“Las respuestas a la COVID-19 no están protegiendo a las personas en la pobreza en todo el mundo” – experto en derechos humanos de las Naciones Unidas

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GINEBRA (22 de abril de 2020) – Muchas de las respuestas de los gobiernos frente a la COVID-19 han tenido efectos devastadores para las personas en la pobreza, afirmó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. “A pesar de los cambios en las políticas, a menudo de gran alcance, y el enorme apoyo financiero, los más vulnerables han sido relegados o excluidos.”

“Las políticas de muchos Estados reflejan una filosofía de darwinismo social la cual da prioridad a los intereses económicos de los más ricos, a la vez que ofrece poca ayuda a los que trabajan duramente para conseguir los servicios esenciales o son incapaces de ser autosuficientes,” señaló Alston. 

La COVID-19 podría abocar a la pobreza a más de 500 millones adicionales de personas, advirtió. La Organización Internacional del Trabajo calcula que en los próximos meses desaparecerán el equivalente a casi 200 millones de empleos de jornada completa, a la vez que el total de la pérdida de ingresos podría alcanzar este año los 3,4 billones de dólares.

“Esta crisis afecta de forma desproporcionada a los pobres, los cuales suelen sufrir más complicaciones de salud, viven en viviendas atestadas, no tienen los recursos para quedarse en casa durante períodos largos de tiempo, y trabajan en empleos poco remunerados que les obligan a elegir entre poner en riesgo su salud o perder sus ingresos,” explicó Alston.

“Con una enorme irresponsabilidad ética, la mayoría de los países están haciendo muy poco para proteger a los más vulnerables ante esta pandemia.”

“Los gobiernos han cerrado países enteros sin hacer siquiera el mínimo esfuerzo para asegurarse de que las personas puedan sobrevivir,” afirmó Alston. “Muchas personas en la pobreza viven el día a día, sin ahorros o reservas de comida. Y por supuesto, las personas sin hogar sencillamente no pueden quedarse en casa.”

En China, país que visitó en 2016 y sobre el cual presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos, la cuarentena de 60 millones de personas significó en la práctica la suspensión de los servicios sociales, abandonando a su suerte a las personas en la pobreza.

“Tras obligar a millones a permanecer en sus casas sin plan alguno, algunos gobiernos han respondido con una violencia gratuita y contraproducente contra personas de bajos ingresos obligadas a salir de sus casas para sobrevivir,” denunció el Relator Especial.

“A la vez que algunos países han adoptado importantes iniciativas como los pagos directos en efectivo, la suspensión de desahucios y la cobertura de los salarios de los empleados con contratos suspendidos, en la mayoría de los casos las medidas de apoyo han sido claramente insuficientes y no se ha atendido a la población más vulnerable. Esto es un hecho cruel, inhumano y contraproducente, ya que les obliga a seguir trabajando en condiciones de inseguridad, poniendo en riesgo la vida de todo el mundo.”

En Estados Unidos, país que Alston evaluó en un informe de 2018 para el Consejo de Derechos Humanos, el paquete de ayuda del gobierno amplió de forma temporal los programas de desempleo, pero sin incluir a trabajadores indocumentados e informales que pagan sus impuestos.

A pesar de tener disponibles otras opciones alternativas, muchos Estados mantienen el arresto de personas vulnerables en celdas, prisiones y centros de detención de inmigrantes, en condiciones de hacinamiento y sin una asistencia sanitaria adecuada. Para algunos, esto supondrá una sentencia de muerte.

La COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades entre países. “Mientras algunos países están consiguiendo aplanar la curva, el coronavirus está destinado a causar estragos entre los países más pobres. Los países más ricos deben ofrecer ayuda a los gobiernos que lo necesitan, condonando o cancelando su deuda externa, y no monopolizando el material médico y los test de coronavirus,” afirmó Alston. “Los ataques contra la Organización Mundial de la Salud, en un momento cuando la cooperación multilateral es fundamental, son injustificados e inaceptables, además de ser totalmente contraproducentes”, añadió.

“Esta pandemia ha dejado al descubierto la quiebra de los sistemas de apoyo social en numerosos países”, declaró Alston.

“A la vez que algunos gobiernos han aprobado medidas de alcance que se habían desestimado previamente por ser poco realistas, la mayoría de estos programas se han concretado en medidas a corto plazo y paliativas que suponen simplemente ganar tiempo en lugar de abordar los enormes desafíos que continuarán en el futuro. Ahora es el momento de llevar a cabo profundas reformas estructurales que protejan a la población en su conjunto y que refuercen la resiliencia ante un futuro incierto,” añadió.

FIN

Philip Alston (Australia) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014. Como Relator Especial, forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Siga al Relator Especial en Twitter @Alston_UNSR and Facebook at www.facebook.com/AlstonUNSR

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