Observaciones Preliminares del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento al concluir su misión oficial a El Salvador del 11-18 de mayo de 2016

San Salvador, 18 de mayo de 2016

Del 11 al 18 de mayo, he llevado a cabo una misión en El Salvador. El propósito de mi visita era evaluar cómo el país implementa sus obligaciones de derechos humanos relativas al agua potable y al saneamiento. Es la primera vez que un Relator de Naciones Unidas con el mandato de los derechos al agua y al saneamiento visita El Salvador.

Quisiera expresar mi gratitud al Gobierno de El Salvador por invitarme a realizar esta visita oficial a su país y agradecerle toda la apertura mostrada antes y durante la misión, incluso en el acceso incondicional que me ha brindado a todos los lugares que solicité visitar.

En los ocho días de misión, tuve el honor de ser recibido por los ministros de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud. También me reuní con el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Tuve también la oportunidad de reunirme con el Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad del Ministerio de Gobernabilidad, la Presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), representantes del Poder Legislativo, agencias de Naciones Unidas y actores de cooperación internacional. Igualmente, fue muy enriquecedor el diálogo con representantes de los pueblos indígenas, de las organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado con relevancia en el tema. Asistí igualmente a una reunión del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV).

Asimismo, durante mi misión en el país, visité un centro escolar y comunidades rurales y urbanas de los municipios de Ilopango y Nejapa, departamento de San Salvador, así como el Centro Penal La Esperanza, en el municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador.

Hablé con defensoras y defensores de derechos humanos, con líderes y lideresas de comunidades con problemas de acceso al agua, mujeres, niños, niñas del área rural y urbana encargados de asegurar el acceso al agua de sus familias, y personas privadas de libertad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas con quien tuve la oportunidad de hablar, por su tiempo y por su apertura y también quisiera expresar mi gratitud al Equipo de País de Naciones Unidas en El Salvador por el apoyo brindado en la organización de mi visita.

Los derechos humanos al agua y al saneamiento

El Salvador ha hecho progresos impresionantes en el sector del agua y saneamiento en las últimas décadas. De acuerdo al monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, El Salvador alcanzó y superó de lejos sus metas en el 2015, con casi 94% de la población obteniendo un acceso mejorado a agua. Así mismo, en 2015, 75% de la población de El Salvador había logrado obtener un acceso mejorado a servicios de saneamiento. En el periodo 1990-2015, el acceso al agua a través de conexión domiciliaria aumentó de forma admirable en 35 puntos porcentuales a nivel nacional, con una cobertura de 78% de la totalidad de la población en 2015. Hay que reconocer los esfuerzos gubernamentales que permitieron esos avances, en particular durante los años más recientes.

Además de estos avances importantes, cabe destacar que El Salvador ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Estos tratados internacionales de derechos humanos incluyen las obligaciones legales sobre el derecho humano a la vida, y las obligaciones relacionadas con el acceso al agua y saneamiento. El Salvador ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y votó a favor de la Declaración de la Asamblea General de julio 2010, reconociendo el derecho al agua potable y al saneamiento.

En línea con mi mandato, creado por el Consejo de Derechos Humanos, del cual El Salvador es miembro, me gustaría hacer énfasis que el Estado debe adoptar medidas para defender, proteger y promover los derechos humanos al agua y al saneamiento de todas las personas de una forma disponible, accesible, asequible, aceptable y segura.

La situación de acceso al agua y al saneamiento en el país

A pesar de los avances mencionados, según la información proporcionado por ANDA, más de 600 mil personas en El Salvador no tienen acceso a ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento, ni siquiera a través de la recolección de aguas de lluvia. Así mismo, más de un millón de personas solo tienen acceso a un servicio deficiente de agua, donde no se garantiza su potabilidad.

De acuerdo con el análisis regional publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Centro América está experimentando la peor sequía en décadas. El Salvador ha venido experimentando una sequía desde el 2013 afectando principalmente al área rural de la región oriental denominado  “el Corredor Seco”, en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután. Pude constatar que la mayoría de las personas afectadas por la actual sequía ya vivía con anterioridad en situaciones precarias con un acceso limitado o nulo a los sistemas de agua potable.

El día 13 de abril de 2016, se declaró una alerta naranja para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Dado el prolongado periodo de sequía, relacionada con los efectos de El Niño, se consideró que las cantidades de agua ya no daban abasto para satisfacer las necesidades. La declaración de emergencia no se extendió para cubrir el área rural del país y por ende no incluye una importante parte de la población que vive en una situación igual o más crítica a las cubiertas por la alerta.

 

A nivel del área metropolitana, recibí información que los habitantes de la región más periférica, en urbanizaciones de clase media y baja, sufrieron el impacto de la escasez del agua, a mayor escala. Un ejemplo de esto es la situación de los habitantes de San Bartolo Etapa 8, en el municipio de Ilopango, quienes me informaron que después de haber vivido desde hace más de 20 años con un servicio intermitente de agua, llegaron a quedarse completamente sin acceso durante cerca de un mes en marzo y abril este año.   

Durante las situaciones de crisis en el acceso al agua, los problemas se agudizan y muestran las debilidades de los sistemas, así como desigualdades en el acceso. Son más afectadas las mujeres y niñas, quienes se encargan de asegurar el acceso al agua para sus familias, las personas que habitan en áreas de influencia de pandillas donde los proveedores a veces no logran tener acceso para entregas de agua y para reparar sus instalaciones, así como personas privadas de libertad, poblaciones indígenas y aquellas que viven en situaciones de pobreza y en situaciones de calle.

La actual situación de crisis podría a la vez representar una oportunidad para El Salvador de beneficiarse de las lecciones aprendidas y mirar hacia el futuro. El país debería crear un favorable ambiente legal e institucional apto para lograr una realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento, con un énfasis en los grupos más marginalizados.

La realización de estos derechos humanos ayudaría a su vez a El Salvador a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular su objetivo 6, que se refiere a garantizar para el 2030 el acceso universal al agua y al saneamiento, con una clara vinculación con los principios de los derechos humanos.

Permítanme ahora abordar los desafíos que he observado y mis recomendaciones para hacer frente a estos desafíos para así garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento.

Marco Legal

Los compromisos internacionales asumidos por El Salvador sobre los derechos al agua y al saneamiento no han sido todavía traducidos en su marco interno legal.

Los derechos al agua y al saneamiento no están contemplados en la Constitución de El Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó la reforma del artículo 69 de la Constitución, pero todavía no la ha ratificado. La inclusión de estos derechos en la Constitución contribuirá a su reconocimiento e implementación; una medida importante para garantizar una vida más digna para sus habitantes. En este sentido, exhorto a la Asamblea Legislativa a que ratifique el cambio del artículo 69 de la Constitución, siendo fundamental que el texto final incluya explícitamente la expresión “derechos humanos al agua y al saneamiento”, ausente en la actual propuesta en consideración. 

Por otro lado, desde el 2012, El Salvador está discutiendo una Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa. Actualmente, se negocian dos versiones de la Ley. Es fundamental que las partes de estas negociones sean conscientes que el conjunto de la sociedad se beneficiará al formularse un modelo para el manejo eficiente, igualitario y democrático del agua. Será también de trascendental importancia que la Ley ponga como prioridad los derechos humanos al agua y al saneamiento en el centro de toda la gestión y afirme claramente que el uso prioritario del agua debe ser para el consumo humano. En este sentido, recalcando una intervención mía ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, insto a sus miembros a llegar a un consenso para la aprobación de una Ley que dé prioridad a los intereses ciudadanos.

Así mismo, es esencial que el ente rector de la política hídrica tenga carácter transparente y participativo, con el Estado cumpliendo un rol protagónico en la gestión de las aguas. Es fundamental, que la rectoría reproduzca las iniciativas positivas que el Estado viene impulsando, como el CONASAV, que incluyen una participación de los actores relevantes del sector, con prioridad a la participación de la sociedad civil y de los grupos más desfavorecidos en el acceso al agua.

Además, será fundamental que se apruebe con urgencia una ley marco para el sector de agua y saneamiento, con un enfoque en la realización de los derechos humanos, dando lineamiento a la institucionalidad del sector y garantizando la regulación apropiada de los servicios.

Personas de especial preocupación

• Población rural

A pesar de los importantes avances logrados en lo sector del agua y saneamiento que benefician a gran parte de la población de El Salvador, existen todavía grupos excluidos que no se han beneficiado de estos avances como son los habitantes del sector rural. Llama la atención, en un importante esfuerzo de diagnóstico recientemente desarrollado por ANDA, la cifra de 618,000 habitantes sin acceso a servicios de agua potable en al área rural y de 6,000 habitantes en el área urbana. Según estos datos, 99% de la población sin acceso al agua vive en las zonas rurales.

Con respecto a las personas que cuentan con conexiones domiciliares, existe igualmente una brecha entre las áreas rurales y urbanas en relación con el acceso al agua, con menos de 60% en la zona rural y 85% en la urbana, en 2015. Fui testigo en una comunidad rural de cómo las mujeres tienen que cargar el agua hacia sus casas cuando no cuentan con una conexión domiciliaria. Una mujer, aunque vivía a 5 minutos del punto de recolección de agua, podía llegar a emplear 45 minutos dos veces al día en esta actividad, incluyendo el tiempo de espera haciendo fila y llenando el recipiente.

Las poblaciones indígenas hacen frente a una situación particular en el área rural. Algunos indígenas que viven en el cantón de Pushtan, Nahuizalco, en Sonsonate, me dijeron que se consideran los más desfavorecidos en la escala social, incluso más que los campesinos, con respecto al acceso a bienes y servicios como el agua. También consideran que actividades económicas suelen reducir la disponibilidad de agua para sus necesidades. Uno de ellos me dijo: “el derecho es una letra que empalidece con el color del dinero”.

• Personas privadas de libertad

Las personas privadas de libertad se enfrentan a obstáculos especiales en su derecho al agua. Durante mi misión, tuve la oportunidad de visitar La Esperanza, el centro penal más grande de El Salvador, ubicado en el municipio de Ayutuxtepeque. El centro penal tiene una capacidad de 1.000 personas, pero contaba, en el día de mi visita, con una población de 5.297 personas privadas de libertad. Este hacinamiento extremo afecta en gran medida al acceso a los servicios de agua y de saneamiento de las personas privadas de libertad. Fui informado que el centro normalmente se abastece de agua de ANDA, pero que el servicio sufre de interrupciones frecuentes. Ha ocurrido durante este año que el centro se encuentre durante varios días sin servicio de agua, incluyendo para los aseos, por lo que las personas privadas de libertad tienen que hacer sus necesidades en bolsas de plástico y disponerlas como basura, lo cual definitivamente no representa una solución aceptable para el saneamiento.

En entrevistas con personas privadas de libertad, recibí quejas sobre el acceso al agua y su calidad y el acceso a aseos. Una persona advirtió que, durante épocas, pasaba días con sed por falta de agua potable, otras reclamaron que tenían que utilizar un tubo compartido entre 15 a 25 personas en una celda para poder beber agua y otras se quejaron sobre el aspecto físico de la misma. Muchos de ellos asocian la situación de la calidad y cantidad del agua con efectos en su salud, como diarreas y enfermedades de la piel. Las celdas en general tenían sobrepoblación contaban solamente con un hueco para defecar y orinar, compartido entre 15 y 25 personas, sin privacidad. Exhorto al gobierno a asegurar un servicio continuo de agua de calidad y condiciones adecuadas de saneamiento para las personas privadas de libertad en éste y otros centros penales del país, para así garantizar el cumplimento de sus obligaciones en cuanto a los derechos al agua y al saneamiento.

Recibí información adicionalmente sobre “bartolinas”, que son lugares de detención preventiva de corto plazo, que suelen frecuentemente, por la sobrepoblación de sistema penitenciario, volverse estadías de largo plazo. Las personas privadas de libertad en estos lugares sufrirían violaciones graves en su acceso al agua y al saneamiento.

• Situación de los centros educativos

Según datos del Ministerio de Educación, en el 2014, hubo más de 1.100 centros escolares sin cañerías instaladas para el suministro de agua potable. Esto significa que más del 10 por ciento de los centros de educación no contaban con esos servicios, implicando que se tendría que captar agua de fuentes alternativas como agua de lluvia. Visité un centro educativo en una zona rural donde no hay provisión de agua por parte del Estado. El director me informó que tiene que gestionar los recursos para asegurar el acceso de los estudiantes al agua. En épocas sin lluvia, se ha visto obligado a comprar agua a precios, a veces, de hasta 75 dólares por pipa de agua (10.000 litros).

“Se me rompió el corazón al ver a los camiones de ANDA prestar servicio a los residentes de un bonito residencial al lado cuando yo venía de solicitar su apoyo para que atendieran las necesidades de mis alumnos”, el Director se desahogó durante mi visita. 

Disponibilidad

Se observan graves problemas de disponibilidad de agua para consumo humano en el país, lo cual está estrechamente relacionado con la gestión de las aguas superficiales y subterráneas. He recibido información sobre la sobreexplotación de manantiales estratégicos para el consumo humano, como en el acuífero situado entre los municipios de Quetzaltepeque y Nejapa, en el departamento de San Salvador, y en fuentes superficiales.

Me gustaría hacer énfasis en que una de las obligaciones de derechos humanos es dar prioridad al uso del agua personal y doméstico (beber, la higiene personal y del hogar, preparación de alimentos, lavado de ropa) sobre otros usos del agua, como el uso para fines económicos. En adición a esto, la realización del derecho humano al agua debe ser sostenible, asegurando que pueda ser realizado para la presente y futuras generaciones.

Además, una gran parte de las aguas superficiales, como el Rio Acelhuate, está fuertemente contaminada, volviéndose inapropiadas para el consumo humano, aunque tenga tratamiento previo.  

Los problemas de cantidad y de calidad de las aguas superficiales pueden agravarse sin acuerdos entre países de la región. En el caso del Rio Lempa, estratégico para El Salvador, su adecuada gestión supone cooperación entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Exhorto a los tres países a establecer una relación cooperativa, por medio de tratados bilaterales o trilaterales, para lograr un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas, adoptando como punto central los principios de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Otro factor que afecta a la situación de disponibilidad de agua es el elevado porcentaje de pérdidas en los sistemas de abastecimiento del país. La cifra de un promedio de 47% de fugas a nivel nacional, reconocida por ANDA, posiblemente mayor en el AMSS, debe ser drásticamente reducida para garantizar la disponibilidad del agua.

• Acceso discontinúo al agua

Fui informado que en el área rural solamente 41% de los sistemas de agua fuera de la cobertura de ANDA tienen un servicio por  más de 12 horas diario, mientras que más de 21% de esos sistemas funcionan menos de cuatro días por semana o menos de dos horas por día.

Igualmente, en el AMSS, conocí sobre una práctica, al parecer generalizada, de imponer medidas de racionamiento de agua en los locales atendidos por ANDA. Esta práctica habría aumentado durante los meses de sequía, desde abril 2016 y hasta hoy, pero también me informaron que ese racionamiento ha sido recurrente fuera de la crisis actual. Durante mi visita, varios habitantes del AMSS advirtieron sobre el servicio intermitente de acceso al agua, algunas con acceso por horas durante la noche, unas horas cada semana o hasta unas horas al mes. Las personas me informaron que buscan soluciones individuales a sus problemas donde los que tienen recursos económicos pueden invertir en sistemas de almacenamiento de agua, logrando tener mejores condiciones de acceso que las personas sin estos recursos. Sin embargo, la necesidad de almacenamiento puede resultar en impactos indeseables como la expansión en la transmisión de arbovirosis  (dengue, Chikungunya y Zika).

Las experiencias muestran que el racionamiento de agua a través del suministro intermitente es una economía falsa, ya que esto conduce indudablemente a un aumento de las pérdidas de agua y afecta su calidad. La no regresión es un principio importante de los derechos humanos. Las importantes iniciativas del Gobierno para ampliar la seguridad hídrica deben ser fortalecidas y presentaren continuidad, aumentando la disponibilidad de agua y asegurando su suministro continuo, de 24 horas por día y 7 días por semana.

Calidad del agua

La normativa de El Salvador sobre los requisitos de la calidad del agua para consumo humano establece los roles de los prestadores de servicios y del Ministerio de Salud en el control y la vigilancia de la calidad del agua. Según ANDA y el Ministerio de Salud, las muestras de monitoreo del agua que ellos llevan a cabo califican al agua de El Salvador como segura para el consumo humano.

Todavía, los resultados de los exámenes del agua no se hacen públicos y no son informados a los usuarios. Cabe resaltar igualmente que existe una falta de intercambio eficiente de información entre las instituciones. ANDA y demás prestadores de servicios deberían enviar los resultados de sus controles de forma regular al Ministerio de Salud, para que este pueda llevar a cabo análisis de riesgo a la salud de forma más integral.

Recibí informaciones sobre la utilización no controlada de agroquímicos en las actividades agrícolas, incluso algunos prohibidos en otros países, lo cual podría afectar al agua para consumo humano.

La ya referida intermitencia en el abastecimiento es otro factor de potencial contaminación del agua. Una repetida falta de agua dentro de las tuberías puede causar un aumento de la contaminación de la red debido a la intrusión de sustancias nocivas. Además, en muchos casos, la infraestructura obsoleta y la presencia de tuberías de asbesto-cemento tienen el riesgo de provocar efectos nocivos en la calidad del agua para el consumo humano.

En relación con los sistemas de agua no cubiertos por ANDA, recibí la información de que solamente 1,5% de los 2.325 sistemas de agua potable operados por las juntas de agua cumplen con el requisito de cloración. Tuve la oportunidad de conversar con una madre de familia, que vive en una comunidad rural, que solo contaba con una fuente de agua adyacente al rio Acelguate, altamente contaminado. Indicó que el Estado provee a las personas con cloro, pero de forma irregular. Me informó que sus hijos habían sufrido problemas intestinales causados por parásitos, probablemente asociados a la contaminación fecal del agua consumida.

Insto a las autoridades a investir en el cumplimiento de los requisitos de potabilidad del agua en todo el país y a crear un mecanismo eficaz para el control y vigilancia efectivos de la calidad del agua de consumo humano a través de un proceso transparente y participativo para los usuarios. 

Asequibilidad

ANDA en los últimos años ha actuado para ajustar su modelo tarifario, volviéndolo más afín a la realidad e implementando políticas de subsidios. Los subsidios se dan según el tipo de consumidores (industria/comercio y residencial/público) y entre fajas por nivel de consumo. La empresa ha revisado recientemente sus tarifas, buscando garantizar mayor sostenibilidad financiera. Representan iniciativas bienvenidas en línea con los principios de los derechos humanos.

En la reciente revisión, los mayores aumentos de tarifas afectaron a las viviendas con consumos más altos, con la intención de aplicar el subsidio a las poblaciones de menores ingresos. Según informaciones recibidas por parte de diferentes actores y grupos sociales que entrevisté, el proceso tuvo falta de transparencia y se registraron quejas de aumentos abusivos. Recomiendo que los procesos de revisión de tarifas se desarrollen de una forma transparente y participativa. Asimismo, exhorto a ANDA a que lleve a cabo investigaciones para evaluar si el modelo de tarifas progresivas por bloques de consumo está efectivamente garantizando el subsidio cruzado con transferencia financiera desde los más ricos para los más pobres. La suposición que, de forma predominante, las familias con menores ingresos consumen menos agua no es necesariamente verdadera. Tomar esta suposición, como base del modelo, podría conllevar a problemas de asequibilidad para las familias que deberían ser subvencionadas.

Durante mi misión, identifiqué áreas problemáticas en el contexto de la asequibilidad en El Salvador. Recibí información sobre personas que trabajan en la cosecha del café y en el cultivo de la caña de azúcar, ganando 4,5 dólares diarios y pagando 4 dólares semanales para el acceso al agua, lo cual significa que pueden gastar cerca de 16% de sus ingresos familiares en agua, inaceptable desde una perspectiva de derechos. Asimismo, se sabe que las personas conectadas a los sistemas colectivos, especialmente urbanos, pagan una proporción de sus ingresos drásticamente menor en su acceso al agua.

Saneamiento

El Estado de El Salvador ha logrado un aumento significativo, de 51% a 75%, del número de personas con acceso a servicios mejorados de saneamiento, entre 1990 y 2015. Estos avances se ven reflejados particularmente en el área urbana, con 82% de acceso, mientras que solamente 60% en el área rural en 2015. Cabe igualmente destacar que todavía existen prácticas de defecación al aire libre en cerca de 7% de la población rural de El Salvador.

Visité un lote donde viven tres familias, y alrededor de 13 personas, con un solo aseo. Recibí también durante mi visita información indicando que el Estado ni apoya ni orienta la construcción de soluciones individuales de saneamiento, y tampoco apoya su mantenimiento para la adecuada colecta y disposición de los lodos. Esa falta de iniciativas por parte del Estado deriva en problemas de asequibilidad, ya que puede suponer costos altos para las personas. Es importante seguir ampliando los esfuerzos de acceso a los servicios de saneamiento en el área rural. Tuve la oportunidad de conocer buenas practicas por parte del FISDL para lograr un mejor acceso al saneamiento las cuales  a la vez promueven y fortalecen  la gestión y  organización comunitaria.

Otra dimensión importante de las condiciones de saneamiento es la ausencia casi total de tratamiento de aguas residuales, causando a enormes impactos al ambiente hídrico debido sobre todo por las aguas residuales de las zonas urbanas. Estamos ante una situación con claras implicaciones de derechos humanos, ya que afecta el goce de los derechos de las poblaciones impactadas por la contaminación del agua. Hay que reconocer, de todas formas, que los esfuerzos de planificación liderados por MARN, para la recuperación ambiental de los recursos de agua, incluso con la instalación de plantas de tratamiento,  han logrado colocar el tema en la agenda nacional.

Institucionalidad

En El Salvador, la misma institución, ANDA, es el ente rector y el principal proveedor de servicios urbanos; sin embargo no existe un ente regulador. ANDA presta servicios a casi el 64% de la población nacional y a alrededor del 90% de la población urbana con un total de aproximadamente 800.000 viviendas e instituciones atendidas.

Así mismo, existen en el país 2.323 sistemas rurales de agua, no vinculados a la ANDA, administrados por asociaciones comunitarias (73%), comités de agua (16%) y municipalidades (11%). Me gustaría recordar que incluso en los casos de delegación de suministros de agua y servicios de saneamiento a terceros - empresas privadas o públicas - el Gobierno tiene la obligación de supervisar y controlar las actividades de esas instituciones para asegurar que todos los aspectos de los derechos humanos están garantizados.

La situación institucional del sector de agua y saneamiento en El Salvador requiere urgentes medidas para dar mayor racionalidad institucional a la prestación de servicios para los diferentes tipos de comunidades en el país.

El Plan Nacional de Agua y Saneamiento, cuya elaboración ya se inició bajo la coordinación de ANDA, podría constituir un marco útil para lograr una institucionalidad más coherente. En ese sentido, recomiendo fuertemente que la elaboración de este plan ocurra mediante un proceso altamente participativo, incluyendo a otros prestadores de servicios, como las juntas rurales, y representantes de la sociedad civil. Insto también a los responsables de su elaboración de poner los principios y los contenidos normativos de los derechos humanos en el centro de todas sus evaluaciones, planes y recomendaciones.

Con el fin de crear una institucionalidad en el ámbito del agua y el saneamiento y ante situaciones de grandes inequidades en el acceso a esos servicios, hago un llamamiento al Gobierno de El Salvador en su conjunto para establecer un regulador independiente con competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos de los proveedores. Un organismo de estas características deberá asegurar una auténtica participación pública en la toma de decisiones a través de la divulgación de información adecuada, y garantizar que el agua y el saneamiento sean asequibles para todas las personas. 

Conclusiones

Estoy convencido de que El Salvador, reconocido por los impresionantes avances en las últimas décadas al mejorar el acceso de los servicios de agua y saneamiento, tiene la capacidad de llevar los beneficios de este desarrollo a todos los ciudadanos, y en particular a los de las zonas rurales. Hay que recordar que, independientemente de la delegación de esos servicios, la principal obligación de garantizar los derechos humanos para todos, tales como el acceso, la continuidad, la calidad y la asequibilidad, descansa en el gobierno nacional. Es obligación del Estado, bajo la normativa de los derechos humanos, promover, defender y proteger el goce y la realización plena de los derechos para todas las personas.

El Gobierno viene demostrando compromisos con los grupos más vulnerables del país y sincera disposición de avanzar en el sector de agua y saneamiento. Por eso, debe seguir invirtiendo en estos servicios para garantizar un acceso asequible y de calidad a los las personas marginalizadas.

Los beneficios de invertir en agua y saneamiento son evidentes como los avances en el sector a la vez representan ahorros del Estado en los ámbitos de trabajo y de salud. Se calcula que cada dólar invertido en lograr el acceso universal a los servicios básicos de saneamiento en el hogar corresponde a un ahorro de aproximadamente 3 dólares para el Estado.

Confío en que El Salvador logre incorporar el derecho al agua y al saneamiento en su marco legal, a través de la reforma constitucional y de la aprobación de una Ley de Aguas que privilegie las necesidades de los que viven en situaciones más vulnerables. Esto ayudará a crear un ámbito legal e institucional apto para lograr una realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento, con un énfasis en los grupos más marginalizados.

Estas son solo algunas de mis impresiones preliminares. Un informe completo sobre esta visita será presentado al Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2016, que incluirá un análisis más detallado de todo lo que he aprendido durante esta misión, así como recomendaciones específicas para el Gobierno y otros actores claves.

Me voy de El Salvador convencido de que existe en el país la determinación para enfrentar los desafíos que todavía existen para asegurar que todos en el país disfruten hoy, y mañana, de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Estoy, junto con mi equipo, dispuesto a brindar asesoría técnica y apoyo.