Lamentamos las ejecuciones por parte de las autoridades iraníes de un niño de 17 años y de un hombre de 22 años de edad, ocurridas el 24 de noviembre de 2023.

La ejecución de Hamidreza Azari, quién fue acusado de asesinato, supone la primera ejecución conocida de un supuesto menor delincuente en Irán este año. Recordamos a las autoridades iraníes su obligación, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, de prohibir las condenas a muerte y su ejecución por delitos cometidos por personas menores de 18 años.

También nos preocupa la ejecución, el mismo día, de Milad Zohrevand, de 22 años de edad, la octava persona en ser ejecutada en el contexto de las protestas de septiembre de 2022. La información que tenemos disponible indica que este juicio careció de los requisitos básicos de garantías procesales conforme a la normativa internacional de derechos humanos. También existe información preocupante que señala que los padres de Zohrevand fueron detenidos tras su ejecución.

Irán es uno de los países con cifras más elevadas de aplicación de la pena de muerte, en especial por delitos relacionados con drogas.  Las minorías continúan también siendo condenadas a muerte de forma desproporcionada.

Instamos al gobierno iraní a detener de forma inmediata la aplicación de la pena de muerte y a establecer una moratoria sobre su uso. Hasta ese momento, la pena de muerte debe ser impuesta exclusivamente para aquellos crímenes de máxima gravedad, lo que se interpreta como delitos de extrema gravedad que hayan ocasionado la muerte de forma deliberada y directa. También apelamos al Gobierno a dejar de utilizar procedimientos penales para castigar a activistas políticos y otras personas por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.