Actualización sobre Venezuela por el Alto Comisionado Türk

Declaración de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados

En este día en que los venezolanos y las venezolanas conmemoran su independencia, reconozco el compromiso de Venezuela con mi Oficina, el cual en sí mismo es una señal importante.

Las autoridades siguen facilitando las visitas a los centros de detención civiles y las entrevistas con las personas detenidas por mi equipo. El mes pasado, mi personal también pudo visitar dos centros de detención militares.

 Además, mi equipo tuvo acceso a 13 expedientes de la fiscalía y tres audiencias judiciales, y mantuvo intercambios directos con los fiscales sobre casos y cuestiones identificados por mi Oficina, ampliando el compromiso con el Ministerio Público a nuevas áreas de cooperación. Esto ha permitido formular recomendaciones precisas para una mayor adecuación de las investigaciones y los juicios a las normas internacionales de derechos humanos.

El Ministerio Público también acordó desarrollar un protocolo para la investigación de asesinatos por razones de género, o feminicidios, atendiendo a una importante recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Aliento a que se adopten nuevas medidas para promover los derechos de las mujeres, incluso mediante la modificación de la legislación restrictiva sobre el aborto.
Tomo nota con aprecio la sentencia de marzo de 2023 del Tribunal Supremo de Justicia que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en el Código de Justicia Militar, y aliento que se tomen medidas adicionales para promover los derechos de las personas LGBTIQ+.
También observo que el mes pasado, en un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas, Venezuela firmó un Memorando de Entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para establecer una presencia en el país.

Señor Presidente,
El número de muertes documentadas a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo.

Informes oficiales indican que, en 2022, 362 funcionarios fueron acusados y 47 condenados por tortura y malos tratos. La Oficina ha recibido información sobre otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas y sus representantes desde 2018, e insto a las autoridades a garantizar un seguimiento adecuado, sin excepción y con total transparencia.

Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las protestas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. Además, de las 101 muertes que mi Oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho han sido llevadas a juicio.

Repito mi llamamiento para que se libere a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluidas 16 personas  cuyas detenciones han sido consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; y las personas cuya detención preventiva ha superado el límite legal.

Me preocupa el caso de Javier Tarazona, un destacado defensor de los derechos humanos que ha estado detenido durante dos años y que, según los informes, se encuentra en mal estado de salud. Su juicio está en marcha.

Insto a que se resuelvan estas cuestiones y se apliquen plenamente otras recomendaciones contenidas en mi informe para acelerar los esfuerzos para establecer una administración de justicia eficaz, imparcial e independiente. Mi Oficina está disponible para apoyar esta labor.

Señor Presidente,

Es importante que las autoridades implementen nuestras recomendaciones sobre el pleno disfrute del espacio cívico. La Oficina ha documentado amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, miembros de partidos de oposición y otras voces disidentes, incluidos 67 incidentes en los que presuntamente estuvieron involucrados funcionarios del Estado. Mi Oficina también ha documentado 17 casos de procedimientos judiciales indebidos y detenciones arbitrarias. El número de estos incidentes ha disminuido con respecto al año anterior, pero sigue siendo preocupante.

Las restricciones a la información pública, así como a las libertades de opinión y expresión, también son preocupantes. Entre ellas figura el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. La Oficina sigue documentando casos de restricciones indebidas al registro de ONGs que trabajan en temas de derechos humanos.

En estas y otras áreas, es necesario reformar la legislación para armonizarla con las normas internacionales, a fin de fortalecer la libertad de asociación mediante un entorno propicio para la participación de las asociaciones cívicas en la vida pública.

Señor Presidente,
Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia. Las alegaciones sobre obstáculos a la libre participación en los asuntos políticos, incluida la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición para ocupar cargos, deben abordarse con carácter de urgencia. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.

Durante el período que abarca el informe han continuado las protestas, a menudo centradas en reivindicaciones de derechos económicos y sociales, así como mejores condiciones de trabajo y salarios.

La detención el mes pasado de dos dirigentes sindicales de la empresa siderúrgica estatal SIDOR en el estado de Bolívar, acusados de incitación al odio, asociación criminal y boicot, es uno de varios casos preocupantes. Otro es el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales.

Todos los venezolanos y las venezolanas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Hago un llamamiento al Gobierno y a las organizaciones de empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores.

Sigo preocupado por la supuesta criminalización, por las amenazas e incluso asesinatos de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra o denunciar la corrupción. Se necesitan medidas para proteger a estos líderes rurales e investigar todos esos presuntos delitos.

También continuamos documentando amenazas e intimidación por parte de grupos armados y criminales no estatales contra defensores indígenas que protegen su territorio del narcotráfico y la minería. Los esfuerzos para contrarrestar estas actividades deben estar en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y estar acompañados de medidas para mejorar los medios de vida de las personas afectadas. Existe una clara necesidad de reactivar el proceso de demarcación de los territorios indígenas, con énfasis en la autodemarcación. Saludo los compromisos para mi Oficina y el Ministerio de Pueblos Indígenas en trabajar conjuntamente para la realización de los derechos de los pueblos indígenas.

Señor Presidente,

Las sanciones sectoriales continúan exacerbando los desafíos de derechos humanos del país y afectan los derechos de los venezolanos y las venezolanas, incluido su acceso a medicamentos y atención médica adecuada. Es necesario levantarlas.

Es importante apoyar todos los esfuerzos conducentes al diálogo inclusivo y efectivo entre los venezolanos y las venezolanas. Aliento la implementación rápida y completa de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, incluido el acuerdo de Mesa Social, que fue alcanzado en noviembre del año pasado. Reconstruir la confianza y un contrato social cohesivo para el futuro es el camino a seguir.

Gracias.