguardas y criterios de transparencia en lo relativo al uso y almacenamiento de los datos.

Sobre todos estos temas estamos trabajando estrechamente con agentes nacionales -entre otros, gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos, empresas y entidades de la sociedad civil- así como con otros organismos de las Naciones Unidas, con el fin de situar a los derechos humanos en el núcleo mismo de todas las respuestas al COVID-19. En particular, quiero insistir en el sólido esfuerzo realizado para garantizar que la labor de los Coordinadores Residentes y los Equipos de País de las Naciones Unidas se centre en prioridades de derechos humanos, como los principios de no discriminación, participación y rendición de cuentas.

Todos nos enfrentamos ahora a nuevos desafíos, en terreno desconocido. Y precisamente en tiempos de crisis como estos, necesitamos principios sólidos para orientarnos. Al igual que algunas personas son más vulnerables al COVID-19 porque tienen patologías asociadas, así muchas brechas y deficiencias subyacentes en materia de derechos humanos generan debilidades adicionales en la sociedad y en regiones enteras. Las desigualdades, la discriminación y otros problemas esenciales como el cambio climático han debilitado nuestra resistencia ante las calamidades y mi Oficina está elaborando un conjunto de propuestas de financiación de proyectos específicos para reforzar las respuestas al COVID-19.

Estoy convencida de que, con la ayuda de Finlandia y otros asociados esenciales, lograremos forjar sistemas capaces de realizar un trabajo más eficaz con miras a la protección de los derechos de toda la humanidad. 

Muchas gracias.