Comentario del portavoz del ACNUDH Jeremy Laurence sobre las ejecuciones públicas realizadas en Afganistán

GINEBRA (28 de febrero de 2024) – Estamos consternados por la ejecución pública de tres personas en estadios deportivos de Afganistán la semana pasada. Las ejecuciones, realizadas en las ciudades de Ghazni y Sheberghan, se efectuaron en presencia de miembros de un tribunal de facto y otros funcionarios, así como de un público numeroso. Según se informa, los condenados fueron ultimados a tiros.

Desde que los talibán llegaron al poder en agosto de 2021, cinco personas han sido ejecutadas públicamente de conformidad con decisiones adoptadas por un sistema judicial de facto y aprobadas por la dirigencia talibán. Las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano y degradante. Además, ese tipo de ejecuciones son también arbitrarias por naturaleza y contrarias al derecho a la vida protegido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual Afganistán es Estado Parte. Esas ejecuciones deben cesar de inmediato.

Las autoridades de facto siguen aplicando normas judiciales que aprueban el castigo corporal en público. El 25 de febrero, en Laghman, en el este del país, un hombre y un niño de 12 años fueron azotados en público por un delito de inmoralidad, en presencia de funcionarios de facto. Ese mismo día, en la provincia de Balkh, en el noroeste del país, una mujer y un hombre convictos de adulterio y abandono del hogar recibieron 35 latigazos en público. Los castigos corporales también constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante que está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Habida cuenta de estas graves preocupaciones, instamos a las autoridades de facto a que dicten de inmediato una moratoria de toda ejecución futura y que procedan con celeridad a prohibir totalmente la pena capital. También deben cesar los castigos corporales. En general, exhortamos a las autoridades de facto a que garanticen el respeto cabal del debido proceso judicial y los juicios justos, en particular mediante el acceso a la asistencia letrada, para cada persona sujeta a una imputación penal.