Señora Presidenta,

Miembros del Consejo,

Este debate abierto es una excelente oportunidad para reflexionar y actuar sobre la grave situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, máxime cuando estos son el sustento de la paz y la seguridad, la acción humanitaria y el desarrollo.

Un sufrimiento humano de tal escala y magnitud genera inestabilidad a nivel interno y conlleva implicaciones más amplias. Pocas veces ha estado la RPDC tan dolorosamente cerrada al mundo exterior como hoy. Este es el resultado de las políticas gubernamentales vinculadas inicialmente a la contención de la pandemia de la COVID-19, pero que se han extendido aún más a medida que la pandemia ha ido remitiendo.

La información recopilada por mi oficina, incluso a través de entrevistas y de la información pública emitida por el propio Gobierno, indica una creciente represión de los derechos a las libertades de expresión, privacidad y movimiento; la persistencia de prácticas generalizadas de trabajo forzoso; y un empeoramiento de la situación de los derechos económicos y sociales como consecuencia del cierre de mercados y otras formas de generación de ingresos.

Cualquier persona que vea la llamada «ideología y cultura reaccionarias» (término utilizado para la información procedente del extranjero, en particular de la República de Corea) puede enfrentarse ahora a penas de prisión de cinco a quince años, y cualquier persona a la que se descubra distribuyendo tales contenidos se enfrenta a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.

Un sistema de permisos de viaje permite al Estado controlar todos los desplazamientos dentro del país. Por infringir las órdenes de viaje, se imponen penas de prisión de hasta tres meses sin juicio y en un campo de trabajo estatal.  Tras el cierre de las fronteras del país en respuesta a la pandemia, se ordenó explícitamente a los guardias fronterizos que emplearan fuerza letal contra las personas que se acercaran a la frontera sin previo aviso. Desde el cierre de la frontera, solo un puñado de personas ha conseguido salir de la RPDC.

La imposición generalizada de trabajos forzosos por parte del Estado ha continuado durante los recientes cierres de fronteras.  Según nuestra información, las instituciones estatales han seguido recurriendo a la movilización forzosa de hombres y mujeres, sin remuneración, para mantener el funcionamiento de sectores clave de la economía, como la construcción, la minería y la producción agrícola.

Esta prolongada e inquietante práctica de movilización forzosa se ha extendido a los niños, según lo observado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

En las entrevistas, varios hombres enviados a trabajar a otros países con el fin de generar ingresos para el Estado describieron condiciones que equivalen a trabajos forzosos. Estos incluyen una amplia vigilancia; trabajos físicamente extenuantes y a veces peligrosos; medidas mínimas de salud y seguridad; largas jornadas laborales sin descansos ni vacaciones; y una remuneración insuficiente, ya que la gran mayoría de su salario se lo queda el Estado.

En el país, se han cerrado en gran medida los mercados y otros medios privados de generar ingresos, habiéndose penalizado cada vez más dicha actividad.  Esto limita drásticamente la capacidad de las personas para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Dados los límites de las instituciones económicas estatales, muchas personas parecen enfrentarse a una hambruna extrema, así como a una gran escasez de medicamentos.

En marzo de 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación observó que «una gran parte de la población padece bajos niveles de consumo de alimentos y escasa diversidad dietética, y se prevé que la seguridad alimentaria siga siendo frágil a la luz de las persistentes limitaciones económicas y carencias agrícolas». Hay informes sobre la existencia de hambruna en algunas partes del país.

Las autoridades reconocen algunas de las problemáticas y han indicado que están abiertas a la cooperación internacional para abordarlas.

Sin embargo, hasta la fecha, las ofertas de ayuda humanitaria han sido en gran medida rechazadas o imposibilitadas por el cierre de las fronteras. Los actores humanitarios internacionales, incluido el Equipo en el País de las Naciones Unidas, siguen teniendo prohibida la entrada al país, junto con casi todos los demás ciudadanos extranjeros.

Señora Presidenta,

Si bien es cierto que los ciudadanos de la RPDC han soportado en el pasado graves periodos de dificultades económicas y, en otras ocasiones, una gran represión de sus derechos, en la actualidad parecen estar sufriendo ambas circunstancias.

Según nuestra información, las personas están cada vez más desesperadas a medida que se desmantelan los mercados informales y otros mecanismos de supervivencia, al tiempo que aumenta su temor a la vigilancia, el arresto, el interrogatorio y la detención por parte del Estado.

Esta situación se produce tras décadas de violaciones crónicas de los derechos humanos, algunas de las cuales han sido reconocidas por el Gobierno.  Además, fueron catalogadas en detalle por la Comisión de Investigación que recibió el mandato del Consejo de Derechos Humanos hace una década, y cuyo informe pionero contribuyó a la creación de este punto del orden del día. Recientes informes del Secretario General a la Asamblea General, informes de mi Oficina al Consejo de Derechos Humanos, y la labor realizada por el Relator Especial se han sumado a esta letanía de sufrimiento.

La vigilancia del Gobierno sobre sus ciudadanos, dentro y fuera del país, ha crecido hasta una intensidad pocas veces vista en otros países. El derecho a la privacidad de las personas se viola de forma sistemática. Los domicilios son objeto de registros aleatorios. Se anima a los vecinos y familiares a que se denuncien mutuamente.

Los castigos por infracciones, incluso menores, pueden ser severos y llegar a constituir graves violaciones de los derechos humanos. El ejercicio de los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión, reunión pacífica y asociación puede sancionarse con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa en una de las prisiones políticas del país u otras medidas punitivas gravemente desproporcionadas.

En los últimos 70 años, el Estado ha perpetrado miles de desapariciones forzadas, incluidas las de coreanos del norte y el sur de la zona desmilitarizada de Corea, y el secuestro de otros extranjeros, en su mayoría japoneses. Me solidarizo profundamente con las familias de quienes fueron secuestrados o desaparecieron y que ahora tienen o tendrían entre 80 y 90 años. Es imperativo que hagamos todo lo posible para que se haga justicia antes de que sea demasiado tarde.

Esta misma consideración se extiende al plan de reagrupación familiar transfronterizo Norte-Sur que ha dado esperanza y una conexión profundamente valorada a decenas de miles de familias separadas. Este plan se encuentra paralizado de manera cruel desde 2018 debido a las tensiones políticas.

La depuración de responsabilidades es esencial para todas las víctimas de las numerosas violaciones y crímenes cometidos durante décadas en y por la RPDC. En ausencia de medidas significativas hacia este objetivo por parte de las autoridades del Estado, animo a que otros estados miembros o los foros internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, emprendan acciones al respecto.

También deben considerarse formas no judiciales de depuración de responsabilidades, como el relato de la verdad, la recuperación de restos mortales y los programas de reparación, especialmente solicitados por las víctimas durante las consultas que mis colaboradores mantuvieron en Seúl.

Mientras tanto, nuestra presencia en Seúl sigue vigilando y documentando las violaciones de los derechos humanos en la RPDC y explorando vías para la depuración de responsabilidades, al tiempo que preserva la información que pueda utilizarse para este fin en un depósito central.

Señora Presidenta,

Se calcula que miles de norcoreanos y norcoreanas se encuentran actualmente en peligro de repatriación involuntaria a su país de origen, donde podrían ser sometidos a torturas, detenciones arbitrarias u otras violaciones graves de los derechos humanos.  La precaria situación de los derechos humanos que acabo de describir significa que tienen una necesidad innegable y apremiante de protección internacional. Por lo tanto, insto a todos los estados a que se abstengan de repatriar por la fuerza a los norcoreanos y las norcoreanas y a que les proporcionen la protección y el apoyo humanitario necesarios.

La persistencia de violaciones graves, generalizadas y prolongadas de los derechos humanos en la RPDC no puede considerarse al margen de las cuestiones de paz y seguridad en la península y la región en general.

Muchas de las violaciones que he mencionado se derivan directamente de la creciente militarización de la RPDC o la apoyan.  Por ejemplo, el uso generalizado del trabajo forzoso, incluido el trabajo en campos de prisioneros políticos; la utilización forzosa de niños en edad escolar para recoger cosechas; la obligación de que las familias realicen trabajos forzosos y entreguen una cuota de bienes al Gobierno; y la confiscación de los salarios de los trabajadores en el extranjero, apoyan el aparato militar del Estado y su capacidad para fabricar armas.

La Carta de las Naciones Unidas deja claro que las violaciones de los derechos humanos de este orden son motivo de preocupación internacional.

La paz sostenible solo puede desarrollarse con la promoción de los derechos humanos y sus corolarios: reconciliación, inclusión y justicia.

Los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas proporcionan un marco común para identificar los problemas, abordar los desacuerdos y medir los avances, contribuyendo así a reducir las tensiones dentro de los estados y entre ellos.

En el pasado, la RPDC participó activamente en varios de estos mecanismos, a pesar de sus críticas a diversos aspectos de su labor. Lamentablemente, el país en los últimos años se ha aislado de estas fuentes de diálogo y orientación tan necesarias. Mi Oficina sigue animando al Gobierno a responder positivamente a mi oferta de asistencia técnica.

El próximo Examen Periódico Universal del país, en noviembre de 2024, ofrece una oportunidad para el compromiso, el fomento de la confianza y el progreso.

También confío en que el país vuelva a abrirse al mundo y allane el camino para otras formas de interacción con las Naciones Unidas.

El regreso del Equipo en el País de las Naciones Unidas a Pyongyang y la formalización de un nuevo marco de asociación serían cruciales para avanzar en el trabajo coordinado que haga frente al sufrimiento de la población de la RPDC.

En el espíritu del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, insto a las autoridades a entablar un diálogo constructivo y a restablecer las tan necesarias libertades como base de una paz duradera.

Gracias, Señora Presidenta.