La equidad y la igualdad racial deben orientar la acción del Estado en la respuesta al COVID-19, afirman expertos de Naciones Unidas

GINEBRA (6 de abril de 2020) – Un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha formulado un llamamiento urgente a los gobiernos para que se comprometan a mantener la equidad y la igualdad racial en la prestación de servicios sanitarios durante toda la duración de la crisis del COVID-19 porque, de no hacerlo, la discriminación podría incrementar los índices de mortalidad.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes afirmó en una declaración* dada a conocer hoy que la discriminación estructural podría agravar la desigualdad en el acceso a los cuidados de salud y los tratamientos médicos, lo que a su vez podría generar disparidades de base racial en los resultados sanitarios, así como un aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los afrodescendientes.

“Aunque se han aplicado respuestas enérgicas, los Estados todavía no han reconocido los riesgos sanitarios específicos que afrontan los afrodescendientes ni cómo la discriminación, los prejuicios implícitos y los estereotipos raciales pueden contaminar las medidas políticas”, dijo el presidente del Grupo de Trabajo, Ahmed Reid. 

El experto en derechos humanos hizo hincapié en que la falta de representación en los más altos niveles constituía un problema adicional. “Esta carencia impide la aplicación de competencias para satisfacer las necesidades de los afrodescendientes, en el marco de la respuesta al COVID-19”. 

El Grupo de Trabajo insistió en que los gobiernos deberían examinar cómo en el aspecto racial, el uso de la discreción, sin la dirección adecuada, repercute en el riesgo y la vulnerabilidad durante la crisis. En la actualidad, allí donde existen datos desglosados, las acentuadas desigualdades raciales resultan ya evidentes.  

“Si no se presta la debida atención, algunas medidas que a primera vista parecen neutrales pueden contener o facilitar elementos de prejuicio racial. Hasta ahora, ningún esfuerzo de protección ha centrado la respuesta de salud pública en las vulnerabilidades específicas de los afrodescendientes”, dijo Reid.  “Esto plantea el problema paralelo de que incluso la investigación y la generación de conocimientos en respuesta a la crisis podría hacer caso omiso de los obstáculos específicos que dificultan los cuidados sanitarios o de la repercusión discriminatoria de determinadas medidas políticas”.

En su declaración, el Grupo de Trabajo señaló que “los trabajadores del sector sanitario y los dirigentes locales, estresados y abrumados, necesitan ahora más y mejores orientaciones para prevenir la discriminación racial en este momento crítico, lo que comprende la disponibilidad de estadísticas desglosadas para garantizar el tratamiento equitativo”.

Un número más que proporcional de afrodescendientes trabaja en el sector de servicios, vive en comunidades densamente pobladas, está sujeto a suministros inseguros de agua y alimentos, y suele carecer de viviendas seguras. “Estos son factores adicionales de riesgo y vulnerabilidad. En muchos Estados, un número desproporcionado de afrodescendientes trabajan como asistentes sanitarios a domicilio, cuidadores o personal de reparto que ayuda a que los hospitales y los sistemas de cuidados sanitarios puedan centrarse en los casos más graves, a pesar de que no se ha realizado ningún esfuerzo oficial para garantizarles seguridad y protección”.

El Grupo de Trabajo declaró que la presencia más que proporcional de afrodescendientes en cárceles y prisiones, así como en campamentos de refugiados y desplazados internos en numerosos lugares del mundo, suscitaba especial preocupación, habida cuenta del alto número de contagios, la carencia de medidas de protección y el aprovechamiento del trabajo de los reclusos. “El hecho de que los afrodescendientes estén dispuestos a ayudar en esta crisis no debería interpretarse como que son material desechable”. 

“Los Estados que aprovechen esta pandemia para suspender o hacer retroceder los derechos humanos vinculados a la acción afirmativa, el medio ambiente, la salud pública, la justicia penal y la gobernanza, por lo general estarán perjudicando a los afrodescendientes en un grado tal que el perjuicio persistirá por largo tiempo tras la solución de la crisis”, añadió Reid.

El Grupo de Trabajo encomió las enérgicas respuestas planteadas a la pandemia del COVID-19, pero instó a los gobiernos a que concedieran la misma urgencia a los derechos humanos en épocas ordinarias y a que velaran permanentemente por el acceso de todas las personas a la educación, la vivienda, la Internet, los cuidados sanitarios y las necesidades básicas.  

FIN

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes fue creado el 25 de abril de 2002 por la antigua Comisión de Derechos Humanos, a raíz de la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001. El Grupo está compuesto por cinco expertos independientes: Ahmed Reid (Jamaica), actual presidente-relator; Dominique Day (Estados Unidos de América), vicepresidente; Michal Balcerzak (Polonia); Sabelo Gumedze (Sudáfrica) y Ricardo A. Sunga III (Filipinas).

El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se denomina Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, que componen el mayor órgano de expertos independientes del sistema de las Naciones Unidas, son el nombre general que reciben los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo que examinan situaciones de un país especifico o asuntos temáticos en todas las regiones del mundo. Sus expertos trabajan voluntariamente; no son miembros del personal de las Naciones Unidas y no perciben remuneración alguna por su labor. Desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización. 

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