Hacia una reforma profunda de la justicia en Guatemala

Un año después de haber sido sacudida por protestas masivas que exigían el fin de la corrupción y la  impunidad profundamente arraigadas, Guatemala se ha embarcado en un proceso de reforma,  integral y sin precedentes, al sistema de justicia. 

El “Diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala”, lanzado en abril, busca promover la discusión, aprobación y aplicación de reformas específicas tanto a la Constitución de la República como a leyes ordinarias, con el fin de garantizar la independencia judicial, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional.  Estas reformas contribuirán, en definitiva, a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.

Los tres organismos del Estado acordaron impulsar las reformas con el apoyo de una Secretaría Técnica, integrada por el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de ACNUDH-Guatemala y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas.

“Por primera vez los presidentes de los tres organismos presentamos una iniciativa que hará realidad la reforma al sector justicia”, expresó Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, durante el lanzamiento del diálogo nacional. “Esta iniciativa representa el consenso y la unidad de criterios, pero sobre todo, la voluntad y madurez política de toda Guatemala para impulsar cambios significativos de beneficio para la sociedad”, agregó.

En su discurso durante la apertura de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio, el Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, saludó la puesta en marcha del diálogo nacional. "Espero que sea un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y que dé lugar a una reforma integral que garantice un poder judicial plenamente independiente y eficaz", señaló.

"Fortalecer el marco jurídico es esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial y transparente, según lo recomendado por el Alto Comisionado en sus informes anuales sobre Guatemala", dijo Alberto Brunori, Representante de ACNUDH-Guatemala. "La Oficina continuará brindando asistencia técnica al Estado en este proceso, a fin de armonizar las reformas propuestas con los estándares internacionales de derechos humanos", concluyó.

Áreas de reforma

Las reformas propuestas incluyen, entre otras, modificaciones al proceso de selección de magistrados, jueces y fiscal general; la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; el fortalecimiento del sistema de carrera  judicial; el alcance del antejuicio; cambios en la conformación de la Corte de Constitucionalidad; y la implementación de la asistencia legal gratuita.

El reconocimiento expreso del pluralismo jurídico es otro componente clave de la reforma. Este permitiría que las autoridades indígenas apliquen justicia de acuerdo con sus normas, procedimientos, usos y tradiciones, en armonía con los derechos protegidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos.  Lo anterior es especialmente relevante en un país donde los pueblos indígenas conforman el 60% de la población, y con frecuencia enfrentan obstáculos para acceder al sistema de justicia oficial.  "De ser aprobada,  esta reforma representaría un hito en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las obligaciones del Estado en virtud del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales", afirmó Brunori.

Con el objetivo de promover el derecho a la participación, información y consulta de los pueblos indígenas, ACNUDH-Guatemala sirve como enlace entre las autoridades y los representantes de las comunidades indígenas. La Oficina ha organizado reuniones con autoridades indígenas para informarles sobre las reformas propuestas y fomentar su participación en el diálogo nacional.

El proceso

El diálogo nacional se ha organizado en tres fases: diálogos regionales, grupos de trabajo y consideración por el Congreso.

Durante la primera fase, se organizaron grupos de discusión en ocho departamentos del país para analizar y debatir la propuesta de reforma constitucional a través de un proceso amplio y participativo que incluyó al sector académico, autoridades indígenas, instituciones del Estado, organizaciones sociales, el sector privado, organizaciones de mujeres y jóvenes, entre otros. Más de 3.200 personas participaron en los grupos de discusión, y se recibieron por escrito 246 propuestas de reformas.

La segunda fase, actualmente en curso, consiste en mesas de trabajo semanales con la participación de diferentes sectores de la sociedad, en las cuales se busca alcanzar consensos sobre cada una de las reformas propuestas.  Los resultados de estas discusiones serán compilados en una propuesta final, que se espera sea lanzada en septiembre de este año.

En la tercera fase, se elaborará la propuesta final de reforma constitucional acordada por los tres organismos del Estado,  con el respaldo de la sociedad civil.  Esta propuesta será sometida a votación,  primero en el Congreso y posteriormente en una consulta popular.

De acuerdo con Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG,  la lucha contra la impunidad y la corrupción no será sostenible sin las reformas propuestas en el diálogo nacional. "Debemos avanzar sobre la premisa de que la reforma constitucional en materia de justicia es posible y en términos que beneficien sustancialmente a Guatemala y a todos sus habitantes", afirmó.

La aprobación de las reformas representaría una respuesta largamente esperada a las demandas de justicia y transparencia planteadas por las y los guatemaltecos, no sólo en las manifestaciones de 2015, sino también en los acuerdos de paz, firmados hace dos décadas.

29 de julio de 2016