«Todos los días, los defensores de derechos humanos medioambientales se enfrentan a insultos, amenazas y acoso por la labor que desempeñan luchando contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad,» declaró Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante una reunión virtual de alto nivel organizada conjuntamente por Suecia y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En su último informe, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, afirma que los millones de personas sumidos en la pobreza extrema a causa de la pandemia de COVID-19 deberían representar una severa advertencia. De Shutter aboga por la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social para mejorar las medidas de amparo social a largo plazo y la universalización de los niveles mínimos de esa protección en los países de bajos ingresos.

Mientras se conmemora el 20º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, los ponentes del Consejo de Derechos Humanos instan a los gobiernos y a las Naciones Unidas a redoblar los esfuerzos para abordar el racismo estructural y la discriminación racial revelados por la pandemia por la COVID-19 que afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y étnicas.

El Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, Aristide Nononsi, insta en su último informe a que se prosiga el apoyo y el compromiso internacionales con el Sudán, que ayuden a guiar al país a lo largo de un periodo de transición complicado.

La Comisión de Investigación sobre Burundi describe las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el contexto de las elecciones de 2020, incluyendo entre otras, ejecuciones sumarias, detenciones y arrestos arbitrarios, tortura y violencia sexual.

Un informe de 411 páginas, publicado hoy por la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (resolución 42/25), insta a que se rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad.