ACNUDH - Oficina Regional para América Central y República Dominicana

Perfil

De conformidad con el mandato del ACNUDH (resolución 48/141 de la Asamblea General), la Oficina Regional para América Central y República Dominicana, con sede en la ciudad de Panamá (Panamá), promueve y protege los derechos humanos vigilando la situación de derechos humanos y prestando asistencia técnica y servicios de asesoría al Estado, las instituciones nacionales y la sociedad civil de los países de la región. Trabaja principalmente en las esferas de la pobreza y la desigualdad, la no discriminación, la inseguridad y la violencia, el estado de derecho y la impunidad. Coopera estrechamente con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas en los países, los mecanismos regionales de derechos humanos, la Oficina Regional de Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Latinoamérica y el Caribe y la OIT, la OIM, la OPS, ONU-Mujeres, ONUSIDA, el PNUD, el PNUMA, el FNUAP, el ACNUR, el UNICEF y la ONUDD.

A nivel de país, coopera con los coordinadores residentes y los equipos de las Naciones Unidas en los países por conducto de una red de asesores y oficiales de derechos humanos internacionales y nacionales para apoyar a los coordinadores residentes en Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Panamá. La Oficina Regional también tiene un asesor regional en cuestiones de género y un funcionario de enlace sobre los órganos de Tratados y el fomento de la capacidad. El ACNUDH participa en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) en los países mencionados sobre cuestiones relativas a las personas en movimiento, el género, los pueblos indígenas, la protección y las personas privadas de libertad, así como la atención de riesgos, emergencias y desastres en América Latina y el Caribe.

Logros

• La Oficina Regional ha apoyado a las autoridades, a los equipos de las Naciones Unidas en el país, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a la sociedad civil y a otras partes interesadas para integrar los derechos humanos en la respuesta socioeconómica y la recuperación ante la COVID-19 en la región. La Oficina Regional facilitó espacios de participación e inclusión de la sociedad civil; y emprendió actividades de promoción para proteger el espacio cívico, en particular, mejorando la protección de los defensores de los derechos humanos frente a las restricciones indebidas y los ataques contra la labor legítima de estos.
• La Oficina Regional se mantuvo en estrecho contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los fines de intercambiar información y adoptar medidas de prevención para proteger a los defensores de los derechos humanos en la región. El ACNUDH analizó la integración de las normas internacionales de protección de los defensores de los derechos humanos de El Salvador en el contexto del debate sobre el proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
• En América Central, el ACNUDH siguió integrando la perspectiva de los derechos humanos en la aplicación de la Agenda 2030. En 2019, por ejemplo, conjuntamente con la Oficina de Coordinación del Desarrollo y el PNUD, el ACNUDH celebró un encuentro de funcionarios gubernamentales de alto nivel de América Latina para que intercambiaran prácticas y lecciones aprendidas como parte del seguimiento de sus exámenes en el marco del mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos.
• El ACNUDH continuó supervisando los efectos que tienen las políticas migratorias en los derechos humanos de la población de todos los países de la región e informando al respecto, entre otras cosas, mediante su participación en actividades interinstitucionales y coordinación de actividades con las instituciones nacionales de derechos humanos. La asistencia técnica proporcionada por el ACNUDH incrementó la capacidad de la INDH y la sociedad civil de Panamá para supervisar la situación de los migrantes e informar al respecto. Esto permitió que la INDH promoviera y defendiera el acceso a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, pusiera fin a la situación de hacinamiento en los centros de migración y evitara el regreso involuntario de 200 migrantes a Haití. El ACNUDH también participó en la difusión de anuncios de radio en lengua indígena emberá para informar sobre los derechos de los migrantes y las medidas sanitarias frente a la COVID-19.
•  La Oficina siguió promoviendo el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Se impartieron cursos virtuales a fin de reforzar las capacidades de las principales autoridades judiciales de Costa Rica y El Salvador para investigar los casos de feminicidio. En Costa Rica, tras una serie de seminarios web para funcionarios judiciales sobre los estereotipos de género negativos, el poder judicial colaboró con el ACNUDH para elaborar una guía sobre la integración de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. El ACNUDH siguió desempeñando su función de asesoramiento en los contextos regionales interinstitucionales de las Naciones Unidas y en los grupos nacionales interinstitucionales sobre cuestiones de género de Costa Rica, El Salvador y Panamá.
• En el marco de la campaña “Libres e Iguales” de las Naciones Unidas, en mayo de 2019 la Oficina puso en marcha una campaña subregional para concienciar sobre las preocupaciones relativas a los derechos humanos de las personas LGBTI en América Central y promover la aprobación de las políticas públicas y la legislación adecuadas para hacer frente a la discriminación, la estigmatización y la violencia contra este colectivo en Costa Rica, El Salvador y Panamá. En Costa Rica y Panamá, el ACNUDH fomentó un mejor conocimiento y un mayor apoyo para la igualdad de las personas LGBTI entre la población, con el fin de lograr el reconocimiento y la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Panamá, el ACNUDH facilitó una serie de seminarios web, como foros de diálogo y participación entre los grupos LGBTI y las autoridades estatales, que dieron lugar a una hoja de ruta de la respuesta institucional para hacer frente a los efectos sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en el contexto de la COVID-19.
• En Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Panamá, el ACNUDH apoyó a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos para que participaran en los exámenes del tercer ciclo del examen periódico universal fomentando su capacidad para utilizar de manera efectiva este mecanismo y crear espacios de diálogo y coordinación para la preparación de las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil.
• Desde abril de 2018, el ACNUDH vigila a distancia la situación de los derechos humanos en Nicaragua con el apoyo de un equipo dedicado sobre el terreno y publica boletines mensuales y bimestrales. Desde julio de 2019, se ha presentado periódicamente información actualizada al Consejo de Derechos Humanos, incluido un informe escrito, según lo dispuesto en las resoluciones 40/2 y 43/2 del Consejo. El ACNUDH examinó casos y situaciones individuales urgentes y el Gobierno formuló recomendaciones concretas para mitigar los conflictos sociales y políticos y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, y ofreció asistencia técnica a las autoridades y a la institución nacional de derechos humanos para cumplir con las normas y principios internacionales de derechos humanos.
• El equipo de Nicaragua sigue realizando actividades de vigilancia, alerta temprana, divulgación, promoción, presentación de informes y protección, entre otras cosas respecto de los efectos de la COVID-19, con el fin de prevenir o reducir al mínimo los nuevos efectos de la actual crisis sociopolítica y de derechos humanos. Dichas actividades se centran especialmente en la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, los estudiantes, los líderes comunitarios, los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, los niños, las víctimas y sus familias, los migrantes en países vecinos, los solicitantes de asilo y las comunidades indígenas, entre otros colectivos.
• En 2019, el ACNUDH realizó un estudio sobre las debidas garantías procesales y las violaciones de derechos humanos de las mujeres que enfrentan juicios por delitos relacionados con el aborto en El Salvador y examinó los expedientes judiciales de mujeres a las que tras sufrir una emergencia obstétrica se había condenado a largas penas de prisión. El ACNUDH facilitó la coordinación entre la INDH y las organizaciones nacionales e internacionales de mujeres a fin de fortalecer su capacidad para litigar en los casos de mujeres condenadas. Gracias a los esfuerzos coordinados, cinco mujeres fueron puestas en libertad en 2019 una vez que la Corte Suprema de Justicia conmutó sus penas; y se invocó habeas corpus con éxito en nombre de 14 presas en julio de 2020. Al 6 de noviembre había quedado en libertad condicional una mujer, otra había obtenido una rebaja de la condena y habían mejorado las condiciones de detención de diez mujeres (a través del acceso a servicios de salud y el restablecimiento del contacto con sus familias).  
• El ACNUDH colabora estrechamente con la INDH de El Salvador y le proporciona asistencia técnica para que cumpla mejor su mandato. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el ACNUDH y la INDH diseñaron un plan de vigilancia a distancia basado en una aplicación para teléfonos móviles capaz de recibir cientos de denuncias de los centros de contención de la pandemia, los hospitales y el interior del país, en un período en que el Gobierno impuso severas restricciones a la movilidad. El ACNUDH también ha proporcionado asistencia técnica a la INDH para elaborar un informe temático sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por las instituciones estatales en el contexto de la COVID-19.
• Por iniciativa de la sociedad civil de El Salvador y de conformidad con la política de persecución penal formulada con la asistencia técnica del ACNUDH, la Fiscalía General llevó ante los tribunales casos emblemáticos que habían quedado impunes ocurridos durante el conflicto armado del país, como las masacres de El Mozote y El Calabozo y el asesinato de sacerdotes jesuitas y sus colaboradores, entre otros.
• En Belice, la Oficina presta asistencia técnica al Gobierno, en particular para reforzar su capacidad de presentación de manera oportuna y sistemática de informes nacionales a los órganos de tratados. También facilita la colaboración y el diálogo del equipo de las Naciones Unidas en el país, especialmente con los grupos vulnerables, en el contexto de la pandemia de COVID-19.
• En la República Dominicana, la Oficina reforzó la capacidad del Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar informes y presentarlos al Comité contra la Tortura y al CEDAW, así como para aprovechar mejor el proceso de seguimiento del examen periódico universal mediante un taller organizado en septiembre de 2019, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• En Costa Rica y Panamá, la Oficina Regional está llevando a cabo un proyecto financiado por la Unión Europea para promocionar un programa relativo a las empresas y los derechos humanos. En septiembre de 2020, la Oficina Regional acogió el V Foro Regional, de una semana de duración, sobre “La conducta empresarial responsable en tiempos difíciles: Convirtiendo los desafíos en oportunidades”, con la participación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el presidente del Grupo de Trabajo sobre el sector empresarial y los derechos humanos. Los objetivos de dicho foro eran estudiar cómo los Gobiernos y las empresas abordan y mitigan las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 y promover la conducta empresarial responsable como herramienta para una recuperación inclusiva, responsable, sostenible y respetuosa de los derechos humanos y laborales y del medio ambiente.

Asociados y donantes

Asociados: Gobiernos, parlamentos, poder judicial, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, periodistas, defensores de los derechos humanos, sector privado, coordinadores residentes, equipos de las Naciones Unidas en los países y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Donantes: Counterpart International, Unión Europea, Alemania, España, Estados Unidos, Noruega, Suecia y Suiza.

Esferas de interés de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos

Última revisión: noviembre de 2020