Las devoluciones en caliente de migrantes en tierra y en el mar deben acabar, afirma experto de las Naciones Unidas

Miles de migrantes de todo el mundo arriesgan sus vidas para cruzar las fronteras internacionales en busca de seguridad. Muchas de estas personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y han perdido sus vidas o se enfrentan a lesiones en un intento desesperado de conseguir una vida mejor, según un nuevo informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales. 

“Mi mandato ha recibido información importante que revela tendencias preocupantes de devoluciones en caliente de migrantes llevadas a cabo a lo largo de la mayoría de las rutas migratorias”, resaltó González Morales.

González Morales presentó el informe en el 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

González Morales definió las devoluciones en caliente como “para referirse en general a todas las medidas, acciones o políticas de ese tipo que dan lugar efectivamente a la expulsión de migrantes, de forma individual o colectiva, sin una evaluación individualizada de cada caso que sea conforme a las obligaciones en materia de derechos humanos y las garantías procesales”.

Reconoció los problemas a los que se enfrentan los Estados debido a la pandemia por la COVID-19.

“Si bien en una crisis mundial de salud pública puede ser preciso imponer restricciones a los viajes, cribados, pruebas, cuarentena médica o medidas de aislamiento, estas medidas no pueden dar lugar a la denegación del acceso efectivo al asilo y a la protección previstos en virtud del derecho internacional”, afirmó González Morales.

El informe destaca las tendencias mundiales que contribuyen a la pérdida de vidas y a lesiones, entre otros, la militarización de las patrullas fronterizas que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos, las expulsiones colectivas  de migrantes, el riesgo elevado de devolución y devolución en cadena, el uso de la fuerza implicada en algunas operaciones de devolución en caliente, la externalización de medidas de gobernanza fronteriza, los acuerdos bilaterales y multilaterales que no cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos, y la denegación de acceso al territorio o acceso al asilo por parte de los Estados.

González Morales ejerció presión para poner fin a las prácticas de devolución en caliente de migrantes en tierra y en el mar, a las que considera un fenómeno mundial generalizado, así como para “respetar la prohibición de expulsión colectiva” y para garantizar que nadie sea devuelto a un país donde corren el peligro de ser torturados, asesinados o de sufrir un daño irreparable. 

Las devoluciones en caliente en el mar entrañan la demora en las operaciones de búsqueda y salvamento, y en el desembarco, también están poniendo en peligro a miles de migrantes y dan lugar a la muerte trágica de muchos, entre ellos, mujeres y niños, explicó González Morales.

El informe proporciona varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Italia no respondió con prontitud a una llamada de socorro, ni envió un barco para rescatar a más de 200 migrantes, entre ellos 60 niños, que se encontraban en el mar y que fallecieron como consecuencia. En junio de 2020, las autoridades iraníes procedieron a la devolución en caliente de un grupo de migrantes afganos a través de un río fronterizo, que se saldó con la muerte de al menos 10 personas, entre ellas 1 niño, y la desaparición de otras 15. Y, en 2020, en Libia se procedió a la expulsión de miles de migrantes, que fueron enviados al Chad, Egipto y el Sudán, según el informe.

González Morales aconsejó a los Estados a que adopten un enfoque de la migración y la gobernanza de fronteras basado en los derechos humanos, con perspectiva de género y de edad, que garantice los derechos humanos de los migrantes.

“Insto a los Estados a que investiguen con prontitud y exhaustividad las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en las fronteras internacionales; y establezcan mecanismos de vigilancia eficaces e independientes y faciliten el acceso a todos los procedimientos e instalaciones en el ámbito de la migración para supervisar su conformidad con la normativa internacional de derechos humanos”, concluyó.

9 de julio de 2021