Defensores del medio ambiente brasileños luchan por justicia y reconocimiento

“Hoy en día, en América Latina, sufrimos una regresión enorme. Ninguno de nosotros se encuentra a salvo”, declaró el brasileño Moisés Borges.

Borges es miembro del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (Movimiento de personas afectadas por represas), una asociación de base con sede en Brasil que lucha por los derechos de las comunidades afectadas por las represas. Borges y Leticia Oliveira -también del MAB-, se reunieron recientemente en Ginebra con miembros de la comunidad internacional de derechos humanos para concienciarles sobre la difícil situación de quienes resultaron damnificados por la reciente ruptura de la represa de Brumadinho, que dejó al menos 214 fallecidos y 91 personas que todavía están desaparecidas. 

“Los riesgos de ser activista en Brasil y en América Latina son elevados, así que tratamos de trabajar de manera colectiva para no actuar solos, sino hacerlo en grupo”, declaró Oliveira.

Los defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden los derechos relacionados con el medio ambiente, están en el punto de mira de una violencia creciente. El 21 de marzo, Dilma Ferreira Silva, defensora de derechos humanos y coordinadora regional del MAB en Tucuruí, fue asesinada junto a su esposo, Claudionor Costa da Silva, y Hilton Lopes, un conocido de la familia, en un asentamiento rural en la ciudad de Baião, en el Estado de Pará (Brasil). La Oficina Regional del ACNUDH para América del Sur emitió una nota en la que condenaba los asesinatos y solicitaba investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas, así como más protección para los defensores de derechos humanos en Brasil. 

Según el MAB, hay más de 1,5 millones de personas afectadas por represas en Brasil, ya sea por desplazamientos, daños ambientales o accidentes cuando fallan esas estructuras. Borges señaló que se había involucrado en el MAB cuando se dio cuenta de que su propia familia estaba amenazada por la construcción de una represa, pero sus preocupaciones y derechos no fueron reconocidos.

“A partir de ahí empecé a comprender que la construcción de estos proyectos de represas nos había sido impuesta, por lo que me involucré para contribuir a crear un mundo mejor y evitar que otras personas tuvieran que enfrentarse a lo que nos había afectado”, declaró Borges. 

Oliveira también se vio afectada por la construcción de represas y se unió al MAB porque quería que la comunidad comprendiera mejor la relación entre ellos mismos, el medio ambiente y la situación económica. 

“Necesitamos una nueva manera de reorganizar la sociedad para afrontar los problemas ambientales y sociales que tenemos hoy en día, y el MAB fue la forma que encontramos otras personas y yo para poder contribuir”, añadió Oliveira. 

El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido las amenazas cada vez mayores a las que se enfrentan los defensores del medio ambiente. En su último periodo de sesiones, que finalizó el 22 de marzo, el Consejo aprobó una resolución en la que expresa su “gran preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos relacionados con el medio ambiente en todo el mundo, y condena enérgicamente los asesinatos y todas las demás violaciones o vulneraciones de derechos humanos cometidas contra dichos defensores”. La resolución insta a los Estados a tomar medidas concretas para proteger y defender a estos activistas, entre otras la rendición de cuentas por todos los ataques y amenazas perpetrados. 

Borges y Oliveira, que aún asisten a reuniones en Europa y regresarán a Brasil a finales de marzo, dicen que la muerte de Dilma Ferreira Silva les recuerda que, aunque el trabajo de un defensor de derechos humanos relacionados con el medio ambiente es peligroso, el riesgo no impedirá que sigan abogando por el cambio y la protección de sus comunidades. 

“Estamos tristes por el asesinato de Dilma”, añadieron en una declaración conjunta, “pero nos mantendremos firmes en la lucha, por ella y contra todas las formas de injusticia”.

26 de marzo de 2019