La estrategia de EEUU contra la COVID-19 no está protegiendo a los pobres, afirma un experto de las Naciones Unidas

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GINEBRA (16 de abril de 2020) – Los pobres están siendo los más afectados en Estados Unidos por la pandemia de la COVID-19, por lo que el gobierno debe adoptar urgentemente medidas adicionales para impedir que decenas de millones de americanos de clase media se hundan en la pobreza, afirmó hoy un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Las personas pobres y con bajos ingresos se enfrentan a riesgos mucho mayores a raíz del coronavirus debido a su abandono y discriminación crónicos, así como por una respuesta federal confusa y centrada en las empresas que no les ha protegido”, declaró Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, quién realizó una visita de investigación a los Estados Unidos en 2017. 

“Con una cifra récord de despidos, un sistema de protección social débil, y con un gobierno enfocado sobre todo en las empresas y en los más acomodados, una parte importante del país caerá pronto en la pobreza al menos que el Congreso adopte medidas de alcance,” afirmó el experto independiente.   

Más de 22 millones de personas solicitaron prestación por desempleo en el transcurso de cuatro semanas, además los economistas de la Reserva Federal calculan una destrucción de hasta 47 millones de empleos antes del verano. Casi un tercio de los arrendatarios en EEUU no pagaron su alquiler en plazo en abril y el uso del banco de alimentos se ha disparado. 

“Las personas en la pobreza sufren una amenaza desproporcionada ante el coronavirus. Suelen trabajar en empleos con un riesgo elevado de exposición, viven en viviendas hacinadas e inseguras, residen en zonas más vulnerables debido a la contaminación del aire, y no tienen acceso a asistencia sanitaria,” indicó. “Las comunidades de color, quienes soportan una continua brecha racial de riqueza, se encuentran en situación especial de riesgo y su tasa de fallecimientos está siendo mucho mayor.”

Los pobres cuentan con menores recursos para amortiguar los efectos económicos y resultan más afectados negativamente por las medidas para frenar la propagación del virus, advirtió el Relator Especial. Los trabajadores peor remunerados son más vulnerables ante los despidos en masa y los recortes salariales, mientras que los niños con bajos ingresos tienen un menor acceso a clases en línea.

“A pesar de estos graves riesgos, la ayuda federal no está llegando aún a mucha población necesitada y es de índole y alcance básicamente insuficiente dada la magnitud de la crisis y sus repercusiones a largo plazo,” afirmó Alston.

“Los pagos únicos son inferiores a un salario mínimo mensual, es posible que no lleguen a parte de la población menos favorecida hasta septiembre, y excluyen en su diseño a millones de inmigrantes indocumentados que pagan impuestos,” denunció. “La ampliación provisional del seguro por desempleo se gestiona en oficinas estatales desbordadas, lo que supone retrasos generales.” 

Más de la mitad de los trabajadores quedaron excluidos de la legislación sobre bajas por enfermedad, y el alivio de la deuda estudiantil deja fuera a millones de prestatarios con préstamos de empresas privadas. No se han adoptado medidas globales para cubrir los tratamientos médicos a pesar de que decenas de millones no tienen seguro y que los costes de cuidados intensivos pueden llegar hasta los 70.000 dólares.    

“Es fundamental un tratamiento accesible y asequible, y se debe comenzar ya a hacer planes para garantizar una disponibilidad amplia y equitativa de una posible vacuna, para que no se distribuya en primer lugar a los más ricos y solo en último lugar a los más vulnerables,” insistió Alston.

“Los más pobres resultarán perjudicados si el Congreso continúa denegando ayuda significativa para los gobiernos estatales y locales, los cuales están estudiando recortes en servicios como el transporte público, educación, asistencia jurídica y sanidad. 

“La respuesta también ha ignorado la amenaza en ciernes del cambio climático, y a pesar de los riesgos que la contaminación y las emisiones de carbono suponen para las comunidades más pobres, la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha suspendido la aplicación de numerosas normativas sobre notificación y seguimiento.”  

El sistema norteamericano de fianza en efectivo supone también que muchos detenidos permanezcan bajo arresto al no poder pagarla. “Conforme el coronavirus se propaga por prisiones, celdas y centros de detención hacinados y con falta de higiene, incluso una infracción menor puede convertirse en una sentencia de muerte,” afirmó Alston. “A la vez que algunas autoridades han aplicado puestas en libertad basadas en el sentido común, otras, como en Tejas y Nueva York, han duplicado las fianzas en efectivo.” 

Incluso con anterioridad a la crisis, se calculaba que dos de cada cinco americanos no podían costearse un gasto de 400 dólares sin endeudarse, y según la Oficina del Censo de Estados Unidos, 38,1 millones de personas vivían en la pobreza en 2018. 

“Los pobres en Estados Unidos ya soportan unas condiciones de trabajo extremadamente precarias, con sueldos bajos, alquileres inaccesibles, además de disfrutar pocas de las garantías que son habituales en la mayoría de países desarrollados, como por ejemplo la sanidad universal. Estados Unidos podría usar su considerable riqueza para resolver muchas de estas cuestiones, pero ofrecer una respuesta que favorezca intereses empresariales y alimente las desigualdades será algo catastrófico. 

“Los Estados Unidos deben proporcionar ayuda inmediata, ya sea como asistencia para pago del alquiler y suspensiones del cobro de deudas y de desahucios, así como soluciones a largo plazo para proteger los derechos y luchar contra la inseguridad, como por ejemplo estímulos ecológicos, un salario mínimo y la cancelación de la deuda estudiantil. Estos son momentos para volver a evaluar las deficiencias de los sistemas de sanidad, vivienda y asistencia social, las cuales han hecho que esta crisis sea especialmente dolorosa para los más desfavorecidos,” señaló el Relator Especial.    

FIN

Philip Alston (Australia) asumió sus funciones comoRelator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanosen junio de 2014. En su función de Relator Especial, forma parte de lo que se denomina Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo de mayor tamaño de expertos independientes dentro del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes del Consejo para la verificación de hechos y supervisión que abordan bien situaciones específicas de cada país o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no forman parte del personal de la ONU y no reciben salario alguno por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título personal.

Siga al Relator Especial en Twitter @Alston_UNSR y Facebook en www.facebook.com/AlstonUNSR

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