Irán - preocupación por el Proyecto de Ley sobre Castidad y Uso del Hiyab

Lamentamos profundamente la aprobación por el parlamento de Irán del nuevo Proyecto de Ley sobre Castidad y Uso del Hiyab, el cual amplía extensivamente las penas de prisión y establece sanciones muy severas para aquellas mujeres y niñas que no obedezcan el código de vestimenta obligatorio. En ese contexto, el Proyecto de ley también castiga ciertas nociones vagas de promoción de la «desnudez» o la «indecencia». El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, reitera que este proyecto de ley draconiano se burla de forma flagrante del derecho internacional, y que por tanto debe quedar archivado.

En virtud de este nuevo y más estricto proyecto de ley, el cual se encuentra ahora en la última fase de examen por parte del Consejo de Guardianes, aquellas mujeres que desacaten el estricto código de vestimenta islámica del país acerca de prendas para cubrir la cabeza y la obligación de llevar vestimenta modesta se arriesgan a penas de hasta 10 años de prisión. Conforme a este mismo proyecto de ley, aquellas mujeres que lo infrinjan podrían ser también azotadas, además de multadas con hasta 360 millones de riales iraníes (7.986,22 €). También se exponen a restricciones para viajar y a privación de acceso a Internet. En virtud de la legislación anterior, este tipo de delito conllevaba una pena de prisión de hasta dos meses, o una multa de hasta 500.000 riales iraníes (11,09€).

El decreto, cuyo nombre completo es el Proyecto de Ley para Apoyar a la Familia mediante la Defensa de la Cultura de la Castidad y el Uso del Hiyab, es represivo y degradante al mismo tiempo. Las mujeres y las niñas no pueden ser tratadas nunca como ciudadanas de segunda clase. Las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir, de forma equitativa, con los derechos de todos y todas los y las iraníes.

Nuestra Oficina apela a las autoridades iraníes a adoptar los pasos necesarios para eliminar esta y cualquier otra forma de discriminación basada en el género, además de a derogar todas las leyes y prácticas asociadas.

También hacemos un llamamiento a las autoridades a abolir todas las normativas y procedimientos que permitan la vigilancia del comportamiento específico de mujeres en público, y a incorporar leyes y políticas que permitan a las mujeres y niñas ejercer sus derechos humanos, incluyendo su derecho a participar de forma plena en la vida pública, sin miedo a represalias o a discriminación.