COVID-19: Defender los derechos humanos de migrantes y refugiados en Francia

Steve Irakoze huyó de Burundi a Francia cuando tenía 18 años, por lo que conoce bien los anhelos, las necesidades y los temores de los migrantes y refugiados. Steve comenzó a ayudar a los solicitantes de asilo de la comunidad LGTBI cuando llegó a Francia, mientras estudiaba derecho y ciencias políticas. También trabajó como voluntario en el campamento de refugiados de Calais, cumpliendo con su deseo de obrar en beneficio de las personas obligadas a abandonar sus hogares.

En 2018, Steve ingresó en el programa de becas de derechos humanos de las Naciones Unidas para afrodescendientes, un programa para becarios comprometidos con la promoción de los derechos de las personas de ascendencia africana.

Hoy en día, Steve trabaja para La Cimade, una entidad de la sociedad civil francesa dedicada a velar por los derechos humanos de los migrantes y refugiados. La organización proporciona asistencia letrada a unas 100.000 personas al año, realiza actividades de promoción y se encarga de litigios estratégicos para asegurar que las reformas en materia de inmigración se basen en los derechos humanos. La Cimade también da seguimiento a la aplicación de las políticas migratorias dentro de la Unión Europea y en África del Norte y del Oeste.

Francia es uno de los países europeos más gravemente afectados por la pandemia del COVID-19, que ha perjudicado en especial a los migrantes y refugiados. Steve explica las principales preocupaciones a las que se enfrentan, cómo él y su organización han cabildeado en pro de un cambio para acabar con las desigualdades y la manera en que nuestro apoyo a los derechos humanos de los más vulnerables ayudará a alcanzar sociedades integradoras en las que nadie quede rezagado.

“La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las desigualdades de nuestra sociedad”.

Debido al virus, los problemas de los migrantes y refugiados se han vuelto aún más apremiantes en Francia. Por ejemplo, en los centros de deportación, las condiciones de hacinamiento impiden el distanciamiento social. La falta de equipos de protección y de pruebas clínicas deja a las personas en situación de vulnerabilidad.

En Francia, los solicitantes de asilo y los niños migrantes no acompañados ya se encontraban en una situación de alto riesgo debido a la falta de viviendas públicas y la duración de los procesos administrativos y judiciales necesarios para legalizar su residencia en el país. La llegada del COVID-19 y la aplicación de las medidas de confinamiento han supuesto una crisis para estas personas. Cuando alguien carece de hogar, no hay sitio donde pueda refugiarse.

Durante el confinamiento, entre los meses de marzo y mayo, las personas necesitaban un formulario especial para poder salir a comprar alimentos o visitar al médico. Pero estos formularios únicamente estaban disponibles en francés. A pesar de nuestros esfuerzos de promoción, nos informaron de que varias personas habían sido multadas al no poder justificar la razón por la que no se encontraban en sus casas. Según los informes recibidos, algunas personas indocumentadas han renunciado a la asistencia médica o no han salido a comprar alimentos debido al miedo que les provocan los controles policiales.

No todo el mundo ha tenido el lujo de instalarse en una autocuarentena y al mismo tiempo preservar su empleo.

Mucha gente tenía que desplazarse para ir a trabajar y algunos de los elementos más desfavorecidos de nuestras comunidades, que a menudo eran miembros de minorías raciales o de comunidades de inmigrantes, tuvieron que seguir trabajando. Los migrantes indocumentados siguieron trabajando y han mantenido la sociedad a flote mientras el resto de las personas estaban confinadas. Siguieron entregando paquetes, limpiando y trabajando en las tiendas de comestibles. Necesitamos valorarlos y asegurarnos de que formarán parte de cualquier plan de recuperación que el gobierno vaya a poner en marcha.

Seguimos especialmente preocupados por lo que está sucediendo en los territorios franceses de ultramar. En Mayotte, por ejemplo, un archipiélago del Océano Índico, las desigualdades sistemáticas están empeorando.  Cuestiones como el acceso limitado a la atención sanitaria y a la vivienda están afectando sobre todo a los más pobres. Allí todavía se encuentran en cuarentena. Exhortamos a las autoridades a que apliquen una perspectiva más amplia y a que den solución no sólo a los efectos inmediatos del COVID-19, sino también al deterioro de los derechos humanos. Porque sin esa mirada más amplia, la respuesta no será sostenible.

Queda claro que tratar de devolver a las personas a sus países de origen durante una pandemia mundial no es la mejor solución.

En Francia, actualmente, mi organización y yo tratamos de dar solución a las políticas de deportación que se han mantenido, incompatibles con el cierre de fronteras, las restricciones de viajes y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Estamos cabildeando para lograr que las autoridades apliquen un enfoque de amplio espectro.  Cuando los responsables de elaborar políticas definen su respuesta, han de tener en cuenta las desigualdades económicas y raciales, sobre todo en las cuestiones relativas a los migrantes y refugiados. Los solicitantes de asilo ya encuentran dificultades para acceder a la atención sanitaria; los refugiados a menudo tienen que soportar malas condiciones de vida al llegar al país y los migrantes indocumentados que han tenido que dejar de trabajar son excluidos de las prestaciones de desempleo. Para dar una mejor respuesta a la situación de derechos humanos, todos esos factores se deben tomar en consideración en la respuesta al COVID-19.

Espero que no volvamos a la normalidad y que el futuro no sea idéntico al pasado.

No podemos actuar como si no hubiese ocurrido nada y seguir por el mismo camino. Necesitamos solucionar las desigualdades y proporcionar a migrantes y refugiados una respuesta basada en los derechos humanos. Es muy importante que expresemos nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos, en especial durante este periodo, ya que vemos que los gobiernos están decididos a actuar de forma mucho más resuelta que hace unos meses.

En muchos casos, las medidas del gobierno no tienen precedentes. Es el momento perfecto para defender los derechos humanos, hacer que los gobiernos escuchen y comprendan cómo las desigualdades sociales y económicas afectan a determinados grupos en particular, para que la respuesta pueda incluir a todo el mundo”.

Exención de responsabilidad: Las perspectivas, la información y las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a las personas mencionadas en el texto y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de la Oficina del ACNUDH.

3 de junio de 2020