América Latina y el Caribe negocia mayor protección para defensores ambientales

La madre de Laura fue asesinada a tiros una mañana de marzo, en su casa, frente a un amigo. Todas esas terribles amenazas que recibió durante años, finalmente se hicieron realidad. La madre de Laura luchó toda su vida por el derecho del pueblo Lenca, su pueblo, a vivir en un ambiente seguro y limpio en su país, Honduras. Su madre era Berta Cáceres.

“A mi madre la encarcelaron, la desprestigiaron, la amenazaron por su lucha en defensa de la vida, en contra del extractivismo”, comentó recientemente Laura Zúñiga Cáceres en la sede de la ONU en Ginebra. “Nuestra lucha es por la Madre Tierra, es por la vida misma, y en esta defensa se nos está yendo la vida”.

Pero la muerte de Cáceres en Honduras no es un caso aislado. América Latina es la región más hostil para defensores ambientales, comentó el Relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, en un reciente informe que presentó a la Asamblea General.

“En 2014, las tres cuartas partes de los 116 casos de asesinato de defensores de los derechos humanos ambientales ocurridos en 17 países —de media, más de 2 víctimas cada semana— se produjeron en Centroamérica y América del Sur”, puntualizó en su informe.

Por toda América Latina y el Caribe, valientes activistas ambientales enfrentan los peores obstáculos en su lucha por un mundo más sostenible: las amenazas, el acoso y la intimidación suelen ser parte de su día a día. En algunas zonas sus esfuerzos son desacreditados, tildándolos de “anti desarrollo” y, en muchos casos, su heroica cruzada por defender nuestro planeta y nuestros derechos puede costarles la vida.

Además de Honduras, países como Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú, que atraen más y más industrias extractivas y proyectos mineros que generan mayor deforestación, se han vuelto crecientemente peligrosos para activistas de derechos. Y para empeorar las cosas, la impunidad es bastante frecuente ante crímenes contra defensoras y defensores ambientales, según el informe del Relator Forst.

En este complejo escenario, delegados de 10 países latinoamericanos y caribeños se comprometieron en la Conferencia Río+20 de 2012 a implementar el Principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que busca asegurar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Los países comprometidos con este proceso ya son 23, y teniendo en la Convención de Aarhus un precedente exitoso de un tratado vinculante sobre estas materias en Europa, dichos Estados están ahora negociando su propia forma de seguir implementando la democracia ambiental en la región, con una activa participación de la sociedad civil.

Su más reciente reunión ocurrió en Santiago de Chile, del 21 al 25 de noviembre de 2016, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que actúa como secretaría técnica del proceso.

Las y los defensores ambientales “no son solo activistas de la tierra o ecologistas, sino también defensores de los derechos humanos”, señaló el Relator Forst. En la misma línea, la recientemente adoptada Agenda 2030 enfatiza la interconexión entre derechos humanos y desarrollo sostenible, con especial hincapié en los conceptos de universalidad, participación e inclusión.

Por estas razones, la CEPAL y el ACNUDH -a través de su presencia regional para América del Sur, en Chile- produjeron una compilación de normas internacionales de derechos humanos aplicables al acceso a la información, participación y justicia. Concebida como un aporte para la negociación del acuerdo regional, el texto Sociedad, derechos y medio ambiente es un esfuerzo conjunto que pone a los derechos humanos al centro de las deliberaciones, y a la vez una invitación a los países para que encuentren en los derechos humanos el camino hacia el desarrollo sostenible.

La publicación fue lanzada durante la reciente reunión de negociadores sobre el Principio 10, en Santiago. Cuenta con un prólogo de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

"El desarrollo no será sostenible ni inclusivo a menos que tenga a la igualdad con titularidad de derechos como piedra angular”, dijo Bárcena. “Esta publicación conjunta con el ACNUDH contribuye a relevar el círculo virtuoso entre derechos humanos, derechos de acceso y protección del medio ambiente".

“La gente de América Latina y el Caribe merece un acuerdo fuerte que esté firmemente basado en los derechos humanos”, expresó por su parte el Alto Comisionado Zeid. “Esta es una oportunidad para avanzar en transparencia y rendición de cuentas en asuntos medioambientales, lo que es sumamente importante para la región. Además, las y los defensores de derechos humanos en el ámbito medioambiental necesitan más protección, y tanto ellos como nosotros estamos contando con el proceso del Principio 10”.

La publicación Sociedad, derechos y el medio ambiente: estándares internacionales de derechos humanos aplicables al acceso a la información, participación y justicia está disponible aquí.

25 noviembre 2016