La ley camboyana de estado de emergencia pone en peligro los derechos humanos, advierte una experta de las Naciones Unidas

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GINEBRA (17 de abril de 2020) – La nueva ley de estado de emergencia del Gobierno camboyano en respuesta a la pandemia de la COVID-19 corre el riesgo de violar el derecho a la privacidad, de silenciar la libertad de expresión y de penalizar la reunión pacífica, ha afirmado hoy una experta de las Naciones Unidas.

"Las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionales a la crisis que pretenden solventar", afirmó Rhona Smith, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya. "El carácter general en la formulación para definir la protección de la seguridad nacional y el orden público, aparentemente encaminada a combatir la COVID-19, podría utilizarse para infringir el derecho a la privacidad y restringir sin necesidad las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica".

La ley confiere poderes amplios al Gobierno por un periodo inicial de tres meses, incluidas las restricciones y las prohibiciones a la difusión de información y medidas para "la supervisión y la vigilancia, por todos los medios". Fue aprobada por la Asamblea General el 10 de abril y se preveía que el Senado la aprobara el 17 de abril. La Relatora Especial señaló que los delitos como "obstrucción" o "representar un obstáculo" a las operaciones gubernamentales podían interpretarse de modos diferentes, y que las sanciones de hasta 10 años en prisión y las multas cuantiosas eran desproporcionadas.

"Las sanciones y las multas deberían ser proporcionales a la gravedad del delito cometido, además de tener en cuenta la situación económica de la persona. Esto es particularmente importante para las personas actualmente en desempleo o incapaces de generar ingresos debido a las medidas de emergencia", argumentó Smith.

Las leyes deberían centrarse en abordar las necesidades de la salud pública al mismo tiempo que en proteger las libertades fundamentales, afirmó la experta.

"Las autoridades camboyanas deberían asumir un papel activo para garantizar que todos tengan igualdad de acceso a los servicios sanitarios adecuados, y adoptar medidas especiales para las personas y los grupos que se encuentren en situaciones particulares de vulnerabilidad, incluidas las personas con enfermedades subyacentes, con discapacidades, los mayores, los detenidos, las poblaciones rurales necesitadas, las poblaciones indígenas y las minorías étnicas".

Según Smith, las sanciones y las responsabilidades penales en la nueva ley se extienden ahora a las personas jurídicas y podrían incluir a la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, que ya actúan en un entorno excesivamente restrictivo. "Un estado de emergencia debería guiarse por los principios de los derechos humanos y no debería servir de excusa para eliminar todo disentimiento o repercutir desproporcionada y negativamente en otros grupos bajo ninguna circunstancia".

"Puesto que Camboya se ha unido al número creciente de Estados que ha comunicado medidas especiales para hacer frente a la amenaza que supone la pandemia de la COVID-19 para la salud pública, es indispensable que los derechos humanos se sitúen en el centro de su respuesta", afirmó la Relatora Especial.

La Relatora Especial ha mantenido contactos con el Gobierno de Camboya sobre estas cuestiones mencionadas anteriormente.

La declaración de Rhona Smith ha sido respaldada por el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; la Sra. Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente-Relator), la Sra. Elina Steinerte (Vicepresidenta), la Sra. Leigh Toomey (Vicepresidenta), el Sr. Sètondji Roland Adjovi y el Sr. Seong-Phil Hong.

FIN

Rhona Smith (Reino Unido) fue nombrada la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2015.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo de mayor tamaño de expertos independientes dentro del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes del Consejo para la verificación de hechos y supervisión que abordan bien situaciones específicas de cada país o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben salario alguno por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título personal. 

Véase los informes del Relator Especial sobre Camboya y su página Facebook:  https://www.facebook.com/SpecialRapporteurCambodia/?modal=admin_todo_tour

Página de país, Derechos Humanos de la ONU: Camboya

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